DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

¿Son equiparables la indagación y la imputación de cargos?

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En cuestión de horas, la Corte Constitucional deberá zanjar el debate para definir el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien presentó una acción de tutela en contra de la decisión que tomó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que lo declaró formalmente imputado por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. 

En puntual, lo que deberá resolver la Corte, es si se puede asemejar una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, con una imputación de cargos, tanto para el caso del expresidente Uribe, como para cualquier otro ciudadano. Además, se realizará un debate sobre quién tiene la titularidad de la acción penal en Colombia, cuando, como en el caso de Uribe, un aforado renuncia a su cargo como Senador.

Si la Sala Plena de la Corte opta por conceder la tutela presentada por la defensa del expresidente, el caso seguiría en la Fiscalía en etapa de investigación, por lo que no sería necesario acudir a un juez para precluir la investigación y se puede archivar directamente el proceso.

Todo lo anterior, plantea un debate sobre los casos en que los aforados renuncian a sus cargos, para que sus investigaciones pasen de la Corte, a manos de la Fiscalía.

En términos jurídicos, se debate la aplicabilidad de dos leyes, la ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), y de la ley 600 de 2000, que fija las reglas para investigar congresistas y cual de ellas se debería aplicar en el caso de la renuncia del aforado.

Por ejemplo, en el caso de los exsenadores Álvaro Uribe y Richard Aguilar, acusados por distintos delitos, sus abogados coinciden en que, al renunciar al Senado, sus investigaciones deberían ser abordadas por el nuevo sistema penal acusatorio, pues de lo contrario, según señalan, se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

En el marco del debate, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo de primera instancia en el caso del exgobernador de Santander Richard Aguilar, y argumentó que, aunque la ley 600 de 2000 y la 906 de 2004 son diferentes, la legalidad de la diligencia está vigente.

Así mismo, que ambos sistemas penales son respetuosos de la Constitución y lo actuado bajo uno de ellos no puede considerarse per sé inconstitucional, ilegal o nulo, “cuando por circunstancias sobrevinientes se impone aplicar el otro procedimiento”.

La Corte añadió que “del mandato legal y de lo dicho por la jurisprudencia deriva que el interrogatorio realizado en la indagatoria de que trata la Ley 600 del 2000, se ponen de presente los hechos (que de necesidad son jurídicamente relevantes) y la imputación jurídica que corresponde a ellos. En el caso particular y concreto, las partes fueron insistentes en señalar que el funcionario judicial cumplió esas exigencias”.

Así mismo, la Corte indicó que “renunciar al fuero comporta el ejercicio de un derecho que, a la par, genera el cambio de sistema procesal, pero esto no puede constituirse en argumento jurídico para anular lo actuado previamente, porque lo tramitado al amparo de la Ley 600 siguió los parámetros constitucionales y legales”.

Para el abogado Fabio Humar, efectivamente hay similitudes entre las dos figuras, “ambas son el mecanismo de vinculación de la persona al proceso penal, y en ambas hay activación de los derechos del investigado”. No obstante, destaca dos diferencias importantes.

“En la indagatoria quien revisa la legalidad del proceso es el mismo que ha ordenado que la misma se surta, que es el fiscal. En la imputación es diferente: hay un juez de garantías. El estándar de conocimiento es diferente en ambos casos, siendo más exigente en la imputación, por lo que la misma es más garantista”, asegura.

Entre tanto, el abogado Marlon Díaz, dice se ha equiparado la indagatoria con imputación y la Corte ya ha dicho que ambos sistemas se ajustan a la Constitución, por lo que para él, este es un tema de legalidad “respetuoso de las garantías”.

Sin embargo, dice que la interpretación de la norma genera muchas dudas. “Estas dudas básicamente soportadas en que la indagatoria (ley 600), la manera como se vincula a una persona es a través de preguntas, para que la persona explique cuál fue o no su intervención o participación respecto a unos hechos o delitos por los cuales le formulan cargos, es decir, es un medio de prueba y medio de defensa… No ocurre lo mismo respecto a la ley 906, esta se realiza ante el juez y la persona no está obligada a romper su derecho a guardar silencio, aunque podría preguntársele si acepta los cargos… pero jamás está previsto para dar explicaciones ni para ser medio de prueba, es un acto de mera comunicación”.

Díaz asegura que “en el caso del expresidente, hoy en día la decisión en firme, los equipara. La Corte simplemente podría ratificar esa decisión, pero en el caso que la revoque podría tener una directa incidencia, no solo en la situación de Álvaro Uribe, sino respecto a la situación de cualquier aforado que se procese por ley 600 y al renunciar a su fuero pasa a ley 906”. /Colprensa

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