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EPM le va a pagar toda la deuda al BID: ¿Hidroituango se va a retrasar?

Anticipándose al eventual cobro de toda su deuda por el cambio de contratistas en Hidroituango y el consecuente retraso que eso tendría en el compromiso de generación de energía, EPM informó en la noche de este miércoles que acordó con el BID un esquema de pago anticipado voluntario por el valor de toda su deuda, es decir, por 450 millones de dólares.

El antecedente inmediato de este acuerdo nos remite a septiembre y octubre pasado, cuando se conocieron sendos ultimátums del BID, advirtiendo que si el megaproyecto no generaba energía en junio de 2022, tal como estaba previsto, EPM debería pagar el total de la deuda y que, además, se retiraría del proyecto. A la fecha el saldo de ese crédito es de 450 millones de dólares, equivalente a $1,7 billones.

El acuerdo para el pago anticipado de toda la deuda al BID libera a EPM de ese ultimátum de peso que había condicionado sus últimas movidas. Ya esta semana había empezado a dar puntadas para tomar el control de la obra y transitar hacia la activación del denominado Plan Mirella, con el que asegura poder darle continuidad a la construcción con sus propias capacidades.

Explicó que ante la incertidumbre generada por el fallo de segunda instancia de la Contraloría, en relación con el cumplimiento de los próximos hitos establecidos en el contrato de crédito con el BID, “ambas partes acordaron desarrollar un esquema de pago voluntario anticipado por el saldo total de la deuda”, precisó en la información relevante publicada ante la Superintendencia Financiera.

La empresa indicó que esta operación se desarrolla en atención a la prioridad “de honrar todas sus obligaciones financieras, su capacidad financiera y la preservación integral de la relación de largo plazo de las dos instituciones”.

El crédito actual consta de dos partes con plazos de 8 y 12 años respectivamente. Justo el 30 de marzo de 2021, ambas entidades firmaron un otrosí al contrato de crédito, por los efectos de la emergencia de 2018, lo que introdujo nuevas cláusulas.

El problema de que el BID hiciera efectivo un cobro total de la deuda era que los demás acreedores que tiene EPM también podrían exigir su cartera, lo que significaría una crisis financiera para la empresa que hubiera quedado expuesta a tener que pagar toda su deuda.

Un asunto de peso

La advertencia de que el BID se retiraría de Hidroituango si EPM cambiaba los contratistas generó un oleaje político entre las altas esferas por el antecedente que esta decisión tendría en el país para el financiamiento futuro de obras públicas.

Hasta el presidente Iván Duque intervino el 22 de octubre, al asegurar que esto: “tenemos que tomarlo muy en serio los colombianos, porque no podemos perder la presencia del BID, ha sido un organismo que genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Una salida del BID puede poner en riesgo la continuidad de Hidroituango”.

El alcalde Daniel Quintero intentó calmar las aguas y en declaraciones a medios el 26 de octubre negó que el BID tuviera alguna cláusula que dijera que los contratistas actuales debían seguir. “El BID entiende como nosotros que la posición actual de los contratistas, teniendo en cuenta la situación en la que están, no es conveniente para el proyecto y que es necesario hacer un proceso de transición a un nuevo contratista que no esté ni en ley de quiebra, ni tenga una sentencia en proceso en segunda instancia por responsabilidad fiscal”.

El tira y afloje dio hasta para que Mauricio Claver-Caronee, presidente del Banco, se pronunciara desde Glasgow (Escocia) el 2 de noviembre, asegurando que la entidad tenía toda la intención de que la megaobra fuera operacional, pero que EPM debía garantizar certezas de que así sería. “Lo que nos preocupa, porque crea dudas, es cuando no hay certidumbre, cada seis meses cambian los términos y hablan de algo diferente”, manifestó.

¿Qué puede seguir?

Ya esta semana había empezado a dar puntadas para tomar el control de la obra, ante la inminente inhabilidad de los actuales constructores por el fallo de la Contraloría que los determinó responsables fiscales, junto a otras 23 personas naturales y jurídicas, por el presunto detrimento patrimonial de $4,3 billones.

El martes, la empresa informó que en un Puesto de Mando Unificado, convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presentará esta semana los planes para asegurar la continuidad de la construcción. Uno de los puntos que llevará a la reunión será la necesidad de mitigar los riesgos de las comunidades.

El factor que plantea interrogantes es el vertedero, único sistema de descarga de las aguas del río Cauca y que ha funcionado sin pausa desde febrero de 2019, operación para la que no fue creado y que tiene temerosos a los ingenieros. Este sería el paso previo para solicitarle a la Ungrd que eleve el nivel del riesgo, declare la urgencia manifiesta y le otorgue a EPM facultades para ocupar temporalmente los campamentos del consorcio, posibilidad que reiteró ayer el alcalde Quintero.

Transitando este camino se activaría el denominado Plan Mirella, anunciado hace algunos días como estrategia de contingencia para que el proyecto continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta que llegue un nuevo contratista. Los interrogantes en este escenario es saber cómo la empresa responderá con sus capacidades en un gigante de las dimensiones de Hidroituango y con el agua al cuello para encender las dos primeras unidades.

/Colprensa

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