El Estado está en mora en pago de sentencias judiciales

La organización Conactivos, denunció que cientos de ciudadanos que han ganado sentencias judiciales y conciliaciones al Gobierno Nacional, están esperando los pagos correspondientes a su reparación como víctimas. 

Aseguran que, a pesar de que el Gobierno, a través del Decreto 960 del 22 de agosto de este año, solicitó una prórroga para poder pagar sus deudas hasta el 31 de octubre del año en curso, las víctimas de falsos positivos, de privación injusta de la libertad, lesiones a jóvenes que prestaron su servicio militar, entre otros, siguen esperando el dinero que les debe dar el Estado.

La organización señala que “las cuentas de cobro que acumula el Estado colombiano por el pago de reparaciones se remontan incluso al año 2014 y aunque el gobierno del presidente Iván Duque, incluyó el pago de sentencias en su Plan Nacional de Desarrollo (PND), no podrá ponerse al día con los beneficiarios de estas sentencias, si sigue postergando el concretar o implementar dicha medida, especialmente teniendo en cuenta que su periodo termina en agosto de 2022, lo que haría que las víctimas deban seguir alargando la espera para recibir finalmente el pago de su reparación».

Así mismo, aseguran que en el año 2020, en medio de la emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, la presidencia emitió varios decretos donde avalaba que las entidades hicieran una pausa en el pago de sentencias, “pero a pesar del regreso a la normalidad en la administración pública, muchas instituciones siguen presentando demoras o pausas alarmantes en los pagos”.

Para este año, las entidades que más acumulan deuda por pago de sentencias (con cifras aproximadas que incluyen intereses), son el Ministerio de Defensa, con 5,8 billones de pesos; la Fiscalía General de la Nación, con 2,6 billones; y la Policía Nacional, con 2,1 billones, según datos de la entidad.

Así mismo, aunque la ley determina realizar pagos en un tiempo no mayor a 18 meses, la realidad es que la espera se aleja ampliamente de esos términos, teniendo que pasar, en muchos casos, hasta más de 7 años para que las víctimas reciban su pago.

Para 2019, la deuda acumulada por sentencias y conciliaciones sobrepasaba los 10 billones de pesos, según la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.

De acuerdo con Alexa Estupiñán, abogada de Conactivos, se han generado muchas suspicacias entorno al proceso de pago que ha determinado el PND vigente y sus Decretos subsiguientes, porque se conocen unos pocos casos de ciudadanos a los que sí se les realizó el pago de manera ágil, mientras que otros beneficiarios, con turnos de pago más antiguos, todavía siguen esperando.

Así mismo, Laura Amézquita, directora comercial de Conactivos, explica que desde que el Estado expidió la normatividad para agilizar el pago de las sentencias en mora, con base en el PND, se les ha creado una falsa expectativa a los beneficiarios, porque «muchas entidades no la han podido incorporar en sus procesos, lo que tarde o temprano termina afectando la confianza en las instituciones y revictimizando a los beneficiarios».

Y añade que “el Estado nuevamente incumple a quienes, por acción o por omisión, no pudo proteger o cuidar, pues las personas siguen esperando la indemnización que compense, de alguna manera, el daño sufrido”./Colprensa