DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Fiscalía imputa a exalcalde de Manaure por corrupción

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Davis Díaz Rivera exalcalde de Manaure, la Guajira y Angélica Manotas Moscote exsecretaria de Salud del municipio fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Adicionalmente, a Manotas Moscote le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público.

Lo anterior, de acuerdo con la Fiscalía, porque la administración municipal suscribió un contrato con la IPS Sol Wayúu por 8.000 millones de pesos, para ayudar a niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo, por un término de cinco meses.

Esto tras el fenómeno del niño ocurrido en la región a mediados de 2015 que provocó declarar la calamidad pública en el municipio de Manaure, para evitar la mortalidad infantil en comunidades indígenas asentadas en zonas desérticas.

Sin embargo, la mayoría de la población nativa no fue beneficiada, según la Fiscalía, porque se habrían presentado una serie de irregularidades, como que la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas (compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos).

Además, la IPS no tenía la autorización de la Secretaría de Salud (la misma entidad contratante) para ejecutar actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos.

La Fiscalía agregó que “para asegurar su actividad ilícita, los hoy imputados al parecer contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos. En algunos casos, se habrían facturado sueldos de especialistas por $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías”.

Por último el ente acusador dijo que presuntamente se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; no se hizo entrega de medicamentos; el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600%; y que se facturó la contratación de traductores de lengua wayuunaiki, pero esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.

En total, con dichas irregularidades, los investigados habrían causado un detrimento patrimonial por una cuantía de $2.839 millones. Se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones.

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