DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Avanza el proceso contra el exgobernador de Magdalena en la Corte

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La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia avanza en el proceso que se sigue en contra del exgobernador de Magdalena, Omar Diazgranados, investigado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Diazgranados, según la investigación, causó corrupción en contratos de kits escolares y por eso, el magistrado Jorge Caldas, le sigue la pista a cuatro de estos contratos, por un valor superior a los 5 mil millones de pesos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los contratos se firmaron entre 2008 y 2009 con la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones Baldo y con la Fundación para el Desarrollo del Sur de Fundesur. La Fiscalía señaló que en ese momento, en la ciudad de Santa Marta, se tramitó la etapa precontractual y la celebración de los contratos en cuestión.

El primero de ellos, esto es, el nro. 125 de 2008, fue suscrito con la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones BALDO, por valor final, incluido su adicional de $4.134.960.500.

El segundo contrato, es decir, el 218 de 2009 fue celebrado con la misma fundación BALDO por valor total, incluido su adicional de $480.254.384.

Respecto al tercer contrato, el 571 de 2009, se advierte que fue suscrito con la Fundación para el Desarrollo del SUR FUNDESUR, el valor de este contrato fue de $1.029.508.660.

Finalmente, el contrato nro. 745 de 2009 también fue celebrado con la Fundación BALDO por valor de $2.829.357.000.

Según la Fiscalía, “los trámites precontractuales de los citados contratos, fueron realizados con inobservancia de los requisitos legales esenciales, respecto a: (1) la elaboración de sus estudios previos, sin soportes que explicaran la proyección del presupuesto oficial, las razones de escogencia de las bibliotecas y/o kits a adquirir, el tiempo de ejecución del contrato, entre otras deficiencias, (i) en el pliego de condiciones, se vislumbra direccionamiento en la escogencia del contratista”.

Y agrega, que la contratación, “carece de los sustentos técnicos y jurídicos que le son anejos, en todos los casos se observa improvisación, capricho y arbitrariedad; las observaciones presentadas no fueron atendidas objetivamente por la entidad territorial”.

La Fiscalía añade que en el contrato no se realizó un estudio serio y concienzudo de las propuestas presentadas y “conociendo todas estas irregularidades, se procedió adjudicarlos y a suscribir los contratos, sin supervisor alguno, y sin cláusula de indemnidad, y en la mayoría de los casos, los contratos no fueron liquidados”.

Así mismo, según la Fiscalía, “Baldo no tenía la capacidad para suministrar la dotación de los elementos y útiles requeridos en el objeto contractual, tuvo que recurrir a la compra de dichos elementos en establecimientos de comercio situados en ciudades de Barranquilla, Cali y Santa Marta”.

En medio de la última audiencia ante la Corte, en la que se pretendía realizar la formulación de acusación, se presentó otra situación que podría retardar un poco más el proceso, pues la Contraloría General de la República se declaró víctima en el proceso, petición que fue rechazada por la defensa del exgobernador y por la Procuraduría General de la Nación.

La Corte deberá tomar una decisión al respecto de la petición que elevó la Contraloría.

/Colprensa

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