‘Delegados ante las CAR no pueden responder a cuotas políticas’: Carrillo

El procurador general Fernando Carrillo Flórez aseguró que ´la promesa de la Procuraduría sigue siendo la misma, fuertes e implacables con los poderosos y magnánimos con los débiles. Los argumentos de sostenibilidad fiscal no son suficientes para poner en entredicho los derechos fundamentales de los colombianos´, dijo

 

´Lamentablemente las CAR se han convertido en un motor de decisiones de la política con P minúscula. Todos los que han tocado este tema entraron en una especie de hueco negro´, advierte el Jefe del Ministerio Público

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que la designación de los representantes del gobierno ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) “no puede responder a cuotas políticas”.

El jefe del Ministerio Público se refirió a la expedición de la Resolución 066 de 2018, sobre la conformación de un Grupo de Seguimiento y Vigilancia a las CAR, y de la Circular 007 de 2018, que exhorta al presidente de la República y al ministro de Ambiente a designar como sus representantes a personas idóneas con conocimientos y experiencia.

“Lamentablemente las CAR se han convertido en un motor de decisiones de la política con ‘p’ minúscula, es decir, no de las políticas públicas, sino de la política electorera donde el poder de las Corporaciones determina el poder departamental y municipal”.

Aseguró que es inadmisible que las CAR se hayan vuelto irreformables en Colombia y lamentó que “todos los que han tocado este tema entraron en una especie de hueco negro”.

“Lo que hemos hecho cuestionando los Planes de Ordenamiento Territorial, los artículos del POT que se han demandado, va precisamente en aras del cumplimiento de las normas y en eso no vamos a desfallecer y no es negociable”.

Agregó que en el trabajo del Ministerio Público por la defensa del medio ambiente, la protección de los páramos, de los ríos, el Paisaje Cultural Cafetero, es un compromiso con las nuevas generaciones.

Durante su visita a la capital del Quindío, el jefe del Ministerio Público se reunió con líderes campesinos y representantes del Programa de Titulación, con el fin de establecer cronogramas precisos y responsabilidades de las autoridades encargadas de garantizar de manera efectiva el acceso a la tierra y la formulación y gestión eficaz de proyectos productivos con las comunidades de la región.

Para el jefe del Ministerio Público el palo en la rueda de este proceso es la «desarticulación de las agencias nacionales. Hoy el Ministerio de Agricultura habló con una sola voz y eso es lo que es indispensable. Son problemas bastante complejos y algunos de ellos tienen protagonistas con influjos del crimen organizado presente en los despojos y tiene que haber una respuesta en términos de seguridad».

Recordó que el órgano de control será garante de los compromisos asumidos por el gobierno y honrará su promesa de ser «fuerte e implacable con los poderosos y magnánimo con los débiles”.

 

PROTECCIÓN A LÍDERES SOCIALES

El Procurador sostuvo que la protección de los líderes sociales en Colombia no se trata de la simple entrega de «un chaleco, un ‘walkie talkie’, o un teléfono», sino de hacerle seguimiento a cada una de las amenazas, por lo que insistió en la puesta en marcha mecanismos de protección colectiva.

“La clave es la articulación para que funcione en el territorio un mecanismo de prevención, protección y de investigación efectiva, en el caso de la Fiscalía, de la Policía y de los entes de seguridad frente al asesinato de los líderes sociales.

Finalmente, se refirió al concepto presentado a la Corte Constitucional sobre la reducción de la cotización en salud para los pensionados de 12% a 4%, y aseguró que “los argumentos de sostenibilidad fiscal no son suficientes para poner en entredicho los derechos fundamentales de los colombianos”.

Insistió en que el poder legislativo tiene la competencia para ejercer esa protección constitucional y señaló que “estamos hablando de una suma que tampoco es que afecte la sostenibilidad fiscal de este país, más bien da una magnífica señal y un indicador de compromiso por la protección de uno de los colectivos más abandonados”.