Un proceso condenado al fracaso

Ayer se reiniciaron las negociaciones entre el gobierno Santos y la guerrilla del Eln con miras a establecer las reglas del juego de un nuevo cese el fuego y de hostilidades plantea, sin duda, un difícil reto para las partes. Es claro que este proceso de paz se encuentra en uno de sus momentos más críticos desde que se instaló a comienzos del año pasado la Mesa en Quito. Se trata de un proceso endeble, sin respaldo político que está condenado al fracaso.

La tregua que rigió entre octubre y enero pasados tuvo muchos altibajos. Si bien las cifras oficiales dan cuenta de que en esos tres meses largos el grupo insurgente disminuyó de forma sustancial su accionar en materia de ataques a la Fuerza Pública, asesinatos, secuestros y hostigamientos de civiles, así como de atentados a la infraestructura, también lo es que hubo violaciones graves al cese el fuego bilateral y temporal. En segundo lugar, quedó en evidencia que la verificación de los compromisos de no adelantar acciones militares ofensivas entre dos bandos en un conflicto armado de tipo irregular, es muy complicada mientras no exista localización territorial de al menos una de las dos fuerzas enfrentadas. Otra de las falencias advertidas, fue la relativa a la dificultad que implica la coexistencia de otros actores armados ilegales en las mismas zonas en donde opera históricamente el Eln, como las disidencias de las Farc, las bandas criminales y organizaciones ‘puras’ de narcotráfico y minería ilegal.

También fue obvio que hubo una diferencia estructural entre los esquemas de verificación y monitoreo que rigieron para el proceso con las Farc y los que se aprobaron para la sorpresiva tregua temporal pactada en Quito. El primero era organizado, con observadores internacionales de una Misión de Paz formal de la ONU, localización territorial del pie de fuerza subversivo en 26 zonas veredales y campamentarias, en tanto que el segundo fue improvisado, sin separación física de las tropas y con una instancia de observación y verificación muy endeble y activada a las carreras, a cargo de la Iglesia y algunos de los delegados de Naciones Unidas. Esto último explica por qué ambas partes en Quito se quejaron de la poca agilidad del mecanismo de monitoreo para investigar incidentes y señalar las responsabilidades del caso. Y, por último, pero no menos importante, está el hecho de que mientras rigió ese cese el fuego, el avance de las negociaciones sobre los temas de la agenda fue muy poco, lo que siguió quitándole piso político, apoyo de la opinión pública y, sobre todo, margen de acción al proceso. Algo aún más grave en medio del arranque de una campaña electoral al Congreso y la Presidencia de la República en un país que continúa fuertemente polarizado alrededor de cómo debe superarse el conflicto armado; si por la vía de una salida política o acudiendo estrictamente a la eliminación militar del contrario, en este caso la guerrilla.

Así las cosas, que el Gobierno y el Eln hayan regresado a  la Mesa para discutir las bases de un nuevo cese el fuego si bien genera esperanza, porque toda vida que se logre arrebatar de la espiral de la violencia es importante, se enfrenta a un escenario más complejo que el existente el pasado 9 de enero, cuando terminó la primera tregua. Es claro que la cruenta escalada terrorista desatada luego por esa facción insurgente, con atentados como el de Barranquilla y otras acciones criminales con alto saldo mortal, aumentó la desconfianza de la mayoría de los colombianos en la utilidad de las tratativas con una facción ilegal que no muestra ninguna voluntad real de paz. Y también es claro que en la recta final de la contienda por la Casa de Nariño, casi todos los sectores políticos y candidatos urgieron al Gobierno romper el proceso en Quito y redoblar la ofensiva militar contra esta guerrilla, sobre todo tras los importantes golpes asestados a varios de sus frentes y cabecillas en distintas partes del país.

Como se ve, el arranque de un nuevo ciclo de negociación en Quito se da en medio de un escenario difícil, casi que sin ningún margen de equivocación, y menos cuando la competencia por la sucesión de Juan Manuel Santos entra en su fase más definitiva. Si la cúpula del Eln continúa desafiante tanto en la Mesa como en materia bélica, el riesgo de que el proceso se rompa es muy alto, con coletazos impredecibles en materia no solo de orden público sino también en la coyuntura política y electoral. Así las cosas, la viabilidad de este proceso de paz tendrá, desde hoy, una exigente prueba ácida.