Elecciones de pronóstico reservado

Las elecciones del 11 de Marzo serán inéditas. Por primera vez en la historia política la que fuera la principal guerrilla del país concurre a las urnas. Las predicciones de lo que vaya a suceder son confusas.

 

Es evidente que el mapa político cambiará en dos semanas pero el complejo panorama de la campaña no permite avizorar quién resultará más beneficiado o perjudicado, no solo en el ajedrez de poder partidista, sino en cuanto a la contienda por la Presidencia.

 

A dos semanas de las elecciones parlamentarias es claro que el mapa político va a cambiar, aunque no se sabe exactamente cuál será la dimensión del remezón en materia de cuotas partidistas en el Congreso y su impacto en la campaña presidencial.

Las apuestas en todas las colectividades son cada día más cautelosas y hay coincidencia en no pocos candidatos al Senado y la Cámara en torno a que el ambiente proselitista está particularmente frío. Ni siquiera los aspirantes que tienen ‘maquinarias’ regionales y locales muy potentes se atreven a pronosticar cuál podría ser su suerte en las urnas.

A diferencia de lo que pasa con las encuestas sobre preferencias presidenciales, en donde se marcan algunas tendencias muy preliminares, que seguramente cambiarán con los resultados del 11 de marzo, los sondeos sobre favoritismos para los comicios de Senado y Cámara de Representantes no solo son muy pocos sino que impiden aclarar el panorama.

Los analistas señalan que el Centro Democrático podría ser el más votado, seguido del liberalismo, los conservadores y Cambio Radical. Otros varían el orden aunque con las mismas colectividades. Los sondeos regionales proyectan resultados aún más contradictorios y no faltan las denuncias de falsas encuestas o muestras manipuladas para favorecer a tal o cual aspirante.

La campaña parlamentaria, de otro lado, tampoco se ha distinguido por un debate programático y de alto espectro entre los partidos o los candidatos más conocidos de las distintas colectividades. La opinión pública no se ha centrado en una propuesta en específico de algún aspirante. Ni siquiera se han registrado polémicas por ideas extremas, radicales o ilógicas. Incluso bien podría decirse que en materia de escándalos mediáticos, es más bien poco lo que ha dejado la actual contienda proselitista.

 

AUSENCIA DE BARONES

De otro lado es la notoria la ausencia grandes debates en radio, prensa o televisión entre las cabezas de lista al Senado y la Cámara. Hay, por el contrario, una apuesta muy fuerte por el impacto en las redes sociales, con estrategias digitales de amplio espectro que, a decir verdad, nadie sabe qué tan efectivas serán a la hora de las urnas. Es más, un veterano asesor político recordaba esta semana que algunos candidatos al Congreso parecen confundir likes, seguidores, interacciones y retuits con votos. “… Si usted me pregunta, creo que hay algunos candidatos que van a ganar en el departamento de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales… El problema es que esas jurisdicciones virtuales no dan curules”, precisó.

 

RIESGO DE TRAMPA

En materia de orden público el panorama se ve tranquilo, aunque un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) esta semana prendió las alarmas, al señalar que en 170 municipios confluyen riesgos electorales indicativos de fraude y por factores de violencia, siendo esta la menor cifra registrada hasta el momento en la historia de estas mediciones.

Según la MOE, aunque el número de municipios en riesgo consolidado disminuyó frente a las elecciones de 2014, en donde se tenían 260 municipios, el nivel de riesgo extremo aumentó en 14 poblaciones, pasando de 50 en 2014, a 64 para los procesos electorales que se avecinan.

“Los riesgos electorales pasaron de ser corredores que atravesaban importantes zonas del país a ser regiones específicas en las que se concentran economías ilegales y diferentes actores armados”, sostuvo Alejandra Barrios, directora de la MOE, quien solicitó al Gobierno, las autoridades electorales y los medios de comunicación, especial atención a estos 170 municipios de los cuales 64 están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 41 en riesgo medio.

El informe también señaló que los factores indicativos de fraude, tanto en Cámara de Representantes como en Senado, han presentado leves disminuciones: mientras que para las elecciones de 2014 la MOE señalaba 410 municipios en riesgo para Senado y 386 municipios en riesgo para el Cámara para este año la MOE alertó riesgos en 379 municipios para Senado y 355 en Cámara.

Según Barrios, “estamos viendo una leve disminución del riesgo asociado a las prácticas políticas locales, no obstante, los niveles de municipios con niveles extremos de riesgo aumentaron, lo que implica que las autoridades deben mantener acciones preventivas sobre posibles delitos e irregularidades electorales que se presenten en esos municipios”.

Lo cierto es que, por el momento, la Registraduría continúa apostando a que no será necesario trasladar por razones de seguridad ninguna mesa electoral el 11 de marzo. Sin embargo, es claro que hechos como la creciente escalada terrorista del Eln y su renuencia a pactar de nuevo un cese el fuego bilateral y temporal, lo que tiene ese proceso de paz al borde del rompimiento, asoma como la mayor amenaza al orden público en la antesala y el día de la citación a las urnas.

En lo que tiene que ver con anomalías e incumplimientos de la normatividad electoral, se podría decir que hay pocos incidentes en la materia. Quizá la mayor incógnita sean las demandas ante el Consejo Nacional Electoral de las listas al Congreso inscritas por alianzas multipartidistas. Sin embargo, faltando un mes para la cita en las urnas no se ve muy posible que el alto tribunal vaya a sacar de carrera esas planchas.

De otro lado, la aplicación de la Ley 1864 de 2017, que creó o agravó la sanción penal por delitos electorales, ha tenido un debut tranquilo. Apenas unos días atrás la Fiscalía General llamó a interrogatorio a quince candidatos inscritos para el Congreso por incurrir, presuntamente, en “elección ilícita de candidatos”, en la modalidad de tentativa, toda vez que –de acuerdo con el ente acusador– los aspirantes se inscribieron estando al parecer inhabilitados por haber sido condenados penalmente por delitos dolosos diferentes a los políticos.

 

LAS CÁBALAS

Las cuentas de los partidos sobre los escaños que puedan llegar a sacar el 11 de marzo se han ido ajustando a medida que pasan las semanas y se advierte que no sólo hay apatía en el electorado, sino que la competencia por cada voto se hace cuadra por cuadra.

En el uribismo, por ejemplo, continúa la división en torno a si fue conveniente haber presentado una lista abierta al Senado. Mientras de un lado se afirma que no se está viendo “el mismo fervor” popular en las giras del expresidente Álvaro Uribe, en llave con su candidato presidencial Iván Duque, de otra parte se replica que “eso es natural” porque hay decenas de aspirantes a Senado y Cámara buscando sus propios votos para salir elegidos. Las cuentas allí continúan siendo las mismas: no menos de 25 escaños en Senado y un poco más en la Cámara, superando una votación global de 2,5 millones.

En las toldas conservadoras esta semana el presidente del Directorio, senador Hernán Andrade, sostuvo que aspiraban a convertirse en la segunda fuerza política más votada el 11 de marzo, lo que significaría que apuntan a desplazar a La U. Los azules siguen insistiendo en que tienen cómo mantener las 18 curules de Senado y podrían subir dos o tres escaños en las cámaras. Un cálculo muy ambicioso.

Por los lados de Cambio Radical el optimismo es mayor. Varios de sus voceros apuestan a que pasarán, en el peor de los casos, de 9 a 15 escaños o más en el Senado, no sólo por la fortaleza de los candidatos costeños sino porque varios de los nuevos ‘enganches’ son “curules seguras” dados sus consistentes fortines políticos. A ello suman la fuerza de arrastre que tiene el candidato presidencial Germán Vargas Lleras.

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