Fiscalía acusó ante la Corte a 3 magistrados corruptos

Fueron acusados formalmente los magistrados del Tribunal Superior del Meta Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, por supuestamente recibir sobornos para favorecer a integrantes de bandas criminales condenados.

 

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fueron acusados formalmente los magistrados del Tribunal Superior del Meta Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, por supuestamente recibir sobornos para favorecer a integrantes de bandas criminales condenados.

La Fiscalía los acusó de la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir, por hacer parte de una red criminal dedicada supuestamente a entregar beneficios judiciales a integrantes del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo.

Específicamente a Danit Darío Doria Castillo, alias ‘Bacalao’; Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’; Marbelly Sofía Jiménez, conocida como La viuda de Autorrolings, y a Smith Bayardo Parra, alias ‘Manopicha’.

En el caso de ‘Bacalao’, sobrino del extinto jefe paramilitar de los Llanos Orientales, Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias “Cuchillo”, y condenado a 101 meses de prisión, la Fiscalía asevera que el ahora exmagistrado Díaz Rodríguez habría proyectado un fallo para buscar devolverle la detención domiciliaria que finalmente no fue aprobado y que habría sido irregular, excediendo sus facultades.

La Fiscal Octava ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el magistrado habría actuado contrario a la ley, “al haberse demostrado con estas conductas un interés en favorecer la situación de quien no cumplía mínimos requisitos legales para poder acceder a la prisión domiciliaria”.

En el caso de Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’, condenado por ser parte de la ‘Oficina de Envigado’, la Fiscalía señala que los magistrados del Tribunal concedieron una tutela que anuló dicha condena y ordenaba emitir un nuevo fallo, de manera ilegal, sin que se hubieran agotado los requisitos legales para ello.

Para la Fiscalía, el magistrado Díaz Rodríguez sabía que estaba quebrantando la ley con dicha decisión y que los magistrados Vargas Bautista y Trejos Londoño tenían conocimiento que el fallo de tutela que profirieron era contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

“Intencionalmente y con conocimiento aportaron por generar precedentes en el análisis constitucional que contravenían además la seguridad jurídica de los administrados y que desorientan a los inferiores funcionales, hacia la creación de decisiones desiguales y desproporcionadas que aparecieron como injustas y arbitrarias”, dice el escrito de acusación.

En el caso de Marbelly Sofía Jiménez y de alias ‘Manopicha’, la Fiscalía acusó al magistrado Vargas Bautista de retardar deliberadamente la resolución de la apelación de la sentencia condenatoria dictada contra ambos por el homicidio del esposo de la primera Oscar William Parrado, su hijastro y dos personas más, para quedarse con el emporio de los Autorrolings,.

Para a Fiscalía, con esto se buscaba “propiciar una posible excarcelación por vencimiento de términos al no quedar en firme la condena”. Además, dice el ente acusador, los magistrados Vargas Bautista y Trejos Londoño habría recibido 150 millones de pesos en el año 2013 de parte de alias ‘Manopicha’ y de Jiménez.

“En el segundo semestre de 2016, fue elevada la promesa remuneratoria a la suma de 3000 millones de pesos”, agregó la Fiscalía, al indicar que la intención era demorar la decisión pues el caso ingresó a despacho el 24 de enero del 2012 y solo fue resuelto el 4 de julio de 2017.

La Fiscalía dice que al magistrado Trejos Londoño le figuran consignaciones sin explicar por 225 millones de pesos; a Vargas Bautista por 244 millones y a Díaz Rodríguez por 927 millones y un incremento injustificado de su núcleo familiar de 46 millones de pesos.

Para la Fiscalía, todos los juristas están incursos en un concierto para delinquir, porque “obraron con capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento, en virtud de la función particular como servidores públicos que prestaban, al ser garantes de la recta impartición de justicia”.

La audiencia preparatoria de juicio quedó fijada para los días 5 y 9 de abril.

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