A propósito de Fujimori

La Sala Penal de un tribunal peruano decidió el pasado lunes, que el expresidente Alberto Fujimori deberá someterse a un juicio en el que habrá de determinarse su responsabilidad, como eventual autor mediato, por una masacre cometida en la región de Lima el 29 de enero de 1992. Se trata del asesinato de seis campesinos en Pativilca por parte de un grupo de encapuchados que, según las familias de las víctimas y de grupos defensores de derechos humanos, contaba con el amparo del gobierno Fujimori.

El exgobernante fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por otras dos masacres que, en su época, tuvieron enorme repercusión: la de Barrios Altos (15 asesinados, entre ellos un niño) y La Cantuta (nueve estudiantes y un profesor).

Para el tribunal limeño, este expediente sobre la masacre de Pativilca no queda cobijado por el indulto presidencial concedido por el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a Fujimori el pasado 24 de diciembre. Y las razones de los jueces son que el indulto resulta “inaplicable” e “incompatible” con el deber del Estado peruano de investigar y juzgar las graves violaciones a los DD.HH; y porque el derecho de gracia se otorga a quien no tiene la condición de procesado y Fujimori no tiene orden de prisión por este caso.

Obviamente, la decisión ha creado una tormenta política y jurídica en el Perú. El Gobierno, de hecho, ya anunció que la va a recurrir para solicitar su revocatoria. El presidente Kuczynski partió en dos su Gobierno al indultar, contra sus propias promesas y compromisos de honor, al encarcelado Fujimori, pues fue la única manera que encontró para que el fujimorismo, dominante en el Congreso, no lo destituyera del cargo por sus vínculos contractuales no revelados con la constructora Odebrecht.

Los peruanos tendrán que lidiar con tantas heridas reabiertas, pues la etapa del fujimorismo aún incendia la discusión pública. Lo que pasó en esos diez años no se puede dejar atrás tan fácil. Y, como bien dicen las víctimas, una medida de gracia presidencial como la concedida en Navidad a Fujimori, si bien es constitucionalmente posible, no es moralmente justificable como puerta a la impunidad, la ausencia de verdad y reparación.

Y es aquí donde muchos defensores de derechos humanos del continente incurren en contradicciones. Consideran inmoral (que lo fue) e incluso ilegal el indulto a Fujimori, pero no lo hacen con amnistías (de derecho o de hecho) a autores de crímenes atroces en otras latitudes, unas muy cercanas.

Por ejemplo, en Colombia los acuerdos de paz de La Habana disponen que no habrá indultos ni amnistías por crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Hasta ahí, están conformes con la legislación internacional. Pero en el mismo texto se abren las vías para las exenciones de punibilidad, como las que comporta el derecho de ser elegidos, sin restricciones, a cargos de elección popular así la jurisdicción especial creada por y para ellos, declare su responsabilidad penal por delitos de tal naturaleza. Crímenes que, según el Estatuto de Roma, “ofenden la conciencia moral de la Humanidad”.

Será interesante, pues, ver qué medidas toma, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al indulto a Fujimori. Colombia deberá estar atenta: las razones jurídicas, y por supuesto las morales, en defensa de las víctimas y de la vigencia de los DD.HH., no deben someterse a dobles raseros según la afinidad ideológica hacia quienes ordenaron y cometieron los crímenes. Si bien los casos de uno y otro país son distintos, y el origen de la acción delictiva también, la barbarie y el desprecio por los seres humanos fueron los mismos.

Internacionalista

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