‘En riesgo extremo 700 municipios de Colombia’: Procurador Ambiental

´Hace poco tiempo la Procuraduría General, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, hizo un estudio de adaptación de los municipios al cambio climático y estamos hablando que un 76 % aproximadamente de los encuestados, de casi 1000, se encontraban en situación de vulnerabilidad´, manifestó el procurador Delegados de Asuntos Ambientales Gilberto Blanco Zúñiga.

 

El procurador Delegados de Asuntos Ambientales Gilberto Blanco Zúñiga, señaló además que ´el cuidado de nuestros corales es un imperativo´

 

Se realizó esta semana en Colombia un simposio alrededor del ‘Pacto Mundial para el Medio Ambiente’, en donde se discutió la importancia de redoblar esfuerzos para la protección de los ecosistemas del mundo que están siendo amenazados por la degradación ambiental, la destrucción de los recursos naturales y el cambio climático.

HOY DIARIO DEL MAGDALENA y la Agencia Colprensa hablaron al respecto con el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gilberto Blanco Zúñiga, quien advirtió que hay cerca de 700 municipios en riesgo por falencias en la adaptación al cambio climático.

¿Qué es el Pacto Mundial para el Medio Ambiente?

Es una iniciativa de algunos juristas franceses y que lideró el presidente Emmanuel Macron, y representa otra forma de entender la manera en que el hombre se relaciona con la naturaleza. El pacto pretende unificar toda la legislación internacional ambiental, que en este momento está atomizada. Si bien es cierto ha habido declaraciones importantes como la de Estocolmo en 1972, o de Rio de 1992, se quiere proveer un documento más sencillo que aglomere todo eso en una especie de corpus juris ambiental y que simplifique a los Estados la manera de entender los principios que el mismo pacto incorpora.

¿Está todavía en construcción?

Hay un proyecto de borrador que contiene 26 artículos aproximadamente. El Procurador General de la Nación en el segundo semestre del año pasado estuvo en la Universidad de Columbia estuvo liderando esa iniciativa y tuvo el propósito de trasladarla a América Latina.

¿Cuáles son las preocupaciones que Colombia debe proponer para que se incluyan en el Pacto?

Yo pensaría principalmente en deforestación y cuidado de nuestros corales, pues la oxigenación que producen es más importante incluso de la que plantean los mismos árboles. Adicionalmente, la mitigación de los municipios en temas de cambio climático. Ese es un imperativo. El Acuerdo de París se suscribió en el 2015, el Estado colombiano ya expidió la Ley aprobatoria y estamos ad portas que la Corte Constitucional se pronuncie en relación al Acuerdo y a la Ley aprobatoria.

¿Cuál es la alerta con los municipios?

Hace poco tiempo la Procuraduría General, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, hizo un estudio de adaptación de los municipios al cambio climático y estamos hablando que un 76 % aproximadamente de los encuestados, de casi 1000, se encontraban en situación de vulnerabilidad. Es decir, estamos hablando de más de 700 municipios del país que están en una situación tan extrema de riesgo que podría generarnos dificultades como la que hubo en Mocoa.

 

La riqueza coralina le provee al mundo más oxígeno que los mismos bosques y por eso es un imperativo que el Estado colombiano haga especial manifestaciones del cuidado de estos ecosistemas

 

¿El riesgo es por ordenamiento territorial?

Hay un tema de ordenamiento territorial, hay un tema de planificación, de ocupación en las laderas de los ríos donde no se están respetando los mínimos que la ley exige para que pueda haber construcción o asentamientos humanos.

¿Cómo es el asunto de los corales?

La riqueza coralina le provee al mundo más oxígeno que los mismos bosques y por eso es un imperativo que el Estado colombiano haga especial manifestaciones del cuidado de estos ecosistemas.

¿Han tenido diálogos con las regiones sobre temas que preocupen?

Más allá de las directrices desde el punto de vista normativo que se han sacado en la Procuraduría, ha habido socialización en relación con las exigencias y las actuaciones preventivas que hemos venido adelantando. A manera de ejemplo podría decir que, en San Andrés, finalizando el año, empezamos como un plan piloto, porque es el departamento que se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad. La idea es empezar a replicar ese tipo de procedimientos en otras municipalidades que están en situación de emergencia extrema.

En relación con los Planes de Ordenamiento Territorial, la Procuraduría ha venido demandando aquellos que no se adecuan a las exigencias de Ley ante la Justicia. Lo propio hicimos con el POT de Manizales, Armenia y Pereira.

¿Cómo se deben vincular las autoridades del orden nacional con este tema? ¿Si hay interés?

En días pasados hubo un ‘boom’ noticioso en relación con la advertencia que hizo el Procurador con respecto a las Corporaciones Autónomas Regionales y, en ese orden de ideas, se produjeron dos actos administrativos. Uno haciéndole un exhorto al presidente de la República como al Ministro de Ambiente para que, en el momento de enviar los nombres de los candidatos para conformar las juntas directivas, se tuvieran en cuenta los más altos estándares en materia de probidad, conocimiento e idoneidad, porque son los órganos de administración llamadas a cuidar nuestro patrimonio ecológico. Lo segundo, es que se creó dentro de la Procuraduría, un grupo especial de vigilancia, adscrito al despacho del Procurador, con dos coordinaciones.

 

‘En estos momentos el tema ambiental está en la agenda de las políticas públicas y en los debates presidenciales. Pero, adicional a eso, pienso que la forma en que se está entendiendo la forma como nos relacionamos con la naturaleza es distinta a una visión ecocéntrica´, sostiene el procurador Delegados de Asuntos Ambientales Gilberto Blanco Zúñiga.

 

¿Cuál será el campo de acción de ese grupo?

Verificar que las CAR estén haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Pero más allá de eso, es un tema de la confección del Sistema Nacional Ambiental, SINA. Hemos tenido bastantes reuniones con el Ministerio de Ambiente mirando cómo podemos fortalecerlo. Hace pocas semanas también hicimos un exhorto a los departamentos para que asumieran las competencias constitucionales en materia ambiental que les corresponden y que están evadiendo.

Se supone que nuestra constitución es ecológica…

El concepto de Constitución ecológica emana de los más de 36 artículos que tienen una alusión específica al cuidado de los recursos naturales y al medio ambiente. Eso, adicionalmente, ha tenido un profundo desarrollo por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en virtud del cual se ha considerado que el cuidado del ambiente no es un amor platónico de la madre naturaleza, sino una cuestión de la cual depende la propia supervivencia de nosotros como seres humanos.

Pero pareciera que nos importa el medio ambiente cuando pasan cosas como la tragedia de Mocoa…

Digamos que son situaciones en las que la Procuraduría ha estado muy presente, pero no es un tema solamente reactivo. Desde lo preventivo creo que apenas se están empezando a ver algunos resultados importantes y esa competencia la estamos articulando con el poder judicial por una razón: el ciclo del control social se cierra en la judicatura.

Sí las Cortes ordenan a las administraciones hacer lo que no hacen por iniciativa propia…

Correcto. Ha venido siendo el sector justicia el que está conminando a las otras ramas del poder público a que hagan lo que tienen que hacer. Un ejemplo es lo que pasó con el río Atrato. El río Atrato, más allá de habérsele considerado verdadero sujeto de derechos, rompiendo una tradición jurídica, se ordenó la representación de una persona que estaría a cargo del Ministerio de Ambiente para que representara los derechos que tiene y en eso estamos trabajando.

Me hablaba de fortalecer el SINA. ¿Qué instrumentos son necesarios para lo que se concrete en el Pacto sea una realidad y no un tratado más?

Cuando hay miles y miles de artículos se presentan dos problemas: la contradicción de las normas y el de la redundancia de las normas y eso hace que pierda fuerza. Si logramos aglomerar toda esa legislación internacional que existe, que está contenida en tratados, convenios y declaraciones, eso lo va proveer de sencillez y de sistematización y va a facilitar al Estado la manera en la entienden y la forma como la aplica.

Si le estoy entendiendo…en la Ley aprobatoria de este Pacto que eventualmente sea una realidad podría sintetizar todos esos elementos y hacerlo un solo cuerpo…

Exacto. Cuando exista este instrumento no van a desaparecer las otras normas, pero va a facilitar su aplicación porque va a ser posterior, superior y específico.

Mientras tanto, ¿hay leyes en el país que deban actualizarse?

El desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional a mi me da tranquilidad, porque ha sido muy avanzada en relación con algunos principios que incorpora el Pacto como el de no regresión, el de no repetición, el de precaución, el de prevención, el de evitación del daño o aquel de que quien contamina paga.

Este es el primer encuentro en América Latina y somos un continente biodiverso, ¿hay falta de interés?

Creo que todo lo contrario. En estos momentos el tema ambiental está en la agenda de las políticas públicas y en los debates presidenciales. Pero, adicional a eso, pienso que la forma en que se está entendiendo la forma como nos relacionamos con la naturaleza es distinta a una visión ecocéntrica. Nosotros tenemos una particularidad geográfica que hace que seamos absolutamente biodiversos. Somos de los países más caudalosos, tenemos el 50 % de los páramos del mundo y eso no es una cuestión menor.

Eso fue lo que motivó precisamente a la Procuraduría para que le pidiéramos a la Unesco a finales del año pasado que se declararan los páramos como patrimonio de la humanidad./Colprensa