Gobernador y alcaldesa piden la salida del Comandante de la Policía de Santa Marta

Esta semana la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión e intervino a la Essmar. Allí hizo presencia el Esmad de la Policía al mando del coronel Elkin Corredor.

Un grave deterioro de la institucionalidad quedó de manifiesto en el departamento del Magdalena, tras la evidente ruptura de las relaciones entre las autoridades administrativas de esta zona del país representadas por el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Jhonson con los dos comandantes de Policía; el de la Metropolitana, coronel Jesús De Los Reyes Valencia y la departamental, coronel Samir Pava. 

Pero los mandatarios fueron más allá y lanzaron una grave advertencia: ´Hoy no confiamos en la Policía y para recuperar esa confianza es necesario que se releve del cargo a uno de sus comandantes.´

El anterior análisis se concluye tras conocerse ayer una comunicación dirigida por los dos mandatarios al director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, en la que piden el cambio del comandante de la Metropolitana,  a quien acusan de desconocer las órdenes impartidas por ellos en la celebración de un Puesto de Mando Unificado, PMU, con ocasión de los hechos presentados en la empresa Essmar durante la toma e intervención de la misma por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

De esta manera queda confirmada la primicia de HOY DIARIO DEL MAGDALENA, que en su edición del miércoles informó y entregó reveladores detalles de las tres horas durante las cuales el coronel Elkin Corredor suplantó al Gobernador del Magdalena y la Alcaldesa de Santa Marta abrogándose funciones no asignadas por la Constitución ni la Ley, pero atendió un mandato superior en su cadena de mando.

Como se sabe, el coronel Corredor fue enviado por el general Vargas para que asumiera el control del orden público en la ciudad con ocasión de la intervención de la Essmar. El citado oficial llegó con órdenes precisas de reemplazar a los coroneles De Los Reyes y Pava, a quienes les dio las instrucciones de desconocer la autoridad y mandato tanto del Gobernador como de la Alcaldesa, por cuanto la autoridad en ese momento la representaba él por encargo del Gobierno nacional. Todas esas órdenes fueron verbales y ocurrieron para permitir que la Superservicios ingresara y tomara posesión de la Essmar.

GOLPE DE ESTADO A LAS FUNCIONES 

En la comunicación revelada por el gobernador Caicedo ayer a través de sus redes sociales, el mandatario no vacila en afirmar que lo ocurrido el día martes en esta ciudad fue ´un golpe de Estado a las funciones que emanan de su ejercicio como gobernador.´

“En calidad de gobernador rechazo la brutalidad policial y la violación de los derechos humanos, cometido por el Esmad en las instalaciones de la Essmar en Santa Marta. Acá lo que se dio fue un desacato y golpe de estado a nuestra función de autoridad de policía”, agregó en su oficio Caicedo.

Como se sabe, los coroneles De Los Reyes y Pava atendieron las instrucciones impartidas por quien fue mensajero de las mismas, el coronel Corredor y desatendieron los llamados de las dos autoridades que por mandato de la Constitución y de la Ley son los jefes de Policía tanto en el departamento como en el Distrito, pero además, encarnan la autoridad político-administrativa de cada ente territorial. El ejercicio y mando legal de esa autoridad fue desconocida, pero además, alguien usurpó el imperio de las mismas.

PIDEN LA CABEZA DEL COMANDANTE DISTRITAL 

Pero pese a señalar a los dos coroneles, De Los Reyes y Pava de haberles desconocido la autoridad como mandatarios, tanto el gobernador Caicedo como la alcaldesa Jhonson, solo pidieron la ´cabeza´ de uno de ellos: la del comandante de la Policía Metropolitana.

En su carta al director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, los gobernantes del Magdalena y Santa Marta acusan a los dos coroneles de desacatar sus órdenes de asistir a un PMU convocado por ellos, para tomar acciones por los enfrentamientos que se desarrollaban en la empresa de servicios públicos Essmar.

“Le solicitamos procesar las órdenes, las investigaciones disciplinarias que correspondan y a relevarlo de su cargo de Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta”, dice en uno de sus apartes el oficio que dio a conocer ayer a través de sus redes sociales el propio gobernador Caicedo.

Pero además, los mandatarios en la carta en la que demandan el retiro del coronel De Los Reyes, piden la presencia del coronel Luis Alfonso Novoa Díaz.

En la misiva enviada por Caicedo y Johnson al director general de la Policía, Jorge Vargas, señalan que los comandantes de la Policía del Distrito y el departamento argumentaron que tenían órdenes de la nación de no asistir al PMU.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Pero en todo este lamentable episodio que va a tener consecuencias insospechables desde el ámbito penal, disciplinario y hasta político, se origina y los entes competentes deben investigar a fondo, de dónde provino la orden que recibieron los comandantes de Policía de Santa Marta y del Magdalena, a quienes se les dio instrucciones de desconocer la autoridad que emanan tanto del Gobernador como de la Alcaldesa de Santa Marta. Es un hecho que tal orden no reposa por escrito ni en un decreto, ni resolución, ni acto administrativo. La trazabilidad de lo ocurrido permite solo hasta el momento deducir que la orden la impartió el Director de la Policía Nacional, quien dentro de sus atribuciones movió a un oficial bajo su mando desde Valledupar hasta Santa Marta para apoyar una situación particular de orden público. Hasta allí todo bien y legal. Pero para los abogados constitucionalistas no está claro porque el Director de la Policía va más allá de lo que la ley le permite, y obliga a sus dos comandantes a que desconozcan la autoridad de la que están investidos tanto el gobernador como la alcaldesa. Sin embargo, y aquí es donde viene lo grueso y grave de la situación, es que los dos coroneles, De Los Reyes y Pava, dijeron que desobedecieron, no atendieron las órdenes de los gobernantes por instrucciones que les dio el Gobierno nacional. Entonces a partir de esas afirmaciones, graves por cierto, se debe establecer que autoridad del orden nacional impartió la instrucción de que se desconociera el mandato y la autoridades que ejercen el Gobernador y la Alcaldesa. Y si ello se logra demostrar quien la haya dado puede llegar a tener serios problemas judiciales por cuanto se quebrantó el orden constitucional y se violó el código penal.