Reversazo del Gobierno en el sometimiento de bacrim

 

La postura del presidente contradice parte del contenido del proyecto que fue radicado por el ministro de Justicia Enrique Gil Botero.  Éste último explicó al radicar la iniciativa, que los grupos armados que se sometan deben entregar sus bienes, colaborar con la justicia, «entregar las rutas» de narcotráfico, sembradíos de coca y a los menores que tengan en sus filas.

 

El gobierno dio un giro en su postura frente al proyecto para el sometimiento de las bandas criminales, que esta semana presentó a consideración del Congreso. Durante un Consejo de Ministros, el presidente Juan Manuel Santos le dio la razón al Fiscal General Néstor Humberto Martínez quien criticó el proyecto por las gabelas que se darían a los criminales.

Al término de la reunión, el jefe de Estado se mostró de acuerdo con el Fiscal, y le garantizó que este proyecto no beneficiará a los disidentes de las Farc, sobre todo como aparece en el proyecto que se les daría un 50% en la rebaja de penas si confesaban sus delitos.

En un twitter, Santos dijo: “señor fiscal @FiscaliaCol, estamos de acuerdo. Las disidencias no tendrán beneficio alguno. Las estamos persiguiendo y las perseguiremos con toda la contundencia.

 

OPERATIVOS

Así mismo, pese a que avanza el trámite de este proyecto que permitiría un sometimiento colectivo de las bandas como ‘El Clan del Golfo’ y otras estructuras ante la justicia, el mandatario aseguró que continúan los operativos contra estas organizaciones criminales.

Así lo confirmó el Presidente al señalar que “ocho equipos ya están en las regiones del país trabajando para desarticular bandas criminales y llevar ante la justicia a responsables de homicidios. Con más inteligencia e investigación salvamos vidas”.

Esta reacción del mandatario se debe a las críticas del Fiscal que advierte que existiría un limbo jurídico, teniendo en cuenta que los disidentes podrían constituirse en bandas criminales para acceder a beneficios jurídicos.

Sin embargo, la postura del Presidente contradice parte del contenido del proyecto que fue radicado por el ministro de Justicia Enrique Gil Botero.  Éste último explicó al radicar la iniciativa, que los grupos armados que se sometan deben entregar sus bienes, colaborar con la justicia, «entregar las rutas» de narcotráfico, sembradíos de coca y a los menores que tengan en sus filas.

Señaló posteriormente que, «tendrán derecho a una rebaja del 50 % de la pena», si bien declaró que habitualmente quienes cometen delitos en las bandas afrontan penas de 60 años, por lo que espera que esa rebaja no cause «alarma social».

Puntualizó que esa rebaja está «constituida en la jurisdicción ordinaria» cuando hay colaboración. «O sea, no se está creando margen de impunidad», dijo Gil, quien insistió en que no se está haciendo negociación alguna o sometiendo a la justicia transicional.

 

INFORMACIÓN

El titular de la cartera de Justicia aseguró que sólo a través de un representante que designe el grupo armado organizado, se le manifestará de manera escrita al Gobierno nacional la voluntad de sujetarse colectivamente.

Dicha solicitud deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo, información precisa que señale su estructura y las conductas delictivas que serán reconocidas.

Con este proyecto, la cartera de Justicia busca fortalecer el sistema específico de normas y mecanismos procesales y de investigación que permita a fiscales, jueces y servidores de policía judicial, enfrentar oportuna y eficazmente a los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y a los Grupos Armados Organizados (GAO). Así mismo, define un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de los GAO, sin que esto signifique, en ningún momento, su reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional.

 “Este es un proyecto que está dirigido a toda la criminalidad en el país que se encuentra dividida en grupos delictivos organizados y grupos armados organizados;  buscamos fortalecer la investigación de hechos punibles cometidos por bandas criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización de los miembros de las mismas; los beneficios que contempla este proyecto son para la sociedad colombiana”, dijo el jefe de la cartera de Justicia.

El proyecto de ley es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del Acuerdo Final de La Habana. Dicha iniciativa está estructurada sobre tres títulos: 1. El ámbito personal de aplicación de la ley; 2. Las medidas de fortalecimiento de la investigación, y la judicialización de los grupos y organizaciones criminales y, 3. Establece un procedimiento especial para la sujeción de los grupos criminales en este orden. En ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición.

Además el Ministro Gil Botero dijo que a través del representante se recibirá una relación detallada de sus bienes, información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de esa organización e identificar las víctimas que serán reconocidas, junto con un plan para repararlas.

El alto funcionario aseguró que las disidencias de las Farc pueden ser conocidos como grupos armados o delictivos organizados, que si llegasen a hacer sujeción se podrían someter al imperio de esta ley, una vez sea surtido su trámite en el Congreso.

BOGOTÁ COLPRENSA