Pañitos de agua tibia

 

Desconcertante la reacción del presidente Trump y de la Asociación Nacional del Rifle, ANR, a la solicitud sentida de los norteamericanos de introducir controles efectivos a la compra y uso de armas por parte de los ciudadanos, transcurridas dos semanas de la última matanza de estudiantes a manos de un alumno, valiéndose de un rifle AR-15, adquirido sin dificultad y siendo esta sólo una de las tantas armas que el joven poseía.

La discusión sobre armas de fuego en manos de civiles en Estados Unidos se remonta a 1791 cuando se introdujo en la Constitución la Segunda Enmienda, que establece la necesidad de una milicia civil y el derecho de los ciudadanos a tener armas como un mecanismo de defensa personal y del naciente Estado, luego que los civiles armados hubiesen sido decisivos en la independencia frente a los británicos entre 1765 y 1783.

Lo que es muy difícil de entender es que 227 años después, transcurrida la Revolución Americana y una cruenta guerra civil, el libre acceso a las armas de fuego por parte de civiles continúe siendo defendido como un derecho fundamental e inalterable, en un país con una institucionalidad robusta, uno de los ejércitos más poderoso y una Policía y un sistema de Justicia efectivos, capaces de defender a sus ciudadanos y al Estado.

Sorprende incluso que Estados Unidos no haya logrado armonizar el derecho a la vida y el de la libertad a poseer armas, y que no resulte claro qué privilegia el primero. Que luego de 227 incidentes con armas de fuego en colegios durante el Siglo XX y 110 en lo corrido del XXI, la mayoría fatales, los intentos por establecer controles a la venta libre de armas hayan fracasado, como si la vida de los niños y jóvenes no importara nada.

Entre las explicaciones más comunes a la dificultad histórica para reformar la Segunda Enmienda o reglamentarla bajo una óptica más sensata está la oposición y el lobby de la ANR, que en la última campaña canalizó US$ 30 millones a favor del hoy Presidente. Pero otros sectores económicos aportan recursos igual o más importantes a la política y no son tan efectivos a la hora de movilizar a la opinión en defensa de sus intereses.

Esto ocurre en parte porque las Cortes se han encargado de hacer valer ese derecho y los Republicanos han asumido como propias las causas de la ANR. Pero hay otra razón y de fondo: la polarización de la población norteamericana. La mayoría está a favor de una verificación más rigurosa de antecedentes pero hay una profunda división social sobre la conveniencia de que sea excepcional el acceso a las armas por parte de civiles.

Lo anterior explica -mas no justifica- que no se hayan introducido acciones efectivas contra la libre tenencia y porte de armas y que se propongan medidas absurdas como la de armar más a la población, poner guardas en los colegios y armar a los profesores. O creer que se reduce a un tema de salud mental de los victimarios, a deficiencias en el sistema de verificación de antecedentes o la edad exigida para comprar ciertas armas.

Algunas de estas medidas seguramente serán incluidas en la legislación por la presión que hoy existe. Pero no dejarán de ser pañitos de agua tibia pues la raíz del problema no será tocada: el libre acceso a las armas de fuego por parte de los ciudadanos, con pocas limitantes, bajo la premisa histórica -cuestionable- de que son ellos los llamados a defenderse y a defender al Estado. Mientras eso no cambie, habrá más masacres.

ExMinistro de Estado