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Consejo de estado denuncia falso fallo que circula en redes sociales

 

El Consejo de Estado anunció que denunciará ante la Fiscalía General de la Nación la suplantación de una decisión judicial que circuló en redes sociales el fin de semana y que ordenaba supuestamente al gobernador de Risaralda remover de su cargo al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya.

En ese documento aparecía el número del radicado de una demanda de pérdida de investidura contra Gallo Maya y aparecían las supuestas firmas de magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado.

El alto tribunal explicó que en ese proceso de pérdida de investidura que cursó contra Gallo Maya, se declararon inhibidos por caducidad, por lo que el documento que aparece en redes es falso.

“Frente a este acto, los señores magistrados suplantados han decidido interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta y se identifique a los responsables de señalada falsedad”, indicó la Corporación.

ARCHIVAR PROCESO

Por otro lado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación solicitó archivar la investigación en contra del exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, por presunto acoso sexual y laboral.

La diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada en la Corte Suprema de Justicia, por petición de la Fiscalía y de la defensa de la víctima, por considerar no hay pruebas suficientes para proseguir con el caso y que Otálora y su exsecretaria tenían una relación de pareja.

Ahora la Corte se dispondrá a estudiar el caso y determinar si archiva el caso o no.

Este caso tiene que ver con la denuncia que interpuso en 2016 la exsecretaria de Otálora, Astrid Helena Cristancho, quien adujo ser víctima de una denuncia de actos hostiles y de maltrato durante más de dos años.

Incluso, en su momento, se llegaron a presentar fotos y conversaciones que evidenciarían el supuesto acoso. No obstante, la Fiscalía solicitará no proseguir con el caso, al parecer, por falta de pruebas.

En este asunto, la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación que inició en su momento contra Otálora al asegurar que la conducta de maltrato y acoso no existió.

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