Paz Total e interpretación jurídica

Los tropiezos que en los últimos días ha sufrido la Paz Total como programa insigne del gobierno Petro, invaden no solo los terrenos políticos dentro y fuera de nuestras fronteras, sino especialmente los jurídicos, referidos a la interpretación y aplicación de algunas normas de derecho, que tienen que ver con la implementación del proceso de paz, autorizado por la Constitución Política y por la Ley. La libertad de algunos miembros de la llamada Primera línea de las protestas sociales y el levantamiento de las órdenes de captura que gravitan sobre jefes de organizaciones criminales, han recibido una férrea oposición jurídica tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía General de la Nación, organismos que han apelado a la autonomía judicial, y han expresado que el proceso de paz no puede servir para crear zonas poblacionales vedadas o desprotegidas por el Ejército, ni se pueden suspender las acciones militares contra la guerrilla ni contra el narcotráfico.

Además de los intereses políticos que subyacen en estas diferencias, las dos entidades plantean al Gobierno un conflicto jurídico-normativo que en últimas retrasa y dificulta el proceso de paz. No existe dudas -y así ha sido defendido por la jurisprudencia constitucional- que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los colombianos. Enlistado dentro de los más importantes derechos humanos, asegurar la convivencia pacífica representa igualmente uno de los fines esenciales del Estado. Surgen de este enfrentamiento dos nociones que enmarcan el tránsito del Estado Social de Derecho que defiende la paz y otros derechos fundamentales para la sociedad, hacia otros valores también protegidos por la Constitución Política y la Ley, como la autonomía judicial, el debido proceso, la protección a la población civil y otros, que tipifican el Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Como algunos de los protocolos exigidos para que el proceso de paz avance no han sido implementados por la Ley, estas indeterminaciones o vacíos normativos, especialmente frente al manejo de los derechos fundamentales, deben ser llenados por una ley nueva, o por la interpretación jurídica que debe hacer la Corte Constitucional a las leyes que representen los acuerdos parciales o finales de paz en el futuro. Y esta interpretación deberá hacerse bajo la égida de los derechos fundamentales, en donde el derecho a la vida y la dignidad humana, defienden la concepción principialista que la Corte ha defendido en muchas de sus sentencias como parte de sus pilares en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley.

Y en el sentido interpretativo anterior, en la valoración de los derechos fundamentales a la paz y a la vida, frente a otros derechos también esenciales como la autonomía judicial y el debido proceso invocados por la Fiscalía y la Procuraduría para la oposición a las medidas liberadoras, deberá tenerse muy en cuenta lo que la jurisprudencia superior ha denominado la “coherencia interna del orden jurídico en su conjunto”, para así evitar una colisión de derechos y de principios, acompañado de un ejercicio de ponderación, que consiste según la misma Corporación judicial en “evaluar el conflicto normativo entre dos derechos en el cual la limitación o restricción de un derecho resulta legítima, por lograr una mayor eficacia sobre otro u otros derechos o principios constitucionales”.

De tal manera que en esta confrontación o choque en la interpretación y aplicación de las normas que pretenden enrumbar el proceso de paz total, -derecho a la paz y a la vida versus autonomía judicial y debido proceso- deben primar el ejercicio de selección y aplicación de las normas que

garanticen la realización plena de unos derechos sobre otros, que en este caso, y aplicando el ejercicio de ponderación enunciada, la garantía del proceso de paz debe priorizarse sobre otro u otros derechos, como consecuencia de corresponder, en el intento de una paz total en la sociedad, a una mayor eficacia sobre otros derechos o bienes jurídicos fundamentales en discusión.

Acciones claves entonces en esta confrontación entre el Gobierno y la Fiscalía-Procuraduría: coherencia jurídica y ponderación.

*Abogado*Profesor universitario. *Escritor