‘Proceso para escoger nuevo operador de energía en la Costa sigue en estudio’

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Las garantías otorgadas por la Nación para la compra de energía, por parte de Electricaribe, llegan a $135 mil millones. ¿Qué pasa en caso de que se hagan efectivas? Todos los colombianos terminaríamos pagando´, advirtió recientemente el contralor Edgardo Maya Villazón

 

Uno de los restos del nuevo operador es que logre los indicadores de calidad lleven al Caribe a la media del país, si bien la región tiene indicadores hoy de dos o tres veces peor que el promedio nacional.

 

El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, aseguró que la Financiera de Desarrollo Nacional (FND) realizó un análisis de diagnóstico que se presentó a las autoridades locales y que permite avanzar en la precisión de un abanico muy amplio de posibilidades, si bien, el proceso del nuevo operador sigue en estudio.

“Una de las fases más importantes fue la expedición de la nueva metodología de distribución que se expidió, ahora están muchos de los interesados evaluando las necesidades de inversión. Hay una fase de valoración financiera que es en la que está la Banca de Inversiones en este momento, es decir que tipo y cómo se priorizan las inversiones para poderle pegar a las tareas que se van a poner al nuevo operador”, indicó el Ministro de Minas.

La nueva metodología de distribución, es un documento técnico que marca el camino que deben seguir las empresas prestadoras del servicio para cumplir con el objetivo trazado por el Gobierno Nacional para los próximos 10 años y que busca mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía, en especial en el Caribe colombiano, que presenta un atraso con respecto al resto del país.

Añade el Ministro Arce Zapata que entre las tareas que tendrá el nuevo operador “está bajar las pérdidas de energía, que nadie la paga, que hace que financieramente sea muy difícil administrar un mercado con niveles de pérdidas tan altos. Lo otro es que logre los indicadores de calidad lleven al Caribe a la media nacional, si bien la región tiene indicadores hoy de dos o tres veces peor que el promedio nacional”.

Además, el objetivo es que en dos periodos tarifarios, es decir, con metas a cinco y diez años llevar al Caribe a la media nacional en términos de duración y de frecuencia que son las dos mediciones que se están introduciendo para garantizar que los usuarios no solamente reciban un mejor servicio sino un servicio con menores interrupciones y con menos tiempo de duración de las interrupciones.

El proceso de diseño de esta metodología está todavía en construcción, la señal regulatoria era la primera gran tarea del proceso. Ahora el Gobierno está a la espera del segundo informe de la FDN donde ya se cierre ese abanico de posibilidades y permitan mostrar una ruta de cómo van a hacer los tiempos en las etapas del proceso. Además, desde el Ministerio de Minas y demás entidades que están al frente de mejorar el servicio de energía en el Caribe, trabajan para viabilizar técnicamente un modelo de operación.

“Este no es un problema de salvamento de una empresa que se quebró, el anterior operador no atendió este mercado y por eso lo intervenimos y la tarea en la que estamos ahora es que se den las condiciones necesarias para cualquier operador que esté dispuesto a atender el mercado que crece al doble que el resto del país con una infraestructura de Transmisión Nacional y Transmisión Regional que permita resolver un problema histórico con inversiones que garanticen una solución a largo plazo”, concluyó el Ministro de Minas.

 

Germán Arce Zapata, Ministro de Minas y Energía, indicó que ahora están muchos de los interesados evaluando las necesidades de inversión.

 

RIESGO DE QUE LOS ESPAÑOLES REGRESEN

La Contraloría General de la República consideró que la posibilidad de que la firma española Gas Natural Fenosa vuelva a tomar las riendas de Electricaribe plantea unos riesgos muy grandes para los intereses del Estado colombiano, particularmente porque no hay claridad si es posible y como se haría (si lo es) el reintegro de la cuantiosa cantidad de recursos públicos con que se ha respaldo el proceso de intervención.

Es necesario conocer las acciones que se están empleando para evitar que se hagan efectivas las garantías que ha otorgado la Nación para las compras de energía de Electricaribe y, en caso extremo de que esto ocurra, verificar cómo se va a garantizar la devolución de estos recursos.

Hoy en día las garantías otorgadas por la Nación ascienden a $135 mil millones. Y se cuenta adicionalmente con un crédito de $320 mil millones para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera. Dicho crédito fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2017 y cuenta con la garantía de la Nación.

Para la Contraloría los compromisos adquiridos por el Estado colombiano como responsable de última instancia de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, son muy altos.

“Los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos”, manifestó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

Por ejemplo, según cálculos de la Contraloría, el EBITDA (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros), podría estar por debajo de los $50.000 millones, cifra que es inferior a la cantidad de recursos que la Nación ha puesto a disposición de la intervención.

Pese a que, con la intervención, todas las obligaciones de pago de Electricaribe (diferentes de las de compra de energía) están suspendidas, sus indicadores de calidad, en prestación del servicio y pérdidas de energía, no muestran mejoría.

En cuanto al déficit de caja estimado para 2017, puede llegar a ser de $294 mil millones, esto en el caso de que hubiera hecho inversiones por $264 mil millones. Sin embargo, la Contraloría evidenció inversiones por solo $106 mil millones.

Por otro lado, la Contraloría llamó la atención para que el pasivo pensional a cargo de la empresa (alrededor de $1 billón de pesos) no vaya a quedar nuevamente bajo la responsabilidad del Estado, con todos los efectos fiscales que esto implicaría.

La Contraloría hizo alusión también a la modificación de precios de los bienes y servicios suministrados para 39 de los 70 contratos integrales que había suscrito Electricaribe en 2016. La intervención hizo este cambio sin una directriz o una norma previa clara, consideró el órgano de control.

La Contraloría expresó igualmente preocupación ante el hecho de que no se le haya entregador información relevante para su ejercicio auditor, en lo relacionado con la revisión del contrato suscrito entre Electricaribe y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por un valor de $6.000 millones, para apoyar a la empresa en la estructuración e implementación de la solución que resulte más adecuada para lograr la continuidad del servicio público.

No tiene explicación alguna, el hecho, de que no se entregue dicha información, sustentando dicha negativa en la existencia de una “cláusula de confidencialidad”. Por declaraciones de funcionarios involucrados, aparecidas en varios medios de comunicación, se ha conocido que el primer informe de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) es insuficiente y no ofrece elementos para la toma de decisiones en este tema, concluyó diciendo en un comunicado la Contraloría General de la República.

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