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Cogieron a 21 apartamentos robando luz
Ramiro Castilla Andrade, gerente de Air-e en Atlántico dio a conocer este lunes que la empresa, con el acompañamiento de las autoridades, avanza en su lucha contra la defraudación de fluidos o robo de energía en los diferentes rincones de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Indicó que con el apoyo de técnicos especializados se detectaron 21 casos de robo evidente de energía en 3 multifamiliares ubicados en el sector de Villa Campestre en Puerto Colombia.
En la exhaustiva revisión se detectaron líneas directas con el fin de evadir el pago real del consumo de energía.
Los casos se presentaron en inmediaciones de la carrera 24 con la calle 3 en los multifamiliares Caribe Campestre, Tower Club 1 y Plazuela del Mar.
Por otro lado, en zona rural del municipio de Galapa fueron detectadas fincas con transformadores ilegales, es decir que no estaban registrados en los sistemas de la empresa.
El procedimiento se llevó a cabo cerca al corregimiento de Paluato en las fincas Pitayo, Monarca, Mirador y Enmanuel.
“Uno de los pilares en este proceso de transformación en la prestación del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, es la lucha contra el robo de energía. Todos debemos entender que quienes hurtan la energía nos afecta en el orden de los 2.000 millones de pesos diarios; $60.000 millones mensuales, que podrían ser invertidos en más circuitos, en más subestaciones y una mejor calidad del servicio más rápido para nuestros usuarios. En Air-e estamos comprometidos con esta lucha”, sostuvo Castilla Andrade.
Agregó que “a partir de la denuncia de nuestros usuarios y luego el acompañamiento de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación estamos decididos a seguir trabajando para reducir a quienes insisten en robar energía. El mensaje para ellos es que la compañía no va a desistir de identificarlos y actuar, para que las autoridades los individualicen y se establezcan las sanciones correspondientes que podrán ser hasta seis años de cárcel y 150 millones de pesos en una sanción”.
