Uso de fuerza letal: preocupante situación en América Latina

Uno de cada tres homicidios registrados en Venezuela, es resultado del uso de armas de fuego por parte de la Fuerza Pública. Los países con más homicidios de agentes de seguridad pública son Venezuela, México, Colombia y Brasil, así lo reveló la segunda edición del Monitor de la Fuerza Letal, un estudio sobre ocho países de Latinoamérica y el Caribe que revela las cifras sobre abuso de la fuerza.

El estudio da cuenta del problema, que existe a nivel regional, para acceder a datos públicos y tener información confiable que permita entender el fenómeno del uso de la fuerza letal.

Sus realizadores aseguran que el fin del informe es “poner cifras concretas al uso y abuso de la fuerza letal, y así contar con mejores elementos para abordar políticas de prevención en esta problemática en los distintos agentes públicos”.

Venezuela destaca como el país con el abuso de fuerza más extremo, uno de cada tres homicidios registrados en el país es resultado de la intervención de los agentes del Estado.

“Las autoridades deben abstenerse de realizar declaraciones que alienten el uso de la fuerza letal por parte de la Fuerza Pública, mucho menos justificar abusos. Frases como ‘un buen criminal es un criminal muerto’ o ‘una bala, una muerte’, no son excepcionales en funcionarios públicos y candidatos de la región”, afirma el informe.

El Monitor también revela que existe un déficit importante de información pública sobre el uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe. “Aunque es posible acceder a información a través de solicitudes a las oficinas públicas, la mayoría de las veces los datos que se reciben son incompletos, deficientes e incluso inexistentes”, se lee en el documento.

RESULTADOS POR PAÍSES

COLOMBIA. El informe revela que entre 2018 y 2020 hubo 697 civiles muertos con arma de fuego presuntamente por el accionar de la Fuerza Pública.

«Unas cifras preocupantes que deben analizarse en un contexto de crecimiento de la protesta social, en donde la Fuerza Pública ha sido la principal herramienta del Estado en relación con las demandas sociales. Una efectiva supervisión y control civil sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos sigue siendo una tarea pendiente en Colombia, donde hay altos niveles de impunidad», asegura el informe.

Del total de civiles muertos, presuntamente por la Fuerza Pública con arma de fuego registradas entre el 2018 y el 2020, la Fiscalía ha abierto investigación en menos del 10% de los casos.

Por otro lado, en este mismo periodo se registraron 388 agentes muertos por homicidio con arma de fuego.

MÉXICO. En los últimos tres años han ocurrido entre 10 a 15 muertes de civiles por cada militar fallecido, lo que indica un abuso de la fuerza letal. A la vez, ha crecido su índice de letalidad (civiles muertos/civiles heridos).

CHILE. El informe señala que «la ausencia de datos institucionales en Chile revela la urgencia de legislar sobre el registro y la transparencia de la información sobre uso de la fuerza letal».

BRASIL. El estudio señala que el número de civiles asesinados por agentes de seguridad pública es muy elevado y siguió creciendo entre 2018 y 2020, llegando a casi seis mil por año.

«A diferencia del número de civiles muertos, el número de agentes de seguridad pública víctimas de homicidio en servicio disminuyó. En 2019 114 civiles fueron asesinados por agentes del Estado por cada oficial muerto», asegura el estudio y agregan que las cifras demuestran un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte del Estado brasileño, que ha ido en aumento.

TRINIDAD Y TOBAGO. La incidencia del uso de la fuerza es elevada, y también el riesgo para los agentes de seguridad. La tasa de agentes víctimas de homicidio por cada 1.000 agentes es la más alta de toda la región.

«El índice de letalidad contra los civiles, asimismo, es superior al límite aceptable, pues la policía provoca más muertos que heridos. Hay una necesidad de entrenamiento continuo dentro de las políticas del uso de la fuerza y de investigar para entender los factores que pueden afectarla», asegura el informe.

EL SALVADOR. Entre 2018 y 2019 se registraron 406 muertes de civiles, según datos oficiales, en manos de los cuerpos de seguridad, de las cuales la mayoría son hombres jóvenes acusados de ser “presuntos pandilleros”, justificando así un posible abuso de la fuerza y violaciones a derechos humanos.

Los resultados muestran que los cuerpos de seguridad generan más del doble de muertos que de heridos en sus intervenciones armadas, una proporción que revela un uso abusivo de la fuerza letal. De hecho, el índice de letalidad contra los civiles (número de muertos sobre número de heridos) llega a ser 7 veces superior al índice contra agentes de seguridad pública, lo cual revela que la fuerza letal no es aplicada por el Estado de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

VENEZUELA. Las víctimas que mueren por intervención de la Fuerza Pública pertenecen a los sectores populares y barrios periféricos del país. La mayoría de estos casos ocurren en el contexto de operativos policiales, justificados oficial y discursivamente por la “seguridad ciudadana”.

Venezuela representa el caso más extremo de abuso del uso de la fuerza en la región, pues el porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios llega al 33%. Es decir, uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

«En Venezuela no hay transparencia sobre este fenómeno, pues las cifras oficiales fueron obtenidas a través de Naciones Unidas y exclusivamente para 2018. Los datos de prensa, sin embargo, indican que la situación se agravó en 2019», asegura el estudio.

JAMAICA. Jamaica tiene la segunda mayor incidencia en la región después de Venezuela. Sin embargo, el riesgo de muerte de sus agentes públicos es muy pequeño. En función de ello, más de 85 civiles son muertos por los agentes de seguridad pública por cada agente fallecido en circunstancias similares, un nivel cercano al de Brasil. Esto representa un cuadro de abuso sistemático de la fuerza letal por el Estado.

/Colprensa