El eventual regreso de los españoles el espanto que nadie quiere

Todos lo consideran como un espanto. Pero más allá de que el solo nombre asuste por lo depredador que es su presencia, la preocupación salta a la vista por el enorme perjuicio que a las finanzas del país le haría.

La posibilidad de que la española Gas Natural Fenosa (GNF) retome el control de Electricaribe, su filial en Colombia intervenida en 2016, plantea riesgos «considerables» para los intereses del Estado colombiano, advirtió en su momento el contralor general del país, Edgardo Maya.

De acuerdo con el funcionario es necesario conocer las acciones que se están empleando para evitar que se hagan efectivas las garantías que ha otorgado la Nación para las compras de energía de Electricaribe y, en caso extremo de que ocurra, verificar cómo se garantizará la devolución de los recursos.

Adicional a esto, recordó que las garantías otorgadas por la Nación ascienden a 135.000 millones de pesos y que adicionalmente tiene un crédito de 320.000 millones de pesos para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera.

«Los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos», manifestó el contralor Maya.

El ente de control también llamó la atención para que el pasivo pensional a cargo de la empresa, alrededor de 1 billón de pesos, no vaya a quedar nuevamente bajo la responsabilidad del Estado.

La Contraloría dijo que no se le entregó la información relevante para su ejercicio auditor, relacionada con la revisión de un contrato entre Electricaribe y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), por 6.000 millones de pesos, para apoyar a la empresa en la estructuración e implementación de la solución adecuada para lograr la continuidad del servicio público.

Electricaribe, intervenida en 2016 por problemas financieros que afectaron la prestación del servicio, suministra electricidad a 2,5 millones de clientes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre.

Tras la intervención de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos dispuso la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio.

A esas medidas, Gas Natural Fenosa respondió con un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación.