Desafío sin impunidad, el mudo está pendiente

Con la puesta en marcha de la Justicia Especial de Paz arrancó la aplicación de uno de los puntos cruciales del acuerdo con las Farc para la terminación del conflicto. Además de aplicar la justicia a hechos execrables cometidos a través de medio siglo en Colombia, el desafío que tienen sus integrantes será el de hacer brillar la verdad y procurar la reparación que lleve a la reconciliación de nuestra sociedad.

La tarea de los 51 magistrados colombianos que serán acompañados por 14 juristas extranjeros, es enorme. Durante los próximos 15 años, prorrogables por otros 5, ellos deberán investigar y juzgar los hechos que causaron muerte y desolación en miles de familias; que destruyeron comunidades, azotaron en muchos casos con saña, a personas desarmadas y violaron los derechos humanos de centenares de miles de seres humanos.

El reto es pues enorme. Para ello se creó una jurisdicción especial, inédita en el mundo. Es un mecanismo excepcional con un contenido político que cambia las penas de pérdida de la libertad, reduciéndolas o eliminándolas, sin que ello implique renunciar a la condena. Será aplicada a autores de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y violaciones a la dignidad humana que se hayan presentado de manera voluntaria, hayan confesado sus responsabilidades y estén dispuestos a reparar a sus víctimas.

El proceso se inició hace varios meses con las llamadas postulaciones. Hasta ahora, la JEP ha recibido 6475 solicitudes con la intención de plegarse a ella, incluidas las de los jefes de las Farc que se integrarán al Congreso de la República a partir del próximo 20 de julio. Para ello existen 7916 actas de sometimiento que incluyen 6094 excombatientes y han generado 3666 órdenes de libertad condicional.

Aunque esta será una jurisdicción especial, debe recordarse que no es independiente, como lo precisó la Corte Constitucional hace algunos meses. Tampoco será un organismo de carácter político ni podrá tener visos ideológicos, a pesar de que tiene su origen en un acuerdo de paz que crea excepciones al ordenamiento jurídico. Su compromiso es pues ayudar a encontrar la verdad y procurar el resarcimiento a las víctimas de una violencia cruel y devastadora que se abatió por décadas contra nuestra Nación.

Hacer ese esfuerzo no puede implicar la impunidad para los autores de hechos que deben ser descubiertos en su integridad para bien de Colombia. Por el contrario, debe ser el compromiso por fijar responsabilidades claras y aplicar la justicia a quienes sean condenados, sin importar si eran miembros de la guerrilla o agentes del Estado.

Pero, recalcamos, debe primar la aplicación de la justicia. De su equilibrio y objetividad dependerán en gran parte la reconciliación de un país que busca con denuedo la paz, aunque aún tiene muchas dificultades para alcanzarla.

Los ojos de los colombianos y los del mundo están puestos sobre la Jurisdicción Especial de Paz. A partir de ahora, sus magistrados tendrán en sus manos un mecanismo de justicia excepcional, dirigido a encontrar la verdad y lograr la reparación para las víctimas del horror que ha padecido Colombia.