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La pena que la Fiscalía solicitó para Gloria Estrada y sus acompañantes

La audiencia de imputación de cargos en contra de la concejala Gloria Estrada, su compañero sentimental Martín Alonso Barreto y de Avelino Villamizar Vega empezó con la definición, por parte del juez 18 Penal Municipal de Garantías, de que un proceso por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, como coautores de ese delito, tipificado en el artículo 376 de la Constitución Política.

Estas tres personas están siendo procesadas luego de ser capturadas el viernes pasado cuando policías las detuvieron y hallaron un kilo de clorhidrato de cocaína en la camioneta en la que iban. Al día siguiente, fueron presentadas ante un juez de Garantías, quien legalizó las capturas.

La audiencia se suspendió ese día por petición de los abogados y se retomó ayer. La diligencia la empezaron con la imputación de cargos, ante el juez 18 Penal Municipal de Garantías. Tras reseñar las condiciones en las que hallaron la droga en el vehículo en el que se movilizaban los tres procesados, el fiscal que lleva el caso pidió al togado que a estos se les imputara el delito de porte o tráfico de estupefacientes, con una pena entre 96 y 144 meses de cárcel.

Adicionalmente, se solicitó que a Martín Barreto se le imputara el delito de porte ilegal o tráfico de armas de fuego o municiones, teniendo en cuenta que cuando lo detuvieron portaba una pistola, marca Jericho (número 463070198), calibre 9 milímetros, con un salvoconducto que no tiene vigencia.

Cuando el juez del caso preguntó a la concejala Estrada si aceptaba los cargos imputados por la Fiscalía, esta respondió: “No acepto los cargos, soy inocente”. Avelino Villamizar y Martín Barreto tampoco aceptaron los cargos.

Por consiguiente, los imputados en ese momento no se acogieron a los beneficios y descuentos de pena que tendrían en caso de aceptar los cargos. Luego, vino la fase de solicitud de medida, que fue sustentada por la Fiscalía. El representante del ente acusador solicitó cárcel para los tres proces.

Detalles del operativo

El fiscal del caso argumentó que desde el momento de las detenciones hubo acciones sospechosas. Señaló que los uniformados que participaron en el operativo de captura contaron que los procesados tendrían certeza que actuaban contrario a derecho y que pretendían evadir la acción policial cuando iban en la camioneta, porque se orillaron y luego entraron a una estación de gasolina.

Además, en sus declaraciones, uno de los policías indicó que una persona no identificada intentó sobornarlos. “Arreglemos esto acá”, le dijo la persona desconocida, pero el uniformado no prestó atención, agregando que le ofrecieron $100 millones para desistir del operativo de captura. El funcionario dice que, como llegaron muchos civiles, no pudo identificar a la persona que le hizo el ofrecimiento.

Y agregó: “Se hallaron 7 millones 950 mil pesos en la camioneta. El señor Martín Barreto le dijo a los policías: ‘Yo soy político, ¿cuál es el problema?’. Los policías dicen que la señora Gloria, en una actitud grosera, no quería bajar del vehículo. Todo esto después de su intento de evadir el control, por lo que los policías llamaron refuerzos, teniendo en cuenta que llegó otra camioneta. A Martín Barreto le hallan en la pretina del pantalón una pistola marca Jericho, y un canguro negro con un cargador para la pistola con 7 cartuchos, 7 millones y un celular Iphone con la pantalla partida”.

El paquete de cocaína, según informó el fiscal, lo hallaron debajo del asiento del conductor (Martín Barreto) y “estaba visible y al alcance de los ocupantes del vehículo”. “Esto permite inferir que sabían del delito que cometían, por lo que se solicita detención preventiva en establecimiento de reclusión (cárcel)”, dijo el fiscal.

El paquete de cocaína, según informó el fiscal, “estaba visible y al alcance de los ocupantes del vehículo. Lo que permite inferir que sabían del delito que cometían por lo que se solicita se le imputen detención preventiva en establecimiento de reclusión (cárcel)”.

Audiencia suspendida

Los abogados solicitaron al juez la posibilidad de tener una reunión presencial con los imputados en las instalaciones de la Fiscalía en el barrio Canapote, para así organizar mejor sus defensas. Por lo que dejaron a decisión del togado si la audiencia seguía en horas de la tarde y la noche, o se suspendía y se retomaba hoy.

Angélica Berrío, una de las abogadas de Avelino Villamizar, señaló que la Fiscalía habría obstaculizado el ingreso de los defensores a sus instalaciones. Un representante de la Fiscalía desmintió la acusación, alegando ciertas circunstancias entre la rutina de los juristas y los controles de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19. “Las órdenes están dadas para que ellos puedan entrar a entrevistarse con sus defendidos. Es un derecho que es nuestro deber garantizar, pero sí se agradece el agendamiento y el orden”, indicó el fiscal.

El juez autorizó la reunión presencial de los abogados con los imputados a las 4 de la tarde de ayer, en la sede de la URI de la Fiscalía. El abogado Juan Royero, defensor de Gloria Estrada, solicitó lo siguiente: “Quiero ser incisivo en algo, por favor en lo posible que nos permitan la reunión en la sala de audiencias, porque nos ponen muchas talanqueras allá los encargados de la seguridad y nos ponen a conversar con ellos en un cuarto que es inhumano y no cabemos las siete personas que necesitamos reunirnos. Por eso necesitamos un recinto amplio y cómodo”.

El juez solicitó a la Fiscalía que propiciara las condiciones solicitadas por los abogados, ya que por el tamaño de la sala de audiencias se puede permitir el distanciamiento físico ante la pandemia.

El juez suspendió la audiencia de imposición de medida, que se retomará mañana, a las 8:30 a. m.

/Colprensa

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