Programa de Alimentación Escolar pasa a  ´revisión profunda´: Santos

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Los numerosos casos de corrupción que se han presentado con el Programa de Alimentación Escolar han puesto en peligro que el mismo siga adelante.

 

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció ayer que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con el cual atiende desde hace siete años a la población escolar, entró en una “revisión profunda” para mejorarlo.

El anuncio lo dio mientras hizo una declaración sobre como arranca el año escolar público en el país, incluyendo a La Guajira, departamento del que sostuvo que nunca podría iniciar las clases a los niños y jóvenes a la par del resto del país.

“Fue hace ya siete años que decretamos la gratuidad en la educación del grado 0 al grado 11 y, al mismo tiempo, para aumentar la permanencia y combatir la deserción, articulamos el Plan de Alimentación Escolar (PAE) que permite la distribución de casi seis millones de raciones diarias de alimentos en todo el país”, indicó el mandatario.

En tal sentido dijo que “con relación al PAE, hemos venido acompañando las preocupaciones de los gobernadores porque reconocemos que este plan presenta problemas, y precisamente por eso decidimos someterlo a una revisión profunda con el objetivo de fortalecerlo”.

El presidente Juan Manuel Santos dijo ayer con relación al PAE, hemos venido acompañando las preocupaciones de los gobernadores porque reconocemos que este plan presenta problemas, y precisamente por eso decidimos someterlo a una revisión profunda con el objetivo de fortalecerlo”.

 

Santos recordó que para bajar la brecha educativa y mejorar las condiciones de la enseñanza, el presidente Santos informó que “para hacer realidad ese empeño, pusimos en marcha un plan nacional de infraestructura educativa que tiene como objetivo construir o contratar más de 30.000 aulas nuevas antes de terminar este año. 19.000 ya están entregadas o en construcción y 5000 más están en proceso de contratación. Las 6000 restantes estamos en la tarea de gestionarlas con recursos de las regalías”.

Respecto a La Guajira sostuvo que más de 250.000 niños y jóvenes iniciaron sus clases, “todos, por primera vez en la historia de Colombia –óigase bien, por primera vez– al mismo tiempo que los del resto del país ¿Qué pasaba antes en La Guajira? Que los estudiantes empezaban su año escolar muy tarde: en marzo, en abril, e incluso en mayo. Esto se debía, principalmente, a la corrupción. La corrupción llegó a tal extremo que los niños guajiros no sabían cuándo iban a tener clase, ni cuándo iban a terminar. Ese absurdo no podía seguir pasando y, por fortuna, lo estamos dejando atrás”

 

LA PELEA CON LOS DEPARTAMENTOS

Mientras tanto, sigue la pelea de los departamentos con el Ministerio de Educación Nacional. La titular de esta cartera Yanteh Ghia dijo que las gobernaciones deben asumir los costos del PAE en municipios no certificados, tal como ocurre por estos días. De esa manera, precisa la cartera, se garantizará la viabilidad del programa, que permite la distribución de más de 6 millones de raciones diarios de alimentos en colegios oficiales.

“Dada la magnitud del PAE, necesitamos el compromiso de todos los actores involucrados, para asegurar la alimentación de miles de niños y jóvenes al interior de las instituciones educativas”, expresó la ministra de Educación Yaneth Giha.

El pedido lo realizó después de proponer, durante una cumbre la gobernadores, la creación de un organismo que fije los lineamientos de la política sobre la operación del PAE. En dicha iniciativa se pretende establecer una articulación entre recursos de orden nacional y territorial para sostener el programa.

“Los invito a que sigamos trabajando de manera conjunta para buscar, cuanto antes, alternativas que nos permitan mejorar los procesos de planeación, contratación y operación del PAE y que las reformas necesarias se den como deben darse, garantizando el servicio de alimentación de los estudiantes. El PAE es responsabilidad de todos”, añadió Giha.

Esta es una semana decisiva para que el gobierno nacional responda la solicitud de los gobernadores de Colombia de asumir las responsabilidades de la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar-PAE en los municipios no certificados, que hoy tienen a cargo los departamentos.

 

Luego sostuvo: ´ “Los recursos públicos son sagrados, más los de la alimentación de los niños. Todo acto de corrupción contra ellos debe ser castigado y ojalá la ley actúe muy rápidamente. Hay que hacer lo que haya que hacer para que paguen”, dijo Giha.

La ministra explicó el programa es muy complejo, “sirve más de cinco millones de raciones al día, con dinero de la Nación y de los territorios, son muy complejas la contratación y la ejecución.

Ante eso, tenemos que pensar en otras soluciones, con más apoyo y más asistencia técnica”.

Agregó que “ara el futuro del programa, se debe pensar una reforma estructural, como crear una Agencia Nacional de Alimentos”.

La ministra de Educación dijo también que se han hecho auditorías y visitas técnicas, pero que se debe hacer más.

“En particular me he reunido con 23 gobernadores, analizando caso por caso, para hacer el mejor inicio posible en enero próximo, pero también hemos venido decidiendo cambios estructurales en el programa para 2018, orientados a priorizar mejor, a tener mejores procesos de contratación y a hacer diferenciaciones por cada zona de Colombia”

La petición de la Ministra no cayó nada bien entre los gobernadores, que inmediatamente sentaron su voz de protesta. Dilian Francisca Toro, mandataria del Valle del Cauca, solicitó al Gobierno nacional que sea directamente el Ministerio quien asuma de nuevo el manejo administrativo del Programa de Alimentación Escolar – PAE, dado que la nación no gira los recursos suficientes para ejecutar a cabalidad el Programa y lograr la cobertura que éste requiere.

“Primero, porque financieramente nos está cerrando porque el Gobierno Nacional no nos envía todos los recursos; segundo, porque la ejecución es difícil dado que son poblaciones dispersas y rurales y que solicitamos la suspensión de por lo menos una semana de la alimentación escolar, para que el Ministerio de Educación con la Procuraduría puedan lograr realizar cambios estructurales en la ejecución del PAE para así tomar definiciones”, dijo la Mandataria

 “Realmente las dificultades que hemos tenido son muy grandes; vamos a seguir cofinanciando el Programa, por supuesto, pero lo que hemos decidido es que sea el Ministerio de Educación quien lo opere o que si se llegan a algunos acuerdos esta semana, que es la semana donde se quieren hacer los cambios estructurales, pues ya miraremos” recalcó la Gobernadora.

Esta es una semana decisiva para que el gobierno nacional responda la solicitud de los gobernadores de Colombia de asumir las responsabilidades de la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar-PAE en los municipios no certificados, que hoy tienen a cargo los departamentos.

 “Le damos esta semana al Ministerio de Educación, acompañado por el Ministerio Público, por la Procuraduría, para que nos den solución sobre los lineamientos, la financiación de la alimentación escolar de los niños, porque definitivamente no nos están dando todos los recursos para financiarlo”, afirmó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

 

ALERTA DE LA PROCURADURÍA

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación alertó por los retrasos en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar –PAE- en 5 departamentos y 14 municipios, lo que pone en riesgo el acceso en condiciones de calidad al derecho a la educación de miles de beneficiarios.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional a la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia,    19 Entidades Territoriales Certificadas presentan problemas en los procesos de contratación de operadores para el suministro del complemento alimentario de los beneficiarios del PAE en las instituciones educativas oficiales.

Las demoras reportadas al 29 de enero se presentan en los departamentos de Amazonas (que aún no ha publicado pliego de condiciones), Arauca, Tolima, Valle y Sucre, y en 14 municipios certificados, algunos de los cuales se encuentran aún elaborando modificaciones a los estudios previos, como Montería, Sahagún, Armenia y Lorica.

Los otros municipios son Cúcuta, Sincelejo, Pitalito, Yopal, Quibdó, Villavicencio, Cartagena, Piedecuesta, Santa Marta y Tumaco.

El Ministerio Público identificó que se siguen presentando problemas de años anteriores en los procesos de contratación del PAE, como la demora en la publicación de los pliegos definitivos del proceso, la no contratación oportuna del equipo, los retrasos en la planeación de la operación e incluso la no definición de la  forma en la que va a operar el programa.

“Dada la magnitud del PAE, necesitamos el compromiso de todos los actores involucrados, para asegurar la alimentación de miles de niños y jóvenes al interior de las instituciones educativas”, expresó la ministra de Educación Yaneth Giha.

 

La Procuraduría, como parte del seguimiento preventivo que realiza al PAE, solicitó a los alcaldes y gobernadores de las 19 ETC la elaboración, de manera inmediata, de un informe sobre las acciones adelantadas para garantizar la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar.

La entidad hará seguimiento a las gestiones realizadas por las administraciones territoriales, para garantizar la adecuada operación del PAE.

Para el 26 de febrero se espera que el gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Educación, presente a la Procuraduría un nuevo modelo del PAE. En la primera semana de marzo las secretarías de salud departamental, municipal y distrital también deberán presentar el primer informe de inspección, vigilancia y control del Programa de Alimentación Escolar en materia de sanidad y salud pública. 

Finalmente, frente a los casos de presuntas intoxicaciones por el consumo de complementos alimentarios en mal estado en los municipios de Bucaramanga, Santander, y Ventaquemada, Boyacá, está a la espera de los reportes de las secretarias de salud municipales para determinar la causa de lo sucedido e iniciar las actuaciones respectivas.

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