Consejo Electoral esperar conformar 32 tribunales de garantías en todo el país

El magistrado Alexander Vega dijo que “los recursos ya se consiguieron, toca esperar que lo gire Hacienda para poderlos conformar, pero desde el año pasado que estuve como presidente se pidió el recurso y la planificación para los tribunales”.

 

Con el fin de tener el Consejo Nacional Electoral ojos y oídos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de este año para verificar que se cumplan las normas en materia de financiación de campañas y propaganda electoral, tiene previsto establecer tribunales de garantías y vigilancia electoral en los 32 departamentos del país. No obstante está a la espera de que el Ministerio de Hacienda confirme el presupuesto necesario para materializar esta iniciativa.

El magistrado Alexander Vega dijo que “los recursos ya se consiguieron, toca esperar que lo gire Hacienda para poderlos conformar, pero desde el año pasado que estuve como presidente se pidió el recurso y la planificación para los tribunales”.

Este año el Consejo Nacional Electoral ratificó la solicitud a la cartera de Hacienda y Crédito Público por cerca de $6 mil millones para implementar los 32 tribunales de garantías y vigilancia electoral en igual número de departamentos.

Sin embargo para la implementación de la medida, por lo menos en el tamaño que tiene previsto el Consejo Nacional Electoral hacer, hay que esperar cuánto aprueba el Ministerio de Hacienda del presupuesto solicitado.

En caso de que el Ministerio de Hacienda autorice un presupuesto inferior a los $6 mil millones solicitados, una fórmula intermedia a la que tendría que recurrir el Consejo Nacional Electoral sería instalar dichos tribunales solo en los departamentos del país que presenten, sobre el papel, mayor riesgo electoral con base en informaciones de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior e incluso la Misión de Observación Electoral (MOE).

La experiencia acumulada de anteriores comicios de carácter nacional enseña que el periodo preelectoral ofrece un alto riesgo de violación de la normatividad establecida en lo que tiene que ver con los topes de financiación de las campañas, así como el desarrollo de las mismas dentro de los tiempos y disposiciones sobre publicidad electoral.

Para las elecciones legislativas del año 2014 el Ministerio de Hacienda apropió recursos para el funcionamiento de 18 tribunales seccionales de garantías y vigilancia electoral en igual número de departamentos, para que funcionaran entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre.

El Consejo Nacional Electoral explicó en esa oportunidad que “teniendo en cuenta que actualmente la Corporación no cuenta con los recursos para constituir tribunales seccionales de garantías en los 32 departamentos y el Distrito Capital, es necesario priorizar los 18 departamentos en los cuales se presenta un mayor riesgo en la etapa preelectoral”.

La Ley 130 de 1994 establece que dentro del ejercicio de la función de vigilancia atribuida, el Consejo Nacional Electoral podrá constituir tribunales o comisiones de garantías o vigilancia, ordenar y practicar pruebas, revisar libros y documentos públicos y privados e inspeccionar la contabilidad de las entidades financieras.

Sin embargo de esa época a hoy, no obstante que el organismo en la mayoría de las elecciones que se han realizado ha implementado el mecanismo de los tribunales de garantías electorales, nunca han operado en los 32 departamentos del país más el Distrito Capital, precisamente por motivos de costos.

Para las elecciones de Congreso de la República de este año se han escuchado varias advertencias de la MOE acerca del incremento inusitado en la inscripción de cédulas en varias regiones del país, que en algunos casos supera incluso el número de habitantes.

La ONG alertó que el promedio de inscripciones se triplicó en 28 municipios, por lo cual indicó que hay riesgo de que se presente trashumancia de votos.

También la MOE ha expresado temores que en esta oportunidad se sobrepasen los topes de gastos de campaña fijados por el Consejo Nacional Electoral.

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