Petro decidió quedarse con la Essmar

La Superservicios le respondió al Gobernador y la Alcaldesa, ratificándoles que por ahora no ´soltará´ la empresa. Sin embargo, guarda ´sospechoso´ silencio frente al caso de la cesión de Interaseo a su ´gemela´ Atesa. 

No hay ninguna diferencia, entre el Gobierno Duque y el de Petro. El primero intervino y se quedó con la empresa Essmar un buen rato. Y el segundo acaba de confirmar que decidió quedarse con ella (con la compañía), pese a que en plena plaza pública le prometió a los samarios devolvérselas, por cuanto lo consideraba un ´raponazo´ del entonces Gobierno nacional para con la entidad que maneja los servicios de acueducto, alcantarillado y supervisa el de aseo. Pero no será así, el ´raponazo´ segurirá en su segunda versión. Solo que el de ahora tendrá otros ribetes: la privatización de esos servicios para lo cual, el agente interventor, EPM busca al mejor postor.

En todo lo anterior se resume el oficio enviado por el superintendente Dagoberto Quiroga – funcionario que apenas tiene un mes de estar en el cargo pero que dicta cátedra sobre la intervención—al gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Jhonson.

CALLA ANTE EL CASO DE INTERASEO-ATESA 

Pero si bien es cierto que debía recurrir a todo el tecnicimos para explicarle a los gobernantes territoriales las razones de la continuidad del ´raponazo´ de la Essmar, esta vez no en tiempos de Duque, sino de Petro, el Superintendente de Servicios Públicos tuvo un comportamiento olímpico, cómplice y dudoso acerca de su deber ante el más grave de todos los casos que conoce hoy la Superservicios y su vigilada e intervenida empresa Essmar: el tema de Interaseo y la ´pestilente´ cesión del contrato de prestación del servicio de recolección de basuras. Pese a que ya reconoció que esa cesión ´huele´ a feo como las basuras que recoge, que teme que se haya violentado la ley, desconociéndose entre otros aspectos los derechos de los usuarios y la transparencia con la que se debió actuar; el Superservicios le hizo  honor a las gafas oscuras´ que usa. No vio nada. No mencionó un solo renglón acerca de lo que la misma entidad que hoy dirije consideró que esa cesión pudo haber violado la ley.

Como se sabe, desde un principio mandos medios—pero muy poderosos-  de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios han venido protegiendo de distintas maneras al grupo del empresario William Vélez a través de sus distintas empresas. Primero fue a través de Interaseo, a la que no le hicieron ni intervención, ni investigación y mucho menos le decretaron la caducidad del contrato pese a sus innumerables incumplimientos.

Cuando Interaseo se ´olió´ el tocino que le venía algo determinante por parte del Distrito, es cuando se procede a la intervención de la Essmar. Pero la estrategia iba mucho más allá, por cuanto el contrato de concesión se hacia insostenible, es cuando aparece la ´genial´ figura de la cesión del contrato la cual se hace al amparo de la madrugada, sin decirle nada al Distrito y mucho menos a la Alcaldesa, un trato  a la oscuridad, de espaldas a la comunidad y del Concejo Distrital. ´Todo fue  confabulado y amangualado con la entonces agente interventora puesta por la Superservicios para tal fin, la señora Yahaira Díaz. Lo hicieron en silencio, con sospecha de que algo no está bien´, dijo el presidente del Concejo Juan Carlos Palacio.

Pues bien, ante tremendo panorama, el nuevo gobierno de Petro y su superintendente Dagoberto Quiroga se hacen los de la ´vista gorda´, ignoran la situación, pero sentencian que seguirán con el ´raponeo´ de la empresa, condición que iniciara el Gobierno Duque, pero que en el Gobierno Petro le encontraron el ´gustico´y seguirán con ella.

LA RESPUESTA OFICIAL 

El Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, respondió la carta que envió el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Johnson, al presidente Gustavo Petro Urrego, donde solicitaban la finalización de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del distrito (Essmar), la cual inició en noviembre del año pasado.

Quiroga le envió un documento de tres páginas a los mandatarios locales exponiendo que, en el preámbulo de analizar el escenario, ordenó una revisión y análisis del contexto integral de los diferentes aspectos ante un eventual levantamiento de la intervención forzosa y los riesgos de una salida institucional en ese sentido, con el consecuente efecto negativo inmediato para garantizar a los samarios la prestación de los servicios a su cargo.

El funcionario asegura que al término de esa evaluación encontraron, entre otros, un riesgo financiero, uno jurídico y uno de carácter técnico, los cuales los llevaron a prorrogar la intervención y a designar como agente especial a Empresas Públicas de Medellín (EPM) debido a las características de dichos aspectos.

“Ante la eventualidad del levantamiento, encontramos un riesgo financiero con un impacto importante sobre la Essmar y la sostenibilidad en la prestación de los servicios a su cargo, principalmente por la inminente exigibilidad por parte de los acreedores de la empresa por concepto de deudas pre-toma, por un valor cercano a los $72.000 millones, aproximadamente $22.000 millones de éstos son fiscales, y que corresponden a aquellas obligaciones a cargo de la empresa intervenida cuyos pagos se encuentran suspendidos como una de las medidas adoptadas en la orden de toma de posesión”, dijo el superintendente.

Por otro lado, en la respuesta a la misiva enmarcó que el déficit operativo proyectado por la empresa para diciembre de 2023, estará en el orden de los $17.000 millones, cuyas situaciones de riesgo se enmarcan principalmente en la dificultad inmediata que se ocasionaría para el pago de obligaciones a los proveedores.

El Superservicios considera también que este riesgo traería, además, otros efectos tales como la generación de intereses moratorios, que se encuentran suspendidos por efecto de la medida de intervención, órdenes de embargo que por dicha medida no proceden en la actualidad, imposibilidad de acceder a líneas de crédito, dificultad con los proveedores para el despacho oportuno de insumos, suministros y materiales indispensables para la operación, embargos de las cuentas y su consecuente paralización de la operación.

Para Quiroga acceder a la petición de la alcaldesa y el gobernador, podría ocasionar una afectación en la continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esto sumado a las demandas y cobros coactivos por parte de los acreedores.

“Señor Gobernador y señora Alcaldesa, me permito convocarlos a que trabajemos de manera armónica en la búsqueda de las soluciones que requiere Santa Marta en materia de agua potable y saneamiento básico, uniendo esfuerzos desde al ámbito local y nacional para lo cual esta Superintendencia está abierta a las concertaciones que se requieran para el efecto”, puntualiza la carta.

LIQUIDAR LA ESSMAR Y LA PROMESA DE PETRO  

Todo parece indicar que aquella promesa hecha en plaza pública durante la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, se la llevó el viento: “a los samarios, les voy a devolver la Essmar. Esa empresa se la raponearon (en el Gobierno Duque) sólo porque los gobernantes de Santa Marta y el Magdalena piensan distinto”.

Pero ‘del dicho al trecho, ha habido mucho trecho’, porque además de continuar con la intervención, cabe la posibilidad que la empresa de los samarios sea liquidada con posibilidad de privatizar los servicios, algo así como retornar a los tiempos de Metroagua.

Un grupo de inversionistas españoles, aún por identificar, estaría detrás de cooptar el agua, alcantarillado y aseo en Santa Marta, para lo cual estaría intermediando EPM. Los opinadores públicos y líderes políticos del distrito, aseguran que la llegada de EPM es un trampolín para desbancar al sector público del manejo de esta compañía que lleva cuatro años. Otros apuntan a que la gerencia asumida es el negocio de contraprestación a los líos que la empresa antioqueña tiene con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Tal como lo publicó HOY DIARIO DEL MAGDALENA el pasado domingo, la empresa, en manos del holding español, recalcularía la operación, ajustaría tarifas, incluida la utilidad, y contrataría con el distrito de Santa Marta una tarifa contractual, sin incluir inversiones.

EL PROYECTO DEL AGUA  

Quiroga, también se pronunció ante el proyecto para mejorar el sistema de acueducto “El Curval”, avaluado en $2.2 billones. Informó que, desde su despacho, en el marco de sus facultades, ha realizado todos los esfuerzos posibles encaminados a que avance esta solución para la prestación del servicio de acueducto en Santa Marta.

La Essmar continuará ejerciendo la interventoría administrativa, técnica y financiera a la consultora de la elaboración de los estudios y diseños de las obras, costeados por CENIT, filial de Ecopetrol, y ejecutados por el consorcio Sanear. A la fecha, dichos diseños están en fase IV y va en un 82%.

Ante esta situación embarazosa entre el ejecutivo local y presidencia de Petro, Quiroga, como abogado del diablo, señala que EPM cuenta con las facultades requeridas para adelantar este proceso y afrontar los retos que tiene la empresa. Y una vez sean superadas las causales invocadas, el fin será “devolver a la ciudadanía del Magdalena y Santa Marta sus instituciones, una Essmar sólida y sin riesgos”.