‘Paralizar la justicia mientras se crea doble instancia sería impunidad’

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Doctor Fernando Castro, magistrado de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención a los abogados de las personas que actualmente están en juicio en ese Tribunal y que están pidiendo reiteradamente la aplicación de la doble instancia, a pesar que apenas está en proceso de implementación.

Así lo indicó la Sala Penal, durante la audiencia de acusación a los magistrados del Tribunal Superior del Meta Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, procesados por corrupción.

“No resulta admisible interpretación alguna que conduzca a la parálisis en la prestación de un servicio público esencial, como es la administración de justicia. De lo cual, además, se derivaría severa impunidad y desmotivación general en la lucha contra el delito, lo cual desdice de un verdadero Estado de derecho”, señaló el magistrado Fernando Castro, ponente de este caso.

El magistrado manifestó la extrañeza de la Sala Penal ante las peticiones, pues desde hace unas semanas ya hizo pública su posición de que continuará conociendo de los casos hasta que la doble instancia se pueda implementar.

“La administración de justicia no puede quedar al garete, no puede quedar expuesta a una parálisis de gravísimas consecuencias. La Sala de Casación Penal reitera que mantiene la competencia. Eso lo dijo la Sala tras considerar que ante la actual inexistencia material de las nuevas salas de Instrucción y de Juzgamiento en primera instancia, no es jurídicamente admisible entender que ha operado u decaimiento automático de las competencias”, señaló.

El magistrado agregó que mientras no esté implementada la doble instancia, “es imperativo para Sala continuar conociendo de los procesos a su cargo. Pues en ningún caso sería admisible paralizar la justicia en la medida que ello desconocería flagrantemente el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a que se les dispense pronta justicia”.

Este duro pronunciamiento se dio porque en comienzo de la diligencia la defensa de los tres magistrados procesados le solicitaron a la Corte que le sea aplicada la figura de la doble instancia, pues ya entró a regir la reforma constitucional que así lo dispuso y que está en proceso de implementación.

Ante esto, el magistrado Castro preguntó de manera reiterada que si la propuesta era suspender el juicio, qué debería pasar con los magistrados que están presos: si permanecían detenidos mientras se implementa la segunda instancia o no.

Uno de los defensores ripostó que, esa definición entonces, la de la detención, quedaría en manos de un juez de ejecución de penas. Y otro de ellos indicó que no deben ser sus clientes los que asuman las consecuencias por la falta de previsión, en el Acto Legislativo, de un periodo de transición y por la falta actual de implementación de la doble instancia.

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