Salario mínimo: oportunidad máxima

Los momentos de crisis dan paso a grandes oportunidades. El mundo ha enfrentado una pandemia que le recuerda a la humanidad la posibilidad de la extinción y cuyos efectos regresaron los indicadores sociales a una década atrás.

Definir salarios mínimos es una potente herramienta de intervención en el mercado laboral, que protege derechos de los trabajadores formales y genera diversos efectos económicos. Estimular el consumo a través de una mayor capacidad de gasto representa una alternativa de interés, en particular cuando se busca reactivar la economía, siempre y cuando la misma se dé en proporciones adecuadas, para no deprimir el empleo formal.

En 2020, España reconoció el más alto incremento del salario mínimo interprofesional, en tanto México viene en una tendencia de crecimiento muy relevante. Cada sociedad se da el salario mínimo que le corresponde según sus condiciones y orientaciones políticas, por lo cual, las comparaciones en este tema deben analizarse con cuidado.

Estancar el nivel salarial no es la vía para proteger el empleo formal, como sí conviene desatar muchos condicionamientos públicos que se miden por el nivel de salario mínimo, inclusive desde lo que hace con el pago de aportes a seguridad social.

Abrir, organizar y promover mercados, superar costos de intermediación, mejorar eficiencias y la infraestructura pública, son alternativas más deseables para promover la formalización y favorecer el crecimiento progresivo de los salarios a todos los niveles.

Por ello y frente al reto de la reactivación socioeconómica que asume el país, la definición de salario mínimo para 2022 es esencial, como también que ella logre darse en forma concertada.

Es momento de considerar integralmente los factores que el régimen legal consagra y, en particular, lograr que se aplique, más allá de la inflación proyectada, la meta de productividad que se defina por el comité tripartito coordinado por el Ministerio del Trabajo. Este antecedente facilitaría restablecer el diálogo social y abrir caminos para la definición concertada de políticas sociales, que es la autopista hacia el desarrollo inclusivo, según se demuestra en países como Uruguay.

Se requiere colocar sobre la mesa los elementos que impactan el mundo laboral y considerarlos articuladamente.

Desde los subsidios para fomentar el empleo, hasta las políticas orientadas a reducir costos laborales y las nuevas modalidades productivas representadas en el trabajo a distancia, como la implementación del esquema de nómina electrónica y los ajustes tributarios recientes, hasta las demandas de las centrales obreras y las movilizaciones sociales.

Frente a la carencia de instancias efectivas de diálogo, qué mejor que sea la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales la que le muestre al país la capacidad de los actores gubernamentales y productivos, para ceder y construir salidas conjuntas.

Un incremento que cubra la expectativa de inflación, pero que además considere la productividad y el índice de precios al consumidor, en paralelo con mecanismos para controlar la presión inflacionaria, tendrá además del mérito económico, el valor de generar confianza política, para que el país pueda abordar con mayor tranquilidad social un complejo proceso electoral, en medio de un abanico variopinto de precandidaturas.

El salario mínimo debe considerarse como un engranaje de la política pública social, la que tendrá que potenciar esfuerzos por la formalización laboral, la cobertura inicial en piso de protección social como un paso hacia el aseguramiento universal, el fortalecimiento del subsidio familiar, el desarrollo del trabajo remoto y digital, la protección para migrantes y el manejo de los subsidios públicos.

Más que una cifra, el salario mínimo es un referente de la capacidad de construcción colectiva de una sociedad. ¡Que haya luz blanca!

*Exviceprocurador General de la Nación