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Petro defiende su decisión de asumir regulación de servicios

El presidente Gustavo Petro se defendió de las críticas tras anunciar que asumirá las funciones de controlar los servicios públicos domiciliarios en Colombia. 

Frente a los comentarios en redes, el mandatario colombiano ha contestado algunos y ha evidenciado los diversos motivos del por qué tomó la decisión.

“Explícame el soporte técnico para que las generadoras hidroeléctricas con embalses llenos pongan a $900 pesos el kilovatio hora, cuando normalmente era de 200? O por qué crecieron hasta en un 40% las tarifas de la Costa Atlántica?”, afirmó el presidente.

El director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), Jorge Restrepo, expresó que la regulación de los servicios públicos no se puede hacer por concertación, allí se refirió a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“La regulación no se hace por concertación. El gobierno dirigido por la ministra de minas cometió un nuevo error de método y contenido al dirigir la regulación de precios de la electricidad el año pasado”, expresó Restrepo.

A lo que contestó el presidente Petro: “Es cierto, propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fue burlado”.

El mandatario colombiano también ha asegurado que la decisión que tomó la faculta la Constitución Política.

“Cómo va a ser un error histórico asumir mis competencias constitucionales. La constitución del 91 le entregó al presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos, y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era el de las y los usuarios”, afirmó Petro.

LO QUE HARÁ

La decisión la tomó el mandatario colombiano teniendo en cuenta el artículo 370 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994 que “establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

«Que significa esto, que el presidente de la República, no el Congreso, no el ministro, la Fuerza Pública, no el alcalde, no el gobernador, sino que el presidente de la República por orden constitucional tiene la facultad de generar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que son el agua, la luz», expresó Petro en su discurso.

El jefe de Estado aseguró que, por ahora, esa será la decisión que mantendrá y en donde tomaría acciones frente a los servicios públicos.

«Pues este Presidente ha decidido no delegar sus funciones de las Comisiones de Regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo, entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice, primero el interés general y del usuario que se ha puesto es al revés en los últimos años en Colombia», afirmó Petro.

Según la Ley, en Colombia existen las Comisiones de: Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de Regulación de Energía y Gas Combustible y de Regulación de Telecomunicaciones.

Según la Casa de Nariño, el alcance de esta modificación le permite recuperar las facultades del presidente para regular y controlar las tarifas de energía y gas.

LAS REACCIONES 

El anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de asumir las funciones presidenciales que delegó en las Comisiones de Regulación de servicios públicos ha desatado todo tipo de críticas, a las cuales hasta el mismo presidente ha reaccionado.

El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Hernán Cadavid expresó: “La CREG, de la cual Gustavo Petro asumirá sus funciones, resulta que está compuesta por sus ministros y sus delegados. En realidad, lo que quiere es concentrar y abusar del poder. Una gran alerta”.

La exsenadora María del Rosario Guerra afirmó: “Muy peligrosa esta decisión de Gustavo Petro. Se pierden las garantías de independencia de los reguladores de CREG, CRA, CRC y demás. Señal negativa para los operadores y concentración de poder presidencial. Otro mensaje que afecta la inversión”.

El representante a la Cámara Christian Munir Garces afirmó: “Asumir las funciones de la CREG le da vía libre a Petro para tomar decisiones en el sector de minas y energía. Eso, sumado a la salida de Felipe Bayón de Ecopetrol nos obliga a mirar de cerca este sector. No vamos a permitir que manejen la política energética irresponsablemente”.

La senadora Paloma Valencia manifestó: “Este gobierno se entiende con el principio de la improvisación: El presidente asume el control de tarifas de servicios públicos El superintendente de SSPP no ha asistido a ninguna reunión de la CREG. Petro es su tributaria impuso las sobretasas al sector eléctrico Art 10”.

Entre las voces a favor, el excandidato presidencial Luis Pérez aseguró que el presidente Petro venía siendo engañado.

“Da la impresión de que la CREG y los dueños de la energía están engañando a la ministra y al presidente Gustavo Petro. La generación de energía sigue subiendo; la bolsa de energía es un mercado manipulado, con el silencio del gobierno y la CREG”, expresó Pérez.

Gremios de servicios públicos le responden  

Tras el anuncio del Presidente de la República, Gustavo Petro, de asumir el control de los servicios públicos, los gremios del sector de energía eléctrica y gas natural se pronunciaron.

A través de un comunicado afirmaron que los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos

servicios públicos esenciales para los ciudadanos.

«Sin embargo, las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes

prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos», aseguraron en dicho comunicado.

Dicen que es fundamental garantizar la seguridad jurídica, que permita contar con reglas razonables y estables, y mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico.

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