La salud, en cuidados intensivos

Una de las inmediatas tareas que debe responsablemente asumir el nuevo Congreso de la República, debe ser indudablemente la revisión del sistema de salud que se presta a los colombianos. La anunciada liquidación de algunas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), no es sólo el síntoma sino la dura realidad del máximo deterioro operativo y financiero de gran parte de la prestación de este importantísimo servicio público, que debe ser considerado igualmente como un derecho fundamental de todos los asociados.

Sabemos que el anterior modelo de oferta de la salud prestado totalmente por el Estado, al expedirse la Ley 100 de 1.993 se entregó al sector privado gran parte del manejo de los recursos públicos destinados a la salud lo que significó la privatización inmediata del servicio. Se crearon entonces las EPS encargadas de organizar y garantizar el acceso al sistema; y los anteriores hospitales y clínicas públicas y privadas, centros de salud, se transformaron en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que prestan al afiliado el servicio personalizado, dentro de dos regímenes:  el contributivo soportado financieramente por la cotización de todos los afiliados a la salud; y el régimen subsidiado que se presta por el Estado a personas de escasos recursos, sin posibilidades de aportar al sistema. Estos recursos representan a 2.021, más de 36 billones de pesos del presupuesto nacional, que se reparten en más de 40 EPS   y en más de 8.000 IPS que existen en el país.

Manejar sin control recursos del Estado no es tarea que se pueda cumplir de manera honesta y eficiente.  El flujo anual de dineros presupuestales hacia las entidades públicas y privadas ha acercado en muchas de ellas, las mieles de la corrupción, en tal magnitud, que ha convertido en insostenible financieramente todo el sistema. Además, los regímenes exceptuados y  especiales, como los afiliados de las fuerzas militares y de policía, los profesores de universidades públicas, los trabajadores de Ecopetrol y del Banco de la República, los maestros, los congresistas y funcionarios del Congreso, quienes gozan de una gama diferente de beneficios, igualmente han encarecido el gasto social de la salud en Colombia; los recobros masivos vía Fosyga, las facturaciones por servicios médicos y hospitalarios inexistentes,  las contrataciones infladas para compras  de medicamentos e insumos, igualmente  han dado al traste con la eficiencia, la cobertura y la equidad como objetivos permanentes en la prestación del servicio. La desfinanciación de las EPS es una secuela de este estado de cosas.

Por la otra cara de la moneda, ese cambio de modelo de aseguramiento ha significado un verdadero calvario para los afiliados y beneficiarios del sistema, entre los cuales me cuento, quienes debemos soportar estoicamente todo tipo de molestias y maltratos en la recepción del servicio: colas interminables para las citas médicas, que se cumplen no antes de tres o cuatro meses después de solicitadas, una aplicación restringida del Plan Obligatorio de Salud-POS, entrega retardada de los resultados de laboratorio y medicamentos, son quejas que se escuchan y se leen  a diario y que empañan enormemente la imagen de la salud en Colombia. En entrevista concedida a HOY DIARIO DEL MAGDALENA el 28 de octubre de 2.018, el señor Defensor del Pueblo de entonces dijo que “La salud en Colombia, es una vagabundería criminal” -pagina 2A-, retratando de cuerpo entero el averiado estado de este servicio público.

Aunque nada hemos avanzado desde aquella polisémica expresión, el nuevo perfil del Congreso de la República elegido ayer, tiene la responsabilidad de abrir nuevamente el debate acerca del cambio del modelo de aseguramiento en Colombia, en procura de un acceso justo y equitativo, pero especialmente eficiente e inmediato, para que no haya más muertos en la puerta de ingreso de los hospitales y Puestos de Salud, esperando la dádiva de la atención médica. Que se termine la tronera de la cancelación por el Estado de la deuda histórica de tantos hospitales liquidados y que los subsidios se dirijan hacia los de menores recursos, para los que demandan el servicio y no para la oferta, donde se distrae la mayor parte de lo dineros presupuestales destinados a la salud.

*Abogado. Especialista en Seguridad Social.*Profesor universitario