‘Ha crecido el número de venezolanos capturados en flagrancia’, dice Fiscal

En carta enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el jefe del ente investigador resaltó que entre el primero de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018 han sido capturados 1869 venezolanos en situación de flagrancia.

 

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Néira, llamó la atención del Gobierno Nacional por el incremento en el número de venezolanos capturados en flagrancia en Colombia, el cual ha venido aumentado en los últimos meses de manera considerable.

En carta enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el jefe del ente investigador resaltó que entre el primero de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018 han sido capturados 1869 venezolanos en situación de flagrancia.

Martínez Neira manifestó que las zonas de mayor afectación son el departamento de Norte de Santander, donde se han registrado 6434 capturas; seguido por Bogotá, con 198; La Guajira, con 148, y Santander, con más de 140 aprehensiones.

El fiscal general explicó en la misiva que “la tendencia de dichas capturas es creciente. Mientras en enero de 2017 se realizaron 78 capturas, en enero de 2018 se efectuaron 256, lo que constituye un incremento del 228 %para periodos comparativos”.

La Fiscalía también reveló que esta tendencia se viene presentando con mayor fuerza desde el pasado mes de agosto, cuando se registraron 120 capturas, en septiembre fueron 141, para octubre 147, en noviembre 155, en diciembre se presentaron 202 y en enero 256 aprehensiones.

Entre los delitos de mayor comisión por parte de los venezolanos se encuentran: hurto (801 capturas), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (281), lesiones personales (129), contrabando de hidrocarburos (123), porte de armas de fuego (120), entre otros.

El fiscal señaló que las autoridades colombianas han encontrado dificultades para llevar a cabo los procedimientos de aprensión y judicialización de los ciudadanos venezolanos, entre los que resaltó la identificación de los victimarios, ya que “los documentos de identidad expedidos en la frontera no gozan de mecanismos para lograr su plena identificación”.

Además, señaló que la segunda radica en la falta de personal de Migración Colombia en las oficinas regionales, lo que impide llevar a cabo procesos de deportación, en caso de que las causas que los comprometen no den lugar a medidas de aseguramiento, así como la falta de albergues transitorios mientras se surte este trámite administrativo.

“La Fiscalía entiende que frente a los hechos referidos es inaplazable considerar políticas que prevengan que los inmigrantes apelen al delito como una alternativa de vida, de cara al drama humanitario que experimentan y en cuya atención Colombia está comprometida”, explicó Martínez.

Según el fiscal, el informe se presenta para que el Gobierno Nacional “cuente con elementos de juicio suficientes” el próximo jueves cuando se adelante una cumbre gubernamental para analizar la política migratoria con ocasión de la crisis venezolana.

 

El fiscal general Néstor Martínez Néira manifestó que las zonas de mayor afectación son el departamento de Norte de Santander, donde se han registrado 6434 capturas; seguido por Bogotá, con 198; La Guajira, con 148, y Santander, con más de 140 aprehensiones.

 

CRISIS HUMANITARIA

Por su parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que en la frontera con Venezuela y en Cúcuta “hay una crisis humanitaria indiscutible”, por la llegada diaria de ciudadanos del vecino país.

“Creo que cualquier esfuerzo se va a quedar corto frente a la magnitud de lo que viene. Por fortuna el presidente va a estar acá pasado mañana. Hemos sido bastante negligentes en el tema del manejo de las fronteras y creo que este es un momento crítico, en donde hay que levantar la fortaleza de la institucionalidad para responder el desafío”, señaló.

Tras realizar una visita en Cúcuta, Carrillo señaló que podrían ser 600.000 los venezolanos que están en la ciudad y que hay un estimado de que 35.000 personas diarias estarían ingresando, por lo que se necesita una política de Estado.

Además, aseguró que “no es por la vía de fomentar la xenofobia y la discriminación como se va a solucionar este problema”.

Carrillo hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que hagan un pronunciamiento sobre el manejo de la situación y aseguró que los sectores de salud, educación y de atención a menores de edad y personas de la tercera edad son los más urgentes.

“Registro con gran preocupación el incremento de la trata de personas y los temas de prostitución. Ahí, se necesita política de prevención que se tiene que poner en marcha. El problema de las trabajadoras sexuales es un problema social que hay que afrontar con políticas”, señaló.