¿Decadencia?

Se reconoce que hay crisis de la democracia liberal. En Estados Unidos, en el Reino Unido. Dos modelos. No de ahora sino ya hace algún tiempo. Muchos libros describen el fenómeno. Recientemente, encontré uno que habla ya no de decadencia; usa el concepto degeneración para aludir a lo que está ocurriendo con la vida política y sus instituciones.

Obvio. Colombia no es excepción. Está pasada la hora para que prestemos cuidadosa atención al debilitamiento (¿decadencia?, ¿degeneración?) de nuestras instituciones y nuestros comportamientos, pero principalmente de los elementos fundamentales que constituyen un sistema político.

Recordemos lo que ocurrió entre el procurador Mario Aramburu y el presidente Carlos Lleras Restrepo. El presidente pronunció un discurso que sus opositores consideraron “indebida intromisión en la campaña electoral” (prefiero esta formulación a la de participación en política, que me parece no describe la conducta y es contraproducente). Se quejaron ante el procurador. Este envió una carta amonestando al presidente. Sus palabras textuales: “(…) es la exhortación que respetuosamente hago al señor presidente de que se ciña de manera muy clara, muy estricta, en sus intervenciones, a la letra y al espíritu de las normas legales, sin sobrepasar las permisiones que éstas consagran”. A lo cual respondió el presidente Lleras Restrepo: “Acojo la exhortación que usted me hace en ejercicio de sus funciones, porque creo que es mi deber respetarla, aunque mi criterio no coincida exactamente con el suyo”.

La Constitución de entonces colocaba al Procurador “bajo la suprema dirección del gobierno”. Poderosa razón para que el procurador acompañara su amonestación con su renuncia. Tan ejemplar comportamiento fue correspondido por el presidente Lleras quien, por supuesto, no aceptó la renuncia y exaltó la decisión del procurador.

Excelente actitud de los dos altos funcionarios, ejemplo de respeto al derecho, a las instituciones y al debate electoral. La Constitución de 1991 suprimió la dependencia del Procurador con respecto al gobierno y estableció que: “El Procurador es el supremo director del Ministerio Público”.

Las recientes decisiones de la Procuradora no han contado con la admiración que acompañó el evento histórico descrito. No analizo las motivaciones que justificaron la decisión ni los argumentos en favor o en contra. Me parece que lo ocurrido nos debe llevar a reflexionar sobre nuestro proceso electoral.

Está bien que un candidato presidencial critique la gestión presidencial, máxime si está en la oposición. Y, también, que el presidente o sus ministros defiendan las realizaciones o corrijan las deformaciones retóricas que buscan desacreditarlo. Otra cosa es el abuso en el ejercicio de este sagrado derecho democrático ¿Cómo establecer que hay abuso?

La propia ciudadanía evaluará esos comportamientos y decidirá con su voto, su acción, su voz, si los condona o los condena. Es el juego democrático. Tenemos trayectoria bicentenaria en materia electoral. Ha habido abusos grandes y pequeños. Creo que hemos aprendido. No vivimos la época del sectarismo y sus tremendos abusos. La oposición debe saber cómo explotar en su favor esos abusos, si los hay, y las fuerzas políticas gubernamentales saben, o deben saber, hacer lo propio. Pero someter la vida política a tantas prohibiciones limita innecesariamente la controversia. Lo deplorable es que son los mismos políticos quienes han aprobado innumerables normas que hacen muy difícil el libre ejercicio de la acción política. Debieran liberarse de tantas limitaciones que se han autoimpuesto. ¡Liberación!

*Exministro de Estado