Magdalena destina $25 mil millones en atención a víctimas

En el Magdalena más de 340 mil víctimas están reconocidas como sujetos de reparación.

 

Los Planes de Acción Territorial contemplan las medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral.

 

Con el fin de fortalecer la inclusión de la política pública de víctimas, el departamento del Magdalena fijó una inversión por más de $25 mil millones en atención a los sobrevivientes del conflicto armado. Estos recursos están plasmados en los Planes de Desarrollo Territoriales atendiendo las necesidades básicas de las personas que fueron afectadas por la violencia en la región.

Los Planes de Acción Territorial son los instrumentos de planeación que contemplan las medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Estos son elaborados por la Gobernación y las Alcaldías. Adicionalmente, el Plan de Acción Territorial, es consistente con el Plan de Desarrollo del municipio o Departamento, con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Así mismo, los Planes articulan todos los demás planes que desarrollen los componentes de la política pública de víctimas. La formulación y aprobación de los mismos han incluido componentes fundamentales la prevención, protección, atención, y reparación integral a las víctimas del conflicto armado; especificando para ello el diagnóstico de la población víctima, los programas y metas de esta política y los recursos con los cuales se financiarán y ejecutarán dichos programas y se alcanzarán metas.

Es de recordar que en el Magdalena a la fecha son más de 340 mil víctimas reconocidas como sujetos de reparación, desde la vigencia de la Ley 1448 el gobierno nacional ha invertido recursos por $279 mil millones que comprenden asistencia humanitaria, infraestructura social comunitaria, indemnización y otras medidas de reparación.

Por consiguiente, mediante la Ley de Víctimas el Estado reconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado, en la que define una serie de medidas para su prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral y les otorga prioridad en el acceso a la oferta social. En el marco legal que reglamenta esta Ley se establecen una serie de competencias de los distintos niveles de gobierno, en la que las entidades del nivel territorial cobran especial relevancia como actores fundamentales en el proceso de reconstrucción del tejido social, mediante la adopción de medidas a favor de aquellos individuos, familias y colectivos que han sufrido las consecuencias del conflicto armado.