Proyecto está en segundo debate  política criminal, prioridad en el Senado

El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, presentó la propuesta de proyecto de ley que pretende poner en marcha medidas orientadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones encargadas de formular e implementar la política criminal.

 

Con esta iniciativa se buscan algunas despenalizaciones y descriminalizaciones

 

Un proyecto de ley que busca fortalecer la política criminal y penitenciaria, será una de las prioridades de la plenaria del Senado a partir de mañana martes.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, presentó la propuesta de proyecto de ley que pretende poner en marcha medidas orientadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones encargadas de formular e implementar la política criminal. “Esto es un compromiso que tiene el Consejo con el país, un proyecto de trascendencia mayúscula”, aseguró el Ministro.

El alto funcionario dio a conocer algunas de las despenalizaciones y descriminalizaciones que podrían ser eliminadas del Código Penal al ser consideradas como conductas punibles que podrían estar reguladas por otro sector del derecho penal.

Además aseguró que se realizarán algunas incorporaciones con una serie de delitos que se habían creado a través de leyes ordinarias, pero que se encontraban dispersos en la legislación; estos son: tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras, fraude en el registro de víctimas, entre otros.

“Venimos trabajando en un proyecto donde hay una modificación muy importante en materia de política criminal y penitenciaria, hemos avanzado en su construcción. En cuanto a la política penitenciaria nos hemos enfocado en trabajar en aspectos como la libertad condicional, los subrogados, las rebajas de pena entre otros”, dijo Gil Botero que además señaló que con este proyecto el Ministerio está en búsqueda de una política criminal coherente, eficaz y eficiente.

Frente al régimen penitenciario y medidas alternativas al encarcelamiento, el alto funcionario señaló que esta parte del proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de ejecución de las sanciones penales a través de medidas orientadas a la racionalización del uso de la prisión.

Gil Botero sostuvo que este proyecto de ley no es el fruto de una sola entidad, es la conjunción de sinergias en su elaboración, de un análisis de todas las entidades y de unas discusiones que fueron muy conciliadas e interesantes.

 

UNA NUEVA FIGURA PENAL

La figura de ‘prestación de servicios de utilidad pública’ es definida como el “servicio no remunerado que, en libertad, ha de prestar la persona condenada a favor de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales”; es una de las más notables novedades del proyecto.

Con esta figura, el condenado en libertad realizaría tareas a favor de organizaciones sin ánimo de lucro o entidades públicas a modo de pena sustituta.

Dentro de esta figura se establecen como penas sustitutas la “recuperación o mejoramiento del espacio público; apoyo o asistencia a las víctimas siempre que estas lo acepten; asistencia a comunidades vulnerables; realización de actividades de carácter educativo en materia cultural, vial, ambiental, y otras similares que permitan el restablecimiento del tejido social afectado por el delito”.

A este beneficio se podrán acoger los condenados a seis años o menos que no tengan antecedentes en los cinco años anteriores, entre los que se encuentran los responsables de robos menores, lesiones con incapacidad menor a 90 días, la inducción o ayuda al suicidio y algunas modalidades menores de tráfico de drogas.

Además, el juez podrá decretar “la suspensión de la ejecución de la pena para las mujeres” condenadas por delitos como narcotráfico, siempre y cuando se demuestre que “la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad y necesidades de manutención del hogar”.

 

DESPENALIZACIÓN DE DELITOS

En este proyecto se propone despenalizar de conductas que hoy son consideradas como delitos. De esta forma, se recoge la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez de despenalizar conductas que podrían ser resueltas por otras vías y que congestionan la administración de justicia.

Entre estas conductas se encuentra la inasistencia alimentaria, el delito en el que incurren los padres que no atienden las tareas de manutención de sus hijos. De esta forma, el padre irresponsable no terminaría en la cárcel, dado que, entonces, la persona tendría menos oportunidades de cumplir con su obligación. Además, ahora bastará que un defensor de Familia lo determine para que se oficie directamente al empleador y éste “realice inmediata y periódicamente el descuento de la cuota fijada, sin necesidad de trámite adicional alguno”.

La iniciativa también despenaliza el capítulo del Código Penal relacionado con la injuria y la calumnia. Según establece la propuesta, “la decisión de volver delito una conducta humana debe ser la última de las decisiones. Existen otros mecanismos diferentes al derecho penal a través de los cuales se pueden amparar el honor, la honra, el buen nombre”.

BOGOTÁ