DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Derecho a un ambiente sano: recicladores y basuriegos

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Olvidan los gobernantes, especialmente los departamentales, distritales y municipales, respetar el derecho que tenemos todas las personas en Colombia, de gozar de un ambiente sano, y la  obligación que asumen  de resguardarlo y preservarlo, implementando políticas que prohíban y sancionen su vulneración o amenaza. No se trata simplemente de enunciados de campaña, sino de cumplir y garantizar todo un marco regulatorio, establecido desde nuestra Carta Política, que les permita a los ciudadanos disfrutar de un entorno sano y una mejor calidad de vida.

Uno de los factores que más viene influyendo en la degradación del medio ambiente y el entorno, lo representa la prestación del servicio público domiciliario de aseo y recolección de residuos sólidos en las ciudades, convertido en un verdadero dolor de cabeza, que viola de manera persistente algunos derechos fundamentales de las gentes.  En cada municipio o distrito, existe un modelo propio, a veces sui géneris, para la prestación de este servicio público a los asociados, especialmente la recolección de residuos aprovechables que se reciclan y se comercializan sin control de la autoridad y se vinculan nuevamente al proceso productivo y al consumo. La implementación de un modelo único y eficiente de contenerización, parece un sueño que todavía no se hace realidad, producto de la autonomía que genera la descentralización de servicios.

En muchas de nuestras ciudades, categorizadas o no, la labor de recolección se cumple a través de entidades contratadas, en las que los gobernantes seccionales descargan la responsabilidad de su manejo, generalmente deficiente y politizada. Como política del Gobierno nacional, en la Costa Atlántica, la recolección de los residuos o desechos  se hace a través de contenedores de color negro, que la entidad prestadora del servicio coloca a lo largo y ancho de las ciudades, en cada barrio, en cada cuadra, a merced de la falta de cultura de muchos usuarios y  sin prever los impactos negativos ambientales, que especialmente produce el vaciamiento hacia el carro recolector de los residuos, maniobra que   inunda  el ambiente y  penetra   inexorablemente el entorno  familiar.  La maniobra se parece mucho a la terrible contaminación que produce el embarque del carbón en los puertos costeros.

El destino final lo constituyen los famosos rellenos sanitarios, o botaderos a cielo abierto, que igualmente representan factores de descomposición ambiental.

Como consecuencia de este modelo de prestación del servicio domiciliario de aseo en nuestras ciudades, ahora nuestras calles son transitadas por recicladores que persiguen, seleccionan y comercializan los residuos que resulten aprovechables, para ganarse el sustento diario, en las condiciones más indignas que puede concebir el ser humano:  es la forma en que los gobernantes seccionales “garantizan” el derecho al trabajo y repagan el voto, violando la Constitución y la Ley.

Porque los recicladores de la ciudad, a pesar de que significan un factor positivo en el proceso, no tienen seguridad social, deambulan harapientos y discriminados por los barrios, con mujeres embarazadas de ayudantes, con niños, sin protección laboral alguna, discriminados por la sociedad y hasta señalados de que conforman preocupantes factores delincuenciales, informantes y actores de asaltos a viviendas.

No cabe dudas que, en algunas ciudades importantes de la Costa, nuestros gobernantes poco o nada han hecho para mitigar este flagelo de la discriminación que viven lo recicladores de la ciudad, organizarlos, carnetizarlos y atenderlos en sus necesidades básicas.   El ambiente sano es un derecho fundamental de los ciudadanos y los recicladores deben disfrutar de otro de igual entidad: el derecho a la dignidad humana.

*Abogado y profesor universitario. 

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