¿ Hasta cuándo, ICBF?

Los colombianos llevamos años escuchando las estremecedoras historias de menores de edad descuidados, maltratados y violados en centros financiados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con demasiada frecuencia, es el compañero de la mujer a quien se le da la responsabilidad de cuidar a estos niños y niñas, y quien comete estos delitos. Siempre es lo mismo: el anuncio de la investigación exhaustiva del director o directora de turno de la entidad nacional que ya se sabe termina en nada. Lo más grave, es que esta sociedad colombiana no se pronuncia, no tumba a los responsables administrativos de la institución ni solicita realmente que los culpables terminen donde deben estar, en la cárcel. Pareciera que este país tan insolidario, tan clasista, no le importara el futuro de estas criaturas precisamente por que pertenecen a esos sectores pobres que solo son visibles cuando les prestan servicios a los que más tienen.

Lo que es evidente por lo recurrente de estos delitos, es que Bienestar Familiar ha tenido desde siempre profundas fallas; o bien en sus sistemas de contratación de servicios que atienden los menores o con absoluta seguridad, o en sus mecanismos de control que son un fiasco. La primera pregunta debe dirigirse a la cúpula del gobierno de turno. Con qué criterio se escoge a quien está a la cabeza de esta importante entidad. Con seguridad priman los intereses políticos de cumplir con cuotas a esos maravillosos políticos que en general tenemos y para quienes los niños, fuera de los de su de familia, los tienen sin cuidado. La Academia, que con tanta frecuencia se siente por encima de los gobiernos y sus instituciones, debería analizar la diferencia entre una cabeza de Bienestar Familiar que conozca este delicado tema del cuidado de menores en situaciones críticas y una que llegue por recomendaciones del político favorecido con esta cuota.

Ahora que es evidente que la crisis de corrupción acapara gran parte de nuestra sociedad y a muchas de estas instituciones que alguna vez nos hicieron sentirnos orgullosos, su Junta Directiva debería ponerse al frente de estas profundas fallas, y encontrar dónde están esos huecos que permiten que la violación y la muerte de niños en hogares subcontratados por el Instituto lejos de desaparecer aumenten. Obvio que hay profundas fallas en esta modalidad de tercerización de los servicios sociales, modalidad que domina a este país y obviamente a los distintos niveles de gobierno.

Se trata de menores de edad que ya cargan con el dolor de no tener con ellos a sus padres naturales. Que han pasado por inmensas penurias y que se merecen la oportunidad de crecer, educarse y convertirse en adultos felices, productivos, que le aporten al país. Este manejo en el cual se le entrega a personas que claramente no representan los valores que se les deben inculcar, compromete el futuro de generaciones, una de las grandes responsabilidades del Estado, si no quiere reproducir todos los males que ya nos aquejan.

Aunque solo fuera por esa razón, a falta de la verdadera solidaridad con los que menos tienen, que no es precisamente la virtud de los poderosos de este país, la sociedad colombiana, especialmente quienes tienen voz y mando, deben poner sus ojos en esta institución cuyo título lo dice todo: Bienestar Familiar. Sin embargo, debe afirmarse con dolor, que por sus permanentes escándalos está lejos de serlo y precisamente para quienes más la necesitan.

ExMinistra de Estado