10 años y el dolor no acaba y sin justicia

En el más reciente informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se alertó que había cinco casos potenciales de apertura de investigación por ‘falsos positivos’ cometidos entre noviembre 2002 y 2009, que involucran a 29 oficiales de alto rango que estaban a cargo de Divisiones y Brigadas del Ejército Nacional.

Por
ALEJANDRA
BONILLA MORA

Este 2018 se cumplen 10 años de la ocurrencia del fenómeno de los ‘falsos positivos de Soacha’, que no es otra cosa que el reclutamiento, desaparición, asesinato y presentación como falsos guerrilleros muertos en combate de jóvenes humildes por parte de integrantes del Ejército Nacional.

Para ésta época, hace diez años, el emblemático caso de los ‘Falsos Positivos’ de Soacha no era tal todavía, eran unas madres buscando a sus hijos desaparecidos en clínicas, hospitales, cementerios, en la calle, en la cárcel. Unas madres que buscaron, que se encontraron en Medicina Legal, en la Fiscalía y que supieron hasta octubre de ese mismo año que sus hijos habían sido trasladados a Ocaña y presentados como guerrilleros o integrantes de la delincuencia abatidos.

Alexander Arenas, de 33 años, desapareció el 2 de enero de 2008. Fair Leonardo Porras Bernal, de 26 años y en situación de discapacidad, desapareció el día 8. Joaquín Castro Vásquez y Elkin Verano Hernández, de 25 años ambos, el día 13. Julio César Mesa Vargas, de 24 años, y Jonathan Soto Bermúdez, de 17 años, desaparecieron el 26.

Jaime Steven Valencia Sanabria, de 17 años, Daniel Martínez, de 21 años, y Diego Armando Marín Giraldo, de 21 años, desaparecieron el 6 de febrero. Julián Oviedo Monroy, de 19 años, el 2 de marzo y Eduardo Garzón Páez, de 32 años, y Daniel Andrés Pesca Olaya, de 27 años, dos días después.

Jaime Castillo Peña, de 42 años (habitante de la calle), desapareció el 11 de agosto de 2008. Jader Andrés Palacios Bustamante, de 22 años, Diego Alberto Tamayo Garcera, de 26 años, y Víctor Fernando Gómez, de 23, desaparecieron el 23 de agosto de 2008.

Fue la búsqueda y la similitud de los casos lo que conformó las Madres de Soacha, que reúne 14 casos de esa localidad, cuatro de Bogotá y uno de Fusagasugá, que fueron reportados a lo largo del 2008 por tropas del Batallón Santander y de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional como muertos en combate, en un falso combate, amañado con documentación falsa.

Ya la justicia dejó en claro el modus operandi de esta actuación criminal: la existencia de reclutadores, el traslado de jóvenes humildes y vulnerables a zonas apartadas, la simulación de un combate, la presentación como guerrilleros, la negación de la ubicación y de la identidad a sus familias. Un plan, al menos en el caso Soacha, que ha llevado a que los casos hayan sido declarados de lesa humanidad.

 

Muchos han sido los cadáveres que aún no han podido ser encontrados

 

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que condenó a 54 años a militares por la muerte de Fair Leonardo Porras asegura:

“Sí existió un móvil discriminatorio en razón a la condición humilde de los jóvenes de Soacha, marginados y de bajos recursos económicos, situación que conllevaría a que la denuncia no repercutiera de manera inmediata, tal como lo afirmó la señora Luz Marina Bernal, madre de

Fair Leonardo (quien acudió en 3 ocasiones a la Fiscalía de Soacha, sin resultados favorables, los cuales sólo se dieron cuando se logró la identificación del cadáver del joven y los hechos fueron denunciados públicamente por el Personero de Soacha-Cundinamarca), la reacción de los medios de comunicación y las autoridades judiciales, lo cual llevó a los militares implicados en el asunto a activar todo el plan criminal diseñado para desaparecer al joven y presentarlo como “baja en combate”, con la firme convicción de que en razón de su extracción humilde, los hechos pasarían inadvertidos, al igual que sucedió con los demás jóvenes que fueron captados por los reclutadores ubicados en Soacha”.

Este es el mismo caso que llevó al entonces presidente Álvaro Uribe a decir que los jóvenes “no estarían recogiendo café” en el 2008 o a decir en un mensaje de Twitter en el 2015 que las madres le habían reconocido que sus hijos eran delincuentes. Por ese mensaje, el año pasado, el ahora senador Uribe tuvo que retractarse, luego que las Madres de Soacha lo denunciaran por injuria y calumnia.

“Repito, mis mensajes sobre el tema, incluido el respectivo tweet, nunca han tenido la intención de promover impunidad sobre crímenes cometidos, algunos ya calificados como de lesa humanidad. Como lo dije en calidad de Presidente de la República, al salir de la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, después de la reunión con un testigo protegido, hoy lo repito, estos crímenes requieren las más severas sanciones a los responsables, sean de la Fuerza Pública, del Gobierno o civiles”, dijo Uribe.

De hecho, en noviembre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio de Defensa hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad y de excusas públicas por el ‘falso positivo’ de Víctor Fernando Gómez, al constatar que su muerte fue una ejecución arbitraria. Por la muerte de Fair Leonardo fueron condenados el mayor Marco Wilson Quijano, el teniente Diego Aldair Vargas Cortés y los soldados Carlos Manuel González Alfonso, Ricardo García Corzo, Carlos Antonio Zapata Roldán y Richard Ramiro Contreras Aguilar.

Y no es el único caso. El año pasado, luego de múltiples demoras, fueron condenados 21 militares por las muertes, en iguales circunstancias, de los jóvenes Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez.

El caso, también declarado de lesa humanidad, se encuentra en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá y, entre tanto, el teniente coronel Gabriel de Jesús Amado, condenado a 46 años de prisión, ya pidió acogerse a la JEP y su libertad transitoria.

 

Las madres de Soacha aun esperan que se haga justicia por el crimen de sus hijos.

 

“NO ESTÁN RELACIONADOS CON EL CONFLICTO”

Tras conocerse la petición de acogerse a la JEP del coronel Amado, Colprensa habló con la abogada Carolina Daza, quien representa a Idaly Garcera, madre de Diego Alberto Tamayo Garcera, víctima en este caso.

¿Cuál es la posición de la defensa?

Los falsos positivos no están relacionados con el conflicto armado, sino que obedecieron a una política de carácter sistemático, destinada a obtener resultados operacionales a cualquier precio y en donde los miembros de la Fuerza Pública se les daban incentivos para este fin como ascensos. Estos casos no deberían ser conocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz en virtud que no vemos la relación con el conflicto.

La Corte Suprema de Justica ha dicho que sí guardan relación con el conflicto y este caso en particular fue declarado de lesa humanidad ¿Cuál es la expectativa?

Las perspectivas con relación a las libertades es que probablemente la mayoría de las personas privadas de la libertad queden libres, porque han manifestado su intención de acogerse a los beneficios de la Ley 1820 de 2016 (Amnistía) y del decreto 706 de 2017. En ese sentido, ha sido un poco frustrante porque llevar a estas personas ante la justicia no ha sido fácil. Y frente a los casos, nosotros seguiremos insistiendo en nuestra posición.

Ustedes se enteraron por los medios de esta petición de libertad, no fueron notificados…

Desafortunadamente, esa ha sido la regla. Lo peor es que aun cuando se está empezando a implementar este nuevo Sistema Integral de Justicia, Verdad y No Repetición, lo que se ha visto es que ante las autoridades judiciales no se ha garantizado el estándar alto de participación de las víctimas en el cual está inspirado el Acuerdo.

 

EN LA MIRA DE LA CPI

En el más reciente informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se alertó que había cinco casos potenciales de apertura de investigación por ‘falsos positivos’ cometidos entre noviembre 2002 y 2009, que involucran a 29 oficiales de alto rango que estaban a cargo de Divisiones y Brigadas del Ejército Nacional.

Al respecto, señaló que, al parecer, “las autoridades colombianas han iniciado actuaciones judiciales contra 17 de los 29 oficiales militares de alto rango identificados, aunque hay información contradictoria respecto del estado de algunos de los casos informados”.

LOS CASOS SON:

– La Primera División (Brigada 10), presuntamente cometió aproximadamente 146 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el departamento de Cesar.

– La Segunda División (Brigada 30 y Brigada Móvil 15), presuntamente cometió aproximadamente 123 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2009 en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena.

– La Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28), presuntamente cometió aproximadamente 224 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.

– La Quinta División (Brigada 9), presuntamente cometió aproximadamente 119 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el departamento de Huila.

– La Séptima División (Brigadas 4, 11, y 14), presuntamente cometió aproximadamente 677 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Antioquia y Córdoba./Colprensa