‘Las dos caras de la desigualdad social’

Investigaciones no tan recientes confirman que Colombia es el país de mayores índices de desigualdad social en América Latina, plasmada en el crecimiento exponencial de algunas formas de riqueza, pero donde la pobreza y la pobreza extrema de su población, son tristemente mayoritarias.  La pandemia ha acelerado este problema, pero las causas se concentran en factores como la mala calidad de la educación, la multiplicación del trabajo informal que no produce bienes y servicios, necesidades básicas insatisfechas en la mayor parte de la población y en una pésima aplicación y distribución de los impuestos, razones en las que intervienen en buena medida agentes y razones políticas.

En entrevista con los medios a finales del año anterior, el presidente de la Asociación Colombiana de Fondos Privados de Pensiones-Asocolfondos, informó   jubiloso que al mes de octubre de 2.021 el ahorro de los trabajadores afiliados a los fondos privados de pensiones llegó a 346,2 billones de pesos. Que entre enero y octubre de 2.021, los fondos privados obtuvieron ganancias en pensiones superiores a $21,6 billones. Que los rendimientos de los fondos privados, han sido de $93,1 billones y las ganancias históricas a partir de la creación de estos fondos en 1.995 son de 232,7 billones de pesos.  Con estas ganancias, el patrimonio de estas entidades les permite participar en el mercado de acciones de las bolsas extranjeras, adquirir toda clase de activos inmobiliarios, participar en los fondos de inversión mundiales, invertir en bonos, acciones, títulos y certificados a plazos, intervenir en el capital privado de los más grandes mercados financieros del mundo, actividades que las convierten en asociaciones financieramente poderosas, como en efecto lo son. Sus dueños son los operadores del régimen bancario en Colombia y corresponden a un minúsculo grupo de sociedades, como Protección S.A., Porvenir, Colfondos S.A, Skandia, Old Mutual, que monopolizan más de 17 millones de afiliados al régimen privado de pensiones.

Las cifras expuestas, nos permitirían pensar que somos un país rico e igualitario y que un alto número de nuestra población, cuenta con ingresos salariales decorosos, una educación de calidad garantizada, goza de seguridad social en salud y pensiones, tiene seguridad alimentaria y disfruta de servicios públicos domiciliarios.   La deprimente realidad es otra: la riqueza se concentra en un pequeño núcleo de la población y nos sigue flagelando una pésima redistribución de los ingresos por falta de acceso a los mercados de trabajo, que nos coloca en el país más desigual de Latinoamérica y a varias generaciones de borrar esta iniquidad.   El 3% que la Ley 2112 de agosto de 2.021 ordenó destinar de estos recursos en empresas nacionales y proyectos productivos en Colombia, es apenas una pequeña mofa a esta ostentosa manifestación de la riqueza.

De acuerdo con la misma fuente, el 78,8% de los afiliados que aportan o cotizan a los fondos privados de pensiones reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, quiere decir que estas exuberantes ganancias provienen del ahorro de los trabajadores colombianos de menores ingresos, de la gente más pobre de la población. Y según cifras del DANE, más de 21 millones de colombianos viven en línea de pobreza y más de 7 millones en línea de pobreza extrema, lo que significa que el 42,5% de la población, está conformada en nuestro país por gente de escasos ingresos.  Si le agrega a ello una tasa de desempleo superior al 15% y un 63,2% de la población trabajadora participando del empleo informal, sin afiliación   al sistema integral de seguridad social, en situación de inseguridad alimentaria, sin oportunidades de acceso a la educación secundaria o profesional que generen trabajos de calidad, la brecha de la desigualdad social se torna cada vez más preocupante.

La “oda a la riqueza” del señor presidente de Asocolfondos es, por lo menos, una diatriba a la mitad de la población colombiana que vive esperando que el capital sirva para generar empleo, que haya una justicia distributiva de bienes, acceso a la educación para todos, que el presupuesto nacional se distribuya con equidad,  se establezca a largo plazo un verdadero plan de desarrollo que  beneficie a todos nuestros nacionales  y que el modelo económico permita por fin, combatir la pobreza y disminuir la asfixiante deuda social, cambiándola por bienestar y un orden social justo para todos.

*Abogado*Profesor Universitario