Han presentado 28 demandas a Ley de Seguridad Ciudadana 

Durante la instalación, ayer, del primer Seminario de Implementación de fortalecimiento a la Ley de Seguridad Ciudadana, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que la norma ha recibido más de 28 demandas, de las cuales 26 fueron inadmitidas. 

“Hay dos que fueron admitidas y esas están sobre artículos en particular. Evidentemente, haremos la defensa sobre esos artículos demandados”, aseguró Palacios.

En la instalación del primer seminario sobre la implementación de esta norma participaron también el subdirector general de la Policía Nacional, general Hoover Penilla; y el director de la ESAP, Octavio Duque.

El ministro Palacios dijo que la Ley de Seguridad Ciudadana da herramientas claras para luchar contra la criminalidad, mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

“La Ley de Seguridad Ciudadana está hecha para proteger a las víctimas, para atacar al delincuente y criminal y no para garantizarle a los victimarios su tranquilidad”, indicó el jefe de la cartera política.

Por su parte, el Subdirector General de la Policía Nacional resaltó la iniciativa del Ministro del Interior de hacer y materializar el proyecto.

“A buena hora, señor Ministro del Interior, usted tuvo la iniciativa de hacer el anteproyecto, materializarlo, llevarlo al Congreso para que surtiera los trámites correspondientes y la sanción presidencial”, señaló el general Hoover Penilla.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue sancionada en enero pasado por el presidente Duque. Entre sus puntos más importantes, contempla el castigo a la reincidencia, pues la pena será más grave para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos.

De igual forma, quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley, de 58,3 años de prisión.

También tipifica como delito el porte de arma blanca en evento masivo. Así mismo, se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

Uno de los aspectos más polémicos de la norma, y que así se refleja en las demandas que se han presentado, es que establece la Legítima Defensa Privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal en su habitación o vehículo.