‘La fotomulta debe operar en sitios que ayuden para la seguridad vial del país’

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya dijo que la seguridad vial en el país está muy mal, porque el año pasado pese a la reducción del 4,8 % después de siete años de tener un crecimiento, siguen siendo muchos los muertos por siniestros viales.

 

‘La fotodetención debe dejar de ser una caja registradora de beneficio para los privados’, asegura el funcionario.

 

Hace tres meses, Alejandro Maya fue nombrado como director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), luego de haberse desempeñado como viceministro de Transporte. Desde entonces, su principal objetivo ha sido disminuir los índices de accidentalidad en las vías del país.

Aunque las cifras en el último año mejoraron, respecto con 2016, el funcionario considera que se debe seguir trabajando en las campañas de prevención para evitar que más personas pierdan la vida por la irresponsabilidad de los conductores en las carreteras colombianas.

 

En entrevista con HOY DIARIO DEL MAGDALENA y Colprensa, Maya habló sobre los cambios que se vienen para las fotomultas a nivel nacional, un proceso que incidirá de manera directa en la seguridad vial. Además, presentó un balance de la accidentalidad y sus principales actores.

 

El pasado 14 de enero venció el plazo que la Ley 1843 de 2017 le dio al Ministerio de Transporte y a la ANSV, para fijar los criterios técnicos de la instalación del sistema de fotomultas. ¿En qué va la reglamentación?

 

Nosotros tenemos listo el proyecto de fotomultas, justamente lo trabajé en el Viceministerio de Transporte y ahora está el nuevo viceministro revisando en detalle lo que podría ser la reglamentación. Yo espero que próximamente la cartera pueda estar adoptando esta reglamentación, que es muy oportuna, pertinente y necesaria para la seguridad vial.

Hoy la foto-detección es una herramienta tecnológica importantísima, pero está convertida en caja registradora en beneficio de privados, y lo que necesitamos es que sea un elemento necesario, importante, poderoso para la seguridad vial de los colombianos.

 

 ¿Qué parámetros se tendrán en cuenta para esta reglamentación?

 

El primero es el techo de la remuneración del privado. Hoy en Colombia los empresarios de las fotomultas se quedan con el 60 % o 70 % de lo que paga el ciudadano, por eso la reglamentación va a tener incorporado lo que se establece en la ley, donde esta remuneración no puede ser más allá del 10 %, es decir, se les acaba el negocio de las fotomultas.

 

Los lugares donde son instaladas las cámaras ha sido otra de las polémicas en el tema…

 

Precisamente, ese es el segundo parámetro. Las fotomultas tienen que estar instaladas en sitios donde aporten a la seguridad vial, no en los sitios donde recauden. Lo ideal es que estén donde realmente se puedan presentar accidentes y para eso tendrán que pedir autorización al Ministerio de Transporte y a la ANSV para su instalación. 

 

Además, como tercer parámetro, deberán estar señalizadas a 500 metros. Nosotros no necesitamos que las fotomultas recauden recursos, lo que nos interesa es que si está instalada en un sitio que representa peligro de accidente, pues lo mejor es señalizarlas con el ánimo de que los ciudadanos tomen todas las precauciones al momento de pasar por ese sitio.

 

Muchos conductores se quejan de la medición de estos dispositivos. ¿Qué se está haciendo para que esto sea más transparente?

 

Frente a eso se está trabajando en el cuarto parámetro, donde los dispositivos deben estar calibrados, porque hoy en día cualquier fotomulta dice que uno va a 60 kilómetros y hay que creerle, no hay ningún tipo de laboratorio que acredite que efectivamente está calibrado, ni siquiera el Instituto Nacional de Metrología.

Y por último, un tema muy importante y es que los organismos de tránsito deben desarrollar diferentes esquemas para que los colombianos se puedan defender y realizar todo el debido proceso a través de cualquier medio tecnológico y no tengan que volver al lugar de origen, donde muchas veces estaba de paseo, por lo que prefieren pagar el comparendo y no defenderse, ya que les sale más costoso.

 

En 2017 Colombia registró 6479 víctimas fatales en accidentes de tránsito

 

¿Para qué fecha estará lista la reglamentación?

 

Esa es una respuesta que puede dar con mayor precisión el Ministerio de Transporte, pero yo creo que en las próximas semanas será pública la resolución. El viceministerio viene trabajando en ello de manera muy acelerada para poder resolver algunas inquietudes que se presentaban frente al borrador de reglamentación, que incluso se publicó en la página web del Ministerio.

 

SEGURIDAD VIAL

Cambiando de tema ¿cómo está Colombia en materia de seguridad vial?

 

Muy mal, porque el año pasado pese a la reducción del 4,8 % después de siete años de tener un crecimiento, siguen siendo muchos los muertos por siniestros viales. En 2017 tuvimos 6479 víctimas fatales y eso debe llamar la atención de todos los colombianos frente a la necesidad de desnaturalizar esta situación y, por supuesto, poder generar conciencia sobre los impactos negativos que nos está dejando.

 

¿Cuál fue la región con mayor accidentalidad?

 

El departamento de Antioquia fue el que volvió a presentar más índices de muertes por accidentes de tránsito. El año anterior cerró con 938 casos, es decir, 79 casos adicionales a los que se registraron en 2016. Es por eso que conjuntamente con el Gobernador, el alcalde de Medellín y los diferentes alcaldes del departamento debemos realizar un plan de intervención rápido, que permita salvar vidas, porque esta región está ocupando el primer lugar y eso tiene que ver mucho con el nivel de motorización.

 

¿Cuáles son los vehículos de mayor accidentalidad?

 

El 50 % de las fatalidades que se dan en Colombia corresponden a usuarios de la motocicleta, y cuando hablamos de usuarios nos referimos también a los acompañantes. El segundo actor más vulnerable son los peatones, con un 27 %, un poco menos de esa mitad de peatones son también atropellados por motociclistas, es decir, que la mayoría de muertes por siniestros viales corresponde al uso de estos vehículos.

 

¿Se deben tomar medidas adicionales para las motos, teniendo en cuenta que son los principales actores?

 

Hoy lo que uno debería recomendarles a los colombianos es que no hay que esperar a que salga una resolución para que compren y adquieran elementos técnicos que puedan proteger su vida en el momento de un impacto. Por eso es que decimos que no compren cascos de cascara de huevo, que probablemente lo que hacen es salvarlos de un comparendo, pero no les va a salvar la vida.

Decimos que deben adquirir elementos técnicos que protejan la vida en la vía, pero como no todos lo hacen, el Gobierno Nacional viene adelantando conjuntamente con los ministerios de Transporte y de Comercio, y las diferentes consultas internacionales ante la OMC, reglamentos de cascos que se puedan implementar en Colombia para proteger la vida.

 

Por estos días se ha debatido sobre la restricción del parrillero hombre en motos superiores a 125 centímetros cúbicos en Bogotá. ¿Está medida disminuirá la accidentalidad?

 

Nosotros como agencia apoyamos la medida que el alcalde Enrique Peñalosa viene estableciendo en la ciudad, porque vemos que no solo va a tener beneficios desde la seguridad ciudadana, sino que también puede tener beneficios desde la seguridad vial. Es una medida temporal donde también nos va a dar la posibilidad de utilizarlo como laboratorio para entrar a establecer cuáles van a ser los indicadores frente a los muertos por accidentes en Bogotá a causa de la motocicleta.

 

¿Quiénes se accidentan más, hombres o mujeres?

 

El perfil del colombiano que está muriendo en carretera es el de hombres jóvenes. De las 6479 personas que murieron el año pasado, el 82 % correspondían al género masculino, eso no quiere decir que las mujeres sean inmunes, también deben tener todo el cuidado. Además, la mitad tenían entre 18 y 39 años de edad.

 

¿Cuáles son las causas de estos siniestros?

 

Cerca del 82 % de los accidentes de tránsito se vienen dando por fallas en el comportamiento vial que se expresan en conducir a mayor velocidad de la que está permitida, no respetar las señales de tránsito ni a la autoridad en vía pública, adelantar en doble línea, consumir licor en el momento en que se está conduciendo un vehículo, por lo que serían cientos o miles de muertes que nos podríamos ahorrar en la medida que tuviéramos un comportamiento adecuado frente a las normas que hoy existen.

 

¿Cómo controlar la velocidad en las vías?

 

Lo que establece la ley en Colombia es que el límite de velocidad lo fijan las señales de tránsito que estén establecidas en cada una de las vías, es por eso es que hay carreteras en las que exclusivamente se puede manejar sobre 40 o 50 kilómetros, pero hay otras en las que pueden llegar hasta 50 o 100 kilómetros, pero deberá la vía definirlo con cada una de las señales de tránsito establecidas.

 

¿Sí se está sancionando a los infractores por velocidad?

 

En el Código Nacional de tránsito se han establecido una serie de sanciones por causas como ir conduciendo un vehículo borracho hasta estacionar en sitio prohibido. Principalmente nuestras sanciones son comparentes y justamente el comparendo más recurrente en 2017 fue por conducir vehículos que estaban por encima de las velocidades señaladas en cada una de las vías.

Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que respeten esas señales en las vías, porque finalmente estas tienen unos diseños, unos parámetros, con el fin de que podamos proteger la vida en un momento determinado.

TRAMITADORES 

Otro tema que incide mucho en la accidental es la expedición de las licencias sin los mínimos requisitos para conducir. ¿Aún hay tramitadores en las escuelas de enseñanza?

 

Claro, hay bandas de tramitadores que están atentando contra la seguridad vial de los colombianos, personal inescrupuloso que expide a domicilio las licencias de conducción sin que los motociclistas vayan a realizar los cursos, tal como lo establece la ley, y eso impacta en los índices de seguridad vial en la medida en que quien conduce un vehículo no tiene la pericia necesaria para hacerlo.

 

¿Cómo se está vigilando a las escuelas de conducción?

 

El país tiene un poco más de 500 o 600 escuelas de enseñanza, la Superintendencia de Puertos y Transporte acaba de incorporar un elemento muy importante que es el Sistema de Vigilancia y Control a los centros de enseñanza automovilística (Sicop) en Colombia, con el fin de garantizar varias cosas.

La primera de ellas es que efectivamente el que está asistiendo a un curso de enseñanza sea quien dice ser el aspirante a obtener una licencia de conducción. En segundo lugar, que efectivamente realice toda la jornada de capacitación, tanto teórica como práctica, para la obtención de la licencia. Anteriormente, lo que se venía dando es que distribuían a domicilio los certificados, simplemente algunos centros de enseñanza certificaban que las personas habían realizado los cursos, cuando eso en efecto nunca había ocurrido.

 

¿Qué hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial para prevenir eso?

 

Conjuntamente con el Ministerio de Transporte, Policía Judicial y la Dirección de Tránsito y Transporte estamos adelantando diferentes campos de acción que nos permitan seguir capturando estos delincuentes que atentan contra la seguridad de los colombianos y, como lo viene anunciando la Superintendencia, se vayan cerrando brechas a la corrupción de los tramitadores.

 

¿Qué lleva a que una persona no realice el curso legalmente?

 

Muchas personas se excusan del tiempo del curso, diciendo que ha aumentado, pero eso no es así.  Los cursos van entre 35 y 65 horas de capacitación, dependiendo de la licencia de conducción a la cual esté aspirando, entonces se descarta el tiempo, por lo que para nosotros muchas personas lo que quieren es una licencia instantánea, sin pensar en el riesgo que eso conlleva. Por eso nosotros hemos venido endureciendo los controles a los centros de enseñanza, para que efectivamente ellos enseñen y capaciten las horas que están establecidas en esa resolución del año 2009./Colprensa