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Desarticulan banda que matriculaba vehículos en el país
Las autoridades calculan que esta organización pudo haber dado una supuesta legalidad a 549 vehículos, los cuales ingresaron por el paso fronterizo de Paraguachón (La Guajira), por lo que el fraude al Estado podría superar los 1000 millones de pesos.
La Policía Fiscal y Aduanera, junto con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), desarticularon en las últimas horas una banda que matriculaba en el país vehículos robados en Venezuela para luego comercializarlos en varias regiones de Colombia.
“Gracias a diversas técnicas de investigación criminal, quedaron al descubierto diversas maniobras engañosas, entre ellas el uso irregular del beneficio de internación temporal, que consiste en un permiso para transitar vehículos venezolanos en los municipios de Riohacha, Maicao, y Molino (La Guajira), con el único fin de matricular carros en Colombia y comercializarlos ilegalmente en varias regiones del país”, indicó la Policía Fiscal.
Las autoridades calculan que esta organización pudo haber dado una supuesta legalidad a 549 vehículos, los cuales ingresaron por el paso fronterizo de Paraguachón (La Guajira), por lo que el fraude al Estado podría superar los 1000 millones de pesos.
red del “Carrusel ilegal de comercialización de vehículos”, quienes eran los que coordinaban toda la estrategia para pasar los vehículos desde Venezuela, hacer los trámites y luego venderlos en el país.
El cabecilla de la organización fue identificado como Ricardo Arturo Rois, actual jefe de la oficina de Internaciones del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Maicao, quien habría emitido resoluciones que autorizaban la movilización temporal de los automotores que ingresaban desde el país vecino, y al parecer, coordinaba la expedición de placas y documentos para aparentar una supuesta legalidad al interior del país.
De acuerdo con la Policía, Rois recibía cerca de 1.800.000 pesos por hacer estos trámites, sin embargo, el monto también dependía del tipo de vehículo, las condiciones económicas de la persona que solicitaba el trámite y los problemas judiciales que tuviera el automóvil.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos al funcionario por contrabando en concurso heterogéneo con concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, entre otros.
Los siete detenidos aceptaron los cargos formulados por el ente investigador y fueron enviados por un juez a prisión domiciliaria.
BOGOTÁ COLPRENSA
