Noticias de Santa Marta, el Magdalena, y el mundo!
Cien barrios de Santa Marta están sin Juntas comunales
De las 279 Juntas de Acción Comunal (JAC) que hay en Santa Marta, 102 aún no han sido posesionadas por dudas jurídicas que rodean el cambio de la norma que determina el trámite democrático para su conformación.
La confusión ha desencadenado enfrentamientos entre candidatos, incluso hasta amenazas de muerte.
Las Juntas de Acción Comunal (JAC), son definidas por la jurisprudencia nacional como “organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral” de su sector.
Este concepto aparece en el articulado de la Ley 743 de 2002 que, hasta el año anterior, rigió no solo el proceso constitutivo de una JAC sino el trámite eleccionario, normativo y funcional de las mismas. Sin embargo, un cambio o derogación de la ley provocó un revolcón que hoy tiene a 102 barrios de la ciudad sin la conformación de este órgano colegiado.
Rafael Guerra Campo, presidente de la Federación Comunal de Santa Marta, explicó que debido a la no aplicación de la Ley 2166 del 18 de diciembre del 2021, el 37% de las juntas del distrito fueron anuladas por la Secretaría de Gobierno, desencadenando, no sólo un traumatismo administrativo, sino problemas de convivencia. En algunos sectores han sido denunciadas amenazas de muerte.
´Ese cambio ha creado unos vacíos jurídicos para los cuales muchas JAC no estaban capacitadas para asumirlos. Esto conllevó a que varios hicieran sus elecciones como siempre se habían hecho. Inclusive, dentro de la nueva ley aparece un parágrafo transitorio en el que se establece que el 2021 y 2022 había que regirse por la Resolución 1513 del 22 de septiembre”, dice el presidente.
El contenido del acto administrativo convocaba a votaciones el 28 de noviembre del año anterior, para escoger una nueva plancha que tomaría posesión el primero de febrero del 2022. No obstante, el mismo impase legal obligó a que el ejecutivo local iniciara el proceso de nulidad electoral para quienes no se ajustaron al cambio de ley.
“En la Secretaría de Gobierno hubo cambios en el personal jurídico y no se revisaron a tiempo esas modificaciones, por eso muchas juntas posteriormente fueron suspendidas porque iban en contra de la reglamentación. Teníamos un reporte de 102 juntas de las 279 válidamente registradas. Como Federación hemos venido tratando algunos temas específicos en los barrios donde hacían falta elementos de documentación, pero hay otros lugares que tienen problemas mayores y jurídicos, como reclamaciones”, indica Guerra.
La mayor urticaria entre los comunales está relacionada con el cociente electoral, el cual tiene como fin garantizar el derecho a la participación de todos los afiliados que se postulan para obtener un cargo directivo. En otras palabras, es una fórmula matemática que permite organizar según la votación quién puede ocupar las vacantes.
“Muchos de esos cocientes fueron mal diseñados y esto conlleva a que personas que no deberían estar en cargos, actualmente los ostenten, dañando el proceso eleccionario que ha fomentado conflictos y amenazas entre los presidentes”, puntualizó.
Los barrios Simón Bolívar y la urbanización El Parque, son muestra de los efectos colaterales de las vacilaciones en la aplicación de la norma. Aunque los problemas son generalizados, esto ha repercutido en la elección de los miembros de la Asojuntas, la Federación y la Confederación Nacional de las JAC, que estaban para que empezaran su periodo desde el primero abril, primero de junio y primero de septiembre, respectivamente.
SOLICITUD DE LA PERSONERÍA
El pasado mes de julio, la Personería del distrito le pidió a la Secretaría de Gobierno que suspendiera las elecciones de dignatarios de Juntas de Acción Comunal, que estaban por desarrollarse, según por el incumplimiento de lo establecido en la norma para realizar este proceso.
Del mismo modo, el despacho del ministerio público ofició a la alcaldía sobre la incertidumbre que mantenían algunas JAC por las nulidades que se estaban expidiendo, dado que, los involucrados no conocían los fundamentos de derecho que habían motivado la controversial decisión.
Los comunales esperan que se resuelvan los inconvenientes legales para que finalicen los enfrentamientos y las discusiones, pero, además, para que se puedan realizar las gestiones que urgen en cada sector. En total son 23 dignatarios por junta, o sea, unos 2.346 líderes sociales que hacen falta por escoger en Santa Marta.
