La ‘bacanidad’: descomposición social y muerte

Ha llegado el momento en que la sociedad colombiana dé el debate frente a la ´bacanidad´ que generó la legalización de la llamada dosis mínima que desembocó en menos de una década que el consumo interno de drogas se haya disparado entre nuestros niños y adolescentes, como consecuencia de ese nefasto y absurdo fallo que produjo la Corte Constitucional y cuyas consecuencias han resultado fatales para el país.

El ‘bacan0’  que la promovió no sospechó del enorme daño que le causaba a nuestra juventud. Sólo le interesó el título de que se trataba de una Corte de ´avanzada´, interprete de las nuevas realidades, pero promotora del insospechable perjuicio que le ocasionaba a la familia, razón fundamental de toda sociedad.

Hoy está nuevamente sobre el tapete este tema que gracias a la firmeza y postura con la que lo ha planteado el señor Fiscal General de la Nación, el país vuelve sus ojos a que mire hacia atrás toda la estela de muerte, adicción  y destrucción que nos ha dejado la ´bacanidad´, la cual de paso, se ha robustecido de tal manera que ya tiene defensores encumbrados en otras cortes que la defiende a capa y espada, sin importar que los niños se sigan envenenando y los jóvenes matando.   

Lamentablemente en la lucha contra la venta y consumo de drogas alucinógenas uno de los flancos más débiles es el combate al microtráfico, que se ha convertido en uno de los negocios ilegales de mayor rentabilidad. No es sino recordar el estudio que hiciera hace un par de años el Departamento de Planeación Nacional, según el cual el narcomenudeo en Colombia movió en 2015 seis billones de pesos, equivalentes al 0,75 del PIB, como consecuencia del aumento del consumo de drogas ilícitas en el país. De ese valor estimado de mercado, 300 mil millones de pesos correspondieron a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, $2,5 billones a la banda delincuencial que la distribuye y $3,2 billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo.

En medio de la recién terminada campaña electoral al Congreso y en la presidencial todavía en marcha se ha debatido mucho alrededor de cómo combatir el microtráfico y no en pocas de esas discusiones se planteó la tesis de que la única forma de avanzar sustancialmente contra este flagelo es reformando la despenalización del porte de la dosis personal de droga. Como se recuerda, esta fue establecida por una sentencia de la Corte Constitucional en 1994, pero en 2016 la Corte Suprema de Justicia la llevó aún más allá al establecer que el Estado no podía regular la cantidad máxima de gramos que un adicto podía cargar de determinado narcótico -como venía rigiendo desde hace muchos años-, sino que la dosis personal de droga que un toxicómano requiere diariamente depende de su grado de adicción y de las condiciones biofisiológicas de cada quien. En otras palabras, que el tamaño de la dosis personal debe fijarse individualmente, según el grado de narcodependencia específico.

Aunque desde algunos sectores se insiste en que el tema de la drogadicción se debe abordar no como un problema penal y con enfoque represivo, sino como un asunto de salud pública y con énfasis de rehabilitación del narcodependiente, lo cierto es que en el Congreso ya cursan proyectos que plantean volver a penalizar el porte de la dosis mínima o, como el radicado hace dos semanas por el Presidente de la Cámara de Representantes, que buscan establecer sanciones como arresto por 24 horas, trabajo social y rehabilitación para aquellos que consuman y porten sustancias psicoactivas en espacio público, lugares abiertos, o que siendo privados trasciendan a lo público.

Sin embargo, la discusión del delicado tema tendrá ahora una dimensión más alta a partir de lo anunciado por el Fiscal General de la Nación, quien al dar el parte del referido operativo contra el microtráfico, anunció que el próximo 20 de julio radicará en el Congreso un proyecto de reforma a la ley 130 de 1986 en la que se regula lo relativo al porte de la dosis mínima. Esto bajo la tesis de que ese permiso legal terminó siendo utilizado por la delincuencia como un ‘escudo’ para camuflar el microtráfico, ya que los jíbaros se dedican todo el día a llevar de un lado para otro pequeñas cantidades de droga para la venta, pero cuando la Policía los captura alegan que esos estupefacientes son para su consumo personal de varios días o semanas, constituyéndose así en una burla a la justicia.

Es claro que el próximo Congreso tiene desde ya una difícil tarea en la discusión sobre qué hacer con este delicado tema de la dosis mínima de estupefacientes, no solo por el aumento alarmante de la drogadicción en Colombia y la amenaza creciente de las mafias del microtráfico, sino por la patente de corso en que su despenalización se convirtió para burlarse de las autoridades y la justicia. Ojalá el Parlamento entrante esté a la altura de este desafío legislativo.