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Calles del barrio El Mayor deben conectar con Bavaria

La Alcaldía Distrital a través del Dadsa y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres serán los encargados de elaborar los estudios técnicos y de planificación ambiental sostenible. 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado acogió la acción popular interpuesta por los residentes en el barrio El Mayor ordenando la restitución de un bien de uso público y la consecuente demolición del muro posterior de la urbanización Bavaria Country.

Según lo manifestado por Manuel Padilla, residente en el barrio El Mayor, la decisión del Consejo de Estado fue recibida con gran beneplácito por la comunidad ya que era un anhelo desde hacía varios años ya que al abrir las calles se permitirá una mejor movilidad y desarrollo del sector.

“Esta situación data de hace muchos años, pero solo hasta ahora (10 de diciembre del 2021) se da un fallo favorable, solo esperamos que la administración distrital nos apoye y se puedan habilitar las calles mejorando el flujo vehicular acá”, mencionó Padilla.

Por su parte Miguel Cervantes, quien funge como fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio El Mayor, dijo que se sentía contento con ese fallo judicial porque era una lucha de la comunidad.

“Esperamos que la Alcaldía Distrital nos coopere y brinde toda su disposición para ver materializado este gran anhelo comunitario, ojalá esto se pueda ejecutar con éxito”, recalcó el líder.

El fallo en mención resuelve favorablemente la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011 luego de la demanda en contra del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando

prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Vale indicar que la vulneración la atribuyeron a lo resuelto en la Resolución #079 del 12 de abril de 2016, mediante la cual la Secretaría de Gobierno Distrital ordenó la restitución de un bien de uso público y la consecuente demolición del muro que se encuentra en la parte posterior de la urbanización Bavaria Country.

El fallo firmado por Hernando Sánchez, en calidad de presidente Consejero de Estado ordena al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta (Dadsa) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –(UNGRD) que, desde el ámbito de sus competencias, enmarcadas en el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- y los principios de articulación de la actividad administrativa, aporten para que, dentro del plazo de un (1) año, se realicen los estudios técnicos que resulten indispensables para determinar las medidas adecuadas de planificación ambiental sostenible, gestión del riesgo de desastres y el derecho a la vivienda digna, en aquella parte del margen del río Manzanares paralela a la Carrera 18 A que colinda con la urbanización Bavaria Country.

Una vez se cuente con los estudios técnicos se ordena la elaboración de un plan de gestión del riesgo y estrategias de respuesta para el sector de la Carrera 18 A aledaña al río Manzanares. Allí estarán definidas las medidas de intervención más eficaces y económicas para salvaguardar los derechos e intereses de la comunidad, mitigando y controlando las posibilidades de que un evento de desastre asociado a inundaciones se materialice.

El Dadsa y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, apoyaran al Distrito en el cumplimiento de esta medida. “No está demostrado que el barrio El Mayor se encuentre en una zona de alto riesgo de desastre no mitigable ni en la zona de ronda del río Manzanares. En consecuencia, no hay fundamentos que habiliten a la Jurisdicción para ordenar su reubicación”, señala la sentencia en segunda instancia a cargo del consejero ponente Roberto Serrato Valdés.

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