Tiempos de la revocatoria se enredaron con la impugnación

El hermetismo con que el alcalde Daniel Quintero impugnó el proceso de revocatoria en su contra levantó ampolla entre opositores y el comité que adelantó la recolección de firmas. Es extraño que el 31 de diciembre todo haya sido tan silencioso después de una semana de ataques y de recolección de pruebas.

Hasta el momento se sabe que Quintero presentó pruebas de la posible ilegitimidad de 30.000 firmas, y en su alegato ante la Registraduría asegura que, si a este número se llegó en poco tiempo y con apenas una copia de las planillas, con los originales la cifra podría aumentar. El ente tiene hasta el 10 de enero para decidir si entrega los originales al alcalde, lo que terminaría por dilatar los tiempos de la votación.

Justo algunos creen que el proceso de impugnación busca ralentizar los tiempos y que la votación no coincida con las legislativas de marzo. Se ignora, en caso de que la Registraduría acepte darle más tiempo al alcalde, cuanto podría ser el retraso de la votación.

A este proceso, Daniel Quintero no llegó solo y contrató la asesoría de Alfonso Portela, quie fue registrador delegado para asuntos electorales y consultor electoral, un peso pesado que ya ha estado en otros líos similares.

Portela le dijo a EL COLOMBIANO que en el proceso encontraron una “cantidad importantísima de situaciones que no cumplen con los parámetros que establecen la ley y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral con respecto al cumplimiento de requisitos en la recolección de firmas. Por ejemplo, desde el punto de vista de grafología se encontró un número muy alto, cerca de 30.000 o más firmas, en las que el grafólogo contratado por el alcalde estableció que eran uniprocedecencias. Es decir, que de una sola mano se llenaron una cantidad de firmas muy voluminosas”.

Pero esta versión no termina de calar en el comité de la revocatoria. Andrés Rodríguez asegura que es imposible tener esa cantidad de hallazgos en copias de las firmas, para encontrar “incompatibilidades necesitarían las planillas originales, que solo las puede tener la Fiscalía”. En palabras de Rodríguez, desde la Alcaldía quieren simplemente salir a responder sin ninguna prueba.

En todo ese plan que expone Portela, también hay espacio para un segundo round en el que apelarían a las cuentas de financiación de la campaña revocatoria. Dice Portela: “Todavía nos queda el tramo de las cuentas (del comité revocatorio). Porque encontramos cosas que no corresponden y estamos pidiendo que nos dejen revisar la totalidad de los documentos de las cuentas para presentar objeciones a las mismas. Consideramos que no reúnen las exigencias que el mismo Consejo Nacional Electoral estableció como obligación para ser convalidadas. Entonces, estamos a la espera de que nos respondan, primero con las copias, porque sin estas no podemos trabajar sobre el asunto, y sé que es un volumen importante de documentos. Necesitamos llegar a estos documentos para presentar aún más argumentos sobre la idoneidad de las cuentas”.

Rodríguez por su lado cree que todo apunta a dilatar el proceso. Además, caló hondo la aterrizada de Portela en la Alcaldía de Quintero, pues se cree que el hermetismo que rodeó la impugnación de las firmas fue porque no se quería levantar ampolla con la contratación como asesor de alguien tan cercano a la Registraduría. Según Andrés Rodríguez, este movimiento es, por lo menos, “sospechoso”.

Y es que Portela asesoró también al alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, en el proceso de revocatoria en su contra y quien, además, es cercano a Nicolás Farfán, registrador para lo electoral que, dicho sea de paso, en este momento se encuentra de vacaciones.

Denuncias
Desde la Alcaldía se ha denunciado desde la semana pasada la supuesta suplantación de firmas por parte del comité revocador. Y entre esas deuncias ha llamado la atención que se habla de suplantaciones, decenas de funcionarios públicos, asesores o personas allegadas al trabajo de Quintero han asegurado que supuestamente se suplantó a algún familiar, lo que no ha pasado desapercibido entre opositores, pues no deja de ser extraño que quienes señalan la supuesta suplantación sean los mismos funcionarios.

Por otro lado, el concejal Alfredo Ramos —quien ha sido un abanderado de la revocatoria— trinó una grave denuncia. “A contratistas de Alcaldía de Medellín que firmaron revocatoria de Quintero los reunieron, les quitaron los celulares (como siempre), y los obligaron a poner denuncia de supuesta suplantación si querían mantener el contrato. ¿Creían que no iban a contar?”.

Esta denuncia va de la mano con otra que se divulgó después de que el comité revocador entregará las firmas a la Registraduría, pues supuestamente decenas de funcionarios fueron llamados para revisar las rúbricas en una jornada de trasnocho en la que, supuestamente, tuvieron que renunciar a su teléfono celular. Sin embargo, estas denuncias no han trascendido.

Por otro lado también se ha denunciado cómo desde cuentas institucionales —de correo eléctrónico y de redes sociales— se está incentivando a que se denuncie la suplantación de firmas, en un caso en el que los juristas no encuentran unanimidad, pues no hay un concepto sobre el uso de recursos públicos para la defensa de un funcionario en medio de un proceso como estos.

Pero uno de los casos que más ha preocupado fue denunciado por el mismo Andrés Rodríguez, quien asegura que desde cuentas de whatsapp y correo electrónico de la Alcaldía se está pidiendo que se denuncie en su contra por supuesta falsedad personal y falsedad ideológica en documento público. En el mensaje se da todo un instructivo de cómo realizar el proceso.

Hasta el momento, la Alcaldía no se ha referido al tema, mantiene el mismo hermetismo que levantó cuando presentó la impugnación de firmas.

/Colprensa