Toma al Palacio de Justicia: ¿una lucha de 37 años de impunidad?

Este 6 y 7 de noviembre se cumplen 37 años de uno de los hechos violentos más impactantes de la historia de Colombia: la toma y retoma del palacio de Justicia en 1985.

Tras la toma del palacio de Justicia por 35 hombres armados del M-19 para hacerle juicio popular al entonces presidente Belisario Betancourt, el ejército perpetró una violenta retoma al palacio con magistrados, funcionarios, abogados y visitantes dentro.

El resultado aún incalculable hoy, más de un centenar de muertos y al menos 11 desaparecidos. Sin embargo, 37 años después las víctimas exigen justicia y verdad sobre los hechos y responsables.

Durante el acto de conmemoración realizado en la Corte Suprema de Justicia el viernes 4 de noviembre, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez, quien en ese momento era el administrador de la cafetería y desaparecido en la toma, expresó su desconfianza a la justicia tras tantos años de impunidad.

«Durante 37 años, nuestra labor ha sido marcado por la impunidad, un pacto de silencio que persiste, nuestra lucha por encontrar la verdad y la justicia es un clamor a oídos sordos», aseguró Rodríguez.

Únicamente hasta el año de 1998, trece años después, se logró una acción que parecía encontrar respuestas a los desaparecidos: la exhumación de la fosa común del cementerio del sur, logrado gracias a la labor del abogado Eduardo Umaña Mendoza, asesinado posterior al hecho.

“La lucha de los familiares de los desaparecidos es lo que permite que se conozcan las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, que se haga reconocimiento de las víctimas y que se haya realizado una mejor investigación de lo ocurrido en el Palacio de Justicia”, dijo Rodríguez.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS RESPONSABLES INVESTIGADOS DE LA TOMA AL PALACIO?

La fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Angela María Buitrago, adelantó una investigación profunda con documentos recolectados desde 1985. Allí encontró como presuntos responsables de la desaparición forzada a cuatro altos mandos militares.

Mayor General (R) Iván Ramírez Quintero: Absuelto en primera instancia, este proceso se encuentra en el Tribunal Superior de Bogotá pendiente de fallo desde hace más de 10 años.

Coronel (R) Enrique Sánchez Rubiano: Condenado en primera y en segunda instancia, el proceso se encuentra en la Corte Suprema, aún sin decisión.

Coronel (R) Luis Alfonso Plazas Vega: Condenado en primera y en segunda instancia, pero absuelto por la Corte Suprema de justicia.

“Cómo es posible que uno de los argumentos de esa corte haya sido que no hay una prueba directa para establecer la responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros seres queridos, cuando este delito admite prueba indirecta para demostrar la responsabilidad. Esto nos causó una gran decepción y desconfianza frente al poder judicial”, aseguró Alejandra Rodríguez.

General (R) Jesús Armando Arias Cabrales: Condenado en primera y segunda instancia. La corte Suprema mantuvo la condena como coautor de la desaparición forzada a 35 años de cárcel. En 2020 solicitó su ingreso a la JEP y en 2022 solicitó revisar la única sentencia en firme sobre los hechos del Palacio de Justicia.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por “ciertas violaciones de derechos humanos”, ocurridas el trágico 6 de noviembre de 1985 por los delitos de desaparición forzada, torturas y una ejecución extrajudicial

Según el Tribunal Internacional se demostró “que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”. Así mismo, ordenó al estado que “debe efectuar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

Sin embargo, según explica Rodríguez “la actitud de la Fiscalía frente a la desaparición forzada de nuestros seres queridos ha sido negarlas y pretendiendo borrar la condición de desaparecidos de nuestros familiares bajo la teoría de errores de identificación”.

¿QUÉ ASEGURA EL GOBIERNO?

El ministro de justicia, Néstor Osuna, expresó su mensaje de reconciliación y aceptando las demoras excesivas en la justicia.

“El mensaje desde el Gobierno es de reconciliación y comprensión, pero con la esperanza de un país más pacífico. Sobre la justicia es cierto que ha habido una dilación excesiva y esperemos que pronto ese capítulo llegue a su final», expresó.

Igualmente, calificó de la presencia del presidente Gustavo Petro en la conmemoración, como «la mayor importancia simbólica y política de que somos una misma sociedad».

/Colprensa