´Un millón de dólares que Plinio Olano recibió de Odebrecht fue ‘lavado’:

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia agravó la situación jurídica del exsenador Plinio Olano, al considerar que incurrió en el delito de lavado de activos

 

Al dictarle medida de aseguramiento, la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que investiga al exsenador Plinio Olano Becerra aseguró que este habría recibido un millón de dólares de la multinacional Odebrecht.

Esto, por haber ejercido influencias indebidas para lograr que se adjudicara el contrato de la Ruta del Sol sector II a la multinacional brasileña, en el marco del entramado que Odebrecht pactó para obtener contratos a cambio de millonarias coimas a servidores públicos a través de empresas como el Consorcio Sion, Consultores Unidos de Colombia, el Grupo Mundial de Ingenieros, entre otros.

La Sala dice que Olano Becerra participó en este esquema desde el año 2009, cuando se adelantaba en el proceso de licitación y adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II, según testimonio de director de Odebrecht en Colombia Luiz Bueno, quien acudió a Gabriel García Morales, al entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y a Plinio Olano, a quien le presentaron.

Federico Gaviria declaró que la labor de Olano era presionar, en debates de control político y fuera de ese escenario, a personas involucradas con el proceso, como a García Morales, entonces director del INCO.

“La existencia de un acuerdo entre el congresista Olano y Odebrecht para que aquel utilizara su cargo e influencias como parlamentario para favorecer intereses de la empresa, a cambio de altas sumas de dinero, que eran trasferidas de modo subrepticio para ocultar su origen ilícito, no se limitó a eventos esporádicos, sino que constituyen un verdadero propósito delictivo”, dice la Corte.

Para la Sala, esto se hizo para otros proyectos como: el contralor 001 de 2010 de la Rutal del Sol II; el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama-Charalá-San Gil; la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre de Bogotá; el proyecto de construcción de la hidroeléctrica hidroitunago; y el contrato de adición al proyecto de la ruta de sol.

Para afirmar esto, la Corte toma el testimonio de Federico Gaviria, quien dijo que en 2010, cuando se trabajaba el subcontrato entre Odebrecht y Megavial, Luiz Bueno le pidió incluir un sobrecosto de 500 millones para pagárselos a Plinio Olano como coima por la gestión en Ruta del Sol II. “Dicho ofrecimiento fue aceptado por Olano a condición de que en el subcontrato fuese vinculada una empresa de su confianza y asegurar el desembolso del dinero”, dijo la Corte, al señalar que ese es el verdadero origen del consorcio ‘Ruta del Sol San Alberto’.

Los registros dicen que entre ese consorcio y Consol hay un subcontrato de obra por 10.305 millones de pesos y que ese consorcio está conformado, entre otros, por la empresa Feme Ingenieros Limitada, donde figura como representante legal Luis Fernando Mesa, amigo de vieja data de Plinio Olano.

Gaviria dijo que fue a través de mesa que se entregaron a Plano los primeros 200 millones de esa coima y que luego se pagaron los otros 300. La Corte señaló que Olano le dijo a Gaviria en 2011 que un grupo político que aspiraba a la gobernación de Boyacá requería otros 200 millones para apoyar a Juan Carlos Granados. Para esto se hizo una serie de reuniones y se acordó que Granados y Olano recibirían una comisión del 3 % al 5 % sobre el valor del proyecto Duitama-Charalá-San Gil, que era entre los 200.000 y los 350.000 millones de pesos.

La Corte índica que tras la posesión de Granados como Gobernador, Odebrecht le solicitó designar un interlocutor para la concesión de ese proyecto vial, lo que cayó a Bernardo Umbarila, quien sostuvo reuniones con Eder Ferracuti de la multinacional, Olano y Gaviria. No obstante, Odebrecht concluyó que la misma no era rentable y desistió de su interés.

Además de los 500 millones iniciales, Gaviria reseñó la entrega de otros 100 en 2012 para Olano a través de un contrato de un tercero, que se entregaron para la defensa del exsenador ante la Corte.

En el caso de HidroItuango, la Corte dice que Olano intervino para acercar a Odebrecht a la Alcaldía de Medellín, a través de Eugenio Prieto Soto. Y en el caso del tramo Ocaña-Gamarra, la Corte toma en cuenta el testimonio de Gaviria, quien dice que Olano acudió a Miguel Peñaloza para que la ANI invitara a Odebrecht para hacer el tramo.

 “Es enfático el testigo en aseverar que como contraprestación, Plinio Olano y Miguel Peñaloza recibieron un millón de dólares cada uno”, dice el auto de la Corte.

“Los medios de prueba analizados que demuestran el compromiso penal del sindicado en los hechos que le fueron atribuidos, merecen credibilidad en virtud de su coherencia, al igual que por ser consistentes entre sí”, señaló la Corte.

La sala agregó que “los medios probatorios demuestran que el exsenador Olano Becerra participó en las operaciones de lavado de activos, pues no solo utilizó las estrategias diseñadas para ocultar el origen del dinero por medio de sobrecostos en subcontratos, participando activamente en dichos métodos al exigir la entrada de una empresa de su confianza en el entramado corrupto”.

“Según se indicó en el acápite de los hechos, el lavado de activos recayó sobre los quinientos millones que se acaban de referir y sobre el millón de dólares que recibió el sindicado a cambio de su intervención en la adición del contrato 001 de 2010”, dice el auto de la Corte, al señalar que si bien no hay prueba directa de su entrega, si hay evidencias de que el millón de dólares se lavó.

“No se ha podido establecer el paradero de esa suma, aunque existe prueba suficiente de su existencia, lo que indica que, aunque existe prueba suficiente de su existencia, lo que indica que, hasta el momento, los involucrados han logrado mantenerla oculta”, señaló.

Por estas razones, la Corte dictó medida de aseguramiento contra Olano por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho propio, lo que lo mantiene detenido mientras espera que la Corte lo llame a juicio. Bogotá Colprensa.