Urge actualizar Ley 80 a las contrataciones del siglo XXI

“Necesitamos una ley que genere mayor reactivación económica, que simplifique las hoy existentes 2.400 normas de contratación y las reduzca a 100 o 120”, afirmó José Andrés O’Meara. 

POR 
EDGAR 
TATIS GUERRA 

Con éxito se cumplió la Jornada de Contratación Estatal realizada en el auditorio Rodrigo Noguera de la Universidad Sergio Arboleda en donde quedó planteada la urgencia de reformar la ley 80 de 1993 para que se actualice respecto a las contrataciones de estos tiempos.

Durante el evento académico hubo aportes teóricos valiosos que fueron socializados por parte de varios magistrados del Consejo de Estado y de tratadistas del derecho, quienes aceptaron la invitación especial que les hizo la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- (CCE).

La instalación del evento estuvo a cargo del doctor Alfredo Méndez Alzamora, en calidad de rector de la Universidad Sergio Arboleda, quien como anfitrión dio la bienvenida a los ilustres invitados y asistentes. Destacó la realización de la actividad académica en la alma mater de Santa Marta por ser una apuesta a la descentralización del conocimiento propiciando un espacio de diálogo con las altas cortes sobre temas de actualidad en materia de contratación pública, el proyecto de la reforma al estatuto general de contratación de la administración pública, los documentos y pliegos tipo para fortalecer el contrato de obra pública y los acuerdos marcos de precios e instrumentos de agregación de demanda para el acceso al mercado de compras públicas en Colombia.

Por su parte José Andrés O’Meara Riveira, director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública CCE, señaló que la contratación estatal hoy asciende a la suma de $150 millones al año lo que constituye el 15% del PIB. Recordó que en el año 2011 nació una unidad administrativa especial con la denominación de Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- para formular una política pública tan relevante para el cumplimiento de los fines del Estado.

Aseguró que muchos de los instrumentos que se vienen adoptando con resultados satisfactorios son de reciente creación, por esa razón quienes estudiaron Derecho en los años 80’s y 90’s no conocían figuras como los instrumentos de agregación de demanda, los acuerdos marco de precios, la contratación electrónica, los documentos y pliegos tipo, entre otras medidas que se han venido implementando de forma exitosa.

“Desde la Agencia estamos trazando una hoja de ruta para los próximos 5 o 10 años a través de un documento Conpes. Debo mencionar que Colombia hoy ejerce un liderazgo a nivel latinoamericano manifestado por el Banco Mundial, por el BID y por la Corporación Andina de Fomento, acerca de lo que tiene que ver con la política de transparencia y datos abiertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Un país que busca su desarrollo debe construir un capital social a través de medidas, planes y proyectos que generen confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus gobernantes”, enfatizó.

Para fortalecer el capital social Colombia cuenta con una política de transparencia y de datos abiertos a través de las plataformas contractuales denominadas ‘tienda virtual del Estado Colombiano’ y el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop I y Secop II) que entregan la posibilidad a todos los colombianos de conocer el 70% de la contratación del país.

REFORMA A LEY 80 

Al referirse a la Ley 80 de 1993, O’Meara Riveira dijo que ha perdurado en la legislación colombiana, pero llegó el momento de construir una ley para el siglo XXI que incorpore tecnologías de la cuarta y quinta revolución industrial, que fortalezca los emprendimientos, las Mipymes y la gran industria.

“Necesitamos una ley que genere mayor reactivación económica, que simplifique las hoy existentes 2.400 normas de contratación y las reduzca a 100 o 120, que la inversión extranjera se sienta más atraída y con mayor seguridad jurídica, pero además que se disminuyan los riesgos contractuales desde el punto de vista disciplinario, penal y fiscal de los servidores públicos, que la contratación pública deje de ser una actividad peligrosa y a su vez se mitiguen ciertos escenarios de corrupción”, indicó O’Meara Riveira.

Fue categórico al afirmar que la Ley 80 de 1993 se quedó corta para una legislación en estos tiempos modernos en donde se exige celeridad, transparencia, eficiencia y optimización de recursos. Dijo además que la reforma a la Ley 80 deberá incluir nuevos mecanismos alternativos de resolución de conflictos de tal manera que ante cualquier controversia entre contratista y contratante de una obra pública no termine en los estrados judiciales.

Sobre el ahorro del Estado en las contrataciones públicas, O’Meara dijo que se ha avanzado mucho gracias a la Ley 2022 del año 2020 relacionada con los documentos y pliegos tipo que han permitido que un 85% de las entidades territoriales pasaran de tener un promedio de entre 1 y 3 oferentes a tener hoy un promedio de 26 a 42 oferentes en las obras de infraestructura. En lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque se han ahorrado 1.9 billones de pesos, de los cuales casi $900 mil millones son derivados de la competencia que generan los documentos pliegos tipo y aproximadamente un billón de pesos a través de la agregación de demanda en las compras públicas.