Salida de aplicaciones dejaría 8 millones de usuarios en la ´calle´

La Superintendencia de Transporte, en cabeza de Ayda Lucy Ospina, busca ponerles tatequieto a las apps de movilidad. Se trata de un proyecto de ley que no dejaría operar a ninguna aplicación de trans- porte en el país si es aprobado en el Congreso de la República. En consecuencia, más de 100.000 conductores quedarían sin empleo, mientras que más de ocho millones de usuarios quedarían desatendidos.

Según Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación, las plataformas serían bloqueadas en la web mediante procedimientos administrativos y podrían presentarse inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de conductores que utilicen la plataforma. Estas inmovilizaciones serían por un periodo de uno a tres meses y, además, se establecerían multas de hasta $10 millones para todos aquellos usuarios que intenten hacer uso de las mismas.

 “Este borrador de proyecto de ley del régimen sancionatorio de los Superintendencia de Transporte es una bomba atómica para las aplicaciones de movilidad. Otra consecuencia es que se desencadenaría una pérdida de trabajo muy importante que genera ingresos a través de plataformas. Esto también sería un impacto muy fuerte en los usuarios. Es- tamos delante de una prohibición absoluta de las plataformas digitales”, explica José Daniel López, presidente de Alianza In.

Desde este gremio aseguraron que esto es “algo inédito” que no ha ocurrido en otros países. Ante la falta de reglamentación también ha asegurado que han tratado de establecer acuerdos con el Gobierno. En la actualidad pagan 3% de sus in- gresos brutos.

En el país operan Didi, Cabify, Uber, InDriver, Taxis Libres, Picap y Uber. La mayoría de estas aplicaciones han decidido pronunciarse solo como gremio y no dar su voz individual. Sin embargo, desde Cabify quisieron mostrar su postura frente a los anuncios del Gobierno y asegurar que harán parte de los diálogos en marzo.

«Mostramos nuestra sorpresa y rechazo ante un proyecto que no considera la realidad social y económica del servicio de plataformas, el cual, hoy en día, constituye una fuente de generación de ingresos para miles de familias colombianos. Resulta altamente preocupante que por un lado el Gobierno manifieste su intención de expedir una regulación del servicio, que incluso ya ha contado con mesas de trabajo en el Ministerio de Transporte y, por otro lado, anuncie un proyecto de ley que le permitiría a la Superintendencia de Transporte imponer sanciones desproporcionadas a cualquier actor del ecosistema de plataformas”, dijo el equipo de la aplicación.

Para 2021, estas apps representaron 0,2% del PIB total del país. En esa línea, un estudio de Fedesarrollo mostró que, si estas plataformas dejan de operar en el país, 44% de los conductores estaría desocupado, 32% tendría otro trabajo independiente y 14% tendría empleo formal. En la actualidad, las plataformas digitales de economía colaborativa ocupan 0,7% de la población económicamente activa.

¿Qué pasa con la regulación de plataformas? 

Desde el año pasado, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que desmantelar las aplicaciones de transporte sería necesario para evitar que estas empresas tuvieran “una transferencia de riqueza nacional al exterior usando la fuerza laboral nacional”, ya que estas estaban operando ilegalmente y sin pagar tributos, que no están generando ningún tipo de regalía. Así mismo, en su momento dijo que lo mejor era analizar la situación y no proceder aceleradamente, ya que estas generaban un buen número de empleos en el país.

BORRADOR DEL PROYECTO  

El borrador de un proyecto de ley que viene estudiando la Superintendencia de Transporte, en el que se fijan los lineamientos para regularizar el servicio particular que se presta por medio de aplicaciones tecnológicas, provocó un enorme debate que llevó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a decir que el gobierno no presentará el proyecto sin haberlo discutido previamente con los involucrados.

El polémico proyecto, que se hizo viral en redes sociales, prevé sanciones económicas, inmovilización de vehículos e incluso el bloqueo de las plataformas en la red, para quienes ofrezcan el servicio de transporte sin cumplir con las exigencias que establece la ley.

Una vez empezó a conocerse el texto, transportadores expresaron su rechazo y algunos de ellos salieron a las calles y bloquearon la avenida Eldorado de Bogotá en la noche del lunes.

Según José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que impulsa estas aplicaciones, lo que está en juego es la subsistencia de cerca de 100 mil personas que viven de estas plataformas.

 “Alerta, en efecto, la Supertransporte alista proyecto de ley que acabaría con la operación de las plataformas de movilidad en Colombia dejando a más de 100.000 personas sin fuente de ingresos”, aseguró López, quien además señaló que no solo los carros particulares se verían afectados, hasta los mismos taxistas ya que existen más de 230 mil cuentas de usuarios del gremio amarillo inscritas en estas apps de movilidad.

De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, citado por Alianza In, si las plataformas dejaran de operar en Colombia, el  44% de los conductores no tendrían otra actividad económica en qué ocuparse, el 32% tendría que recurrir a un trabajo informal y solo el 14% contaría con un empleo formal.

De acuerdo con el mismo estudio, las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7% de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB.

El rechazo de los conductores de las aplicaciones llevó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a aclarar que el Gobierno no va a radicar ningún proyecto de ley sin que haya un consenso y a citar para este miércoles una reunión con representantes de las plataformas y conductores para conocer sus propuestas y opiniones.

«Nosotros no vamos a radicar por instrucción del presidente de la República ningún proyecto de ley mientras no haya consenso. Como cabeza del sector transporte sueño una mesa sentados todos, sin exclusiones, para construir un documento que ningún gobierno en el pasado ha querido asumir», dijo el ministro Reyes.

LAS SANCIONES DE LA DISCORDIA 

En el artículo 67, llamado: “Desconexión de medios de comercio electrónico – plataformas digitales”, se plantea que los medios de comercio electrónico o plataformas tecnológicas que ofrezcan servicios en el sector transporte o de cualquier manera, que directa o indirectamente contribuyan, permitan o faciliten satisfacer necesidades de movilización en vehículos particulares, que no cuenten con la autorización de la autoridad de transporte competente, serán bloqueados por los operadores de internet.

 “Se ordenará a los proveedores y operadores de redes y servicios de internet la desconexión de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por (30) días por evento, siempre que, establecido el carácter ilegal del servicio de transporte, en atención a la escala de su operación puedan distorsionar el mercado de los servicios de transporte”, dice la norma propuesta.

Una sanción calificada por Alianza In como una práctica implementada por “regímenes autoritarios” que distan de las profundas garantías democráticas del Estado colombiano, argumentando que el principio de neutralidad de red no solo es una garantía tecnológica y económica, sino que tiene relación con los derechos humanos, remontándose al pasado cuando la Superintendencia de Industria y Comercio en 2019 ordenó el bloqueo de la aplicación Uber en nuestro país, lo que generó un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro lado, en el artículo 35 se mencionan las sanciones que tendrían estos conductores. El borrador estipula que “cuando se compruebe que con el equipo se presta un servicio no autorizado, en este caso el vehículo y/o equipo será inmovilizado la primera vez por el término de treinta días, la segunda vez por sesenta días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de noventa días”.

Sanciones que no solo involucran al conductor sino al mismo usuario, pues en el artículo 51 de esta reforma “serán sancionadas con multa de doscientos cincuenta Unidades de Valor Tributario a los contratantes del servicio”, es decir, incluso hasta 10 millones de pesos.

El ministro Reyes, sin embargo, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que al usuario no se le puede sancionar por usar un servicio que el Estado ha permitido desde hace mucho tiempo. Señaló, eso sí, que el régimen sancionatorio es necesario porque en Colombia hay mucha informalidad en el transporte y ninguno de los gobiernos anteriores ha hecho nada para evitarlo.

Pese a que las aclaraciones del ministro Reyes calmaron los ánimos de los transportadores, se mantiene su preocupación, pues aseguran que existe una profunda contradicción entre los anuncios que hace el Gobierno y lo que está en el papel.

En una carta enviada al ministro Reyes, el gremio puso a su consideración los puntos de legalidad, libre empresa y legítima confianza, los cuales serían vulnerados por este proyecto de ley.

Para Alianza In, las plataformas digitales prestan servicios tecnológicos de intermediación, por lo que no pueden asemejarse a empresas de transporte, como lo ha reconocido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Reyes señaló el  compromiso  del gobierno  del  Presidente  Gustavo Petro  y  de  su  cartera  es  dar  solución  al vacío de reglamentación que existe, pero el que se conoció es solo un borrador, que seguirá siendo sujeto de modificaciones.

 “Yo no quiero nada oculto, que hayan negociaciones por fuera, este proyecto que se conoció como un borrador, puede tener cuatro, cinco, seis, siete versiones y por qué no, si es necesario que retiremos y lo tramitemos como un proyecto aparte el tema de plataformas, lo vamos hacer pero vamos a construir un consenso”, señaló.

 “Queremos  reiterar  nuestro  deseo  de  participar  en  la  construcción  de  reglas  de juego ciertas que protejan el trabajo de más de 100.000 personas, concretan la libertad  de  elegir  de  los  ciudadanos,  promuevan  la  movilidad  sostenible y dinamizan la  economía  digital”, puntualizó José López sobre la reunión de este miércoles.

«Lo que dice la Supertransporte»

“Recogimos aquellas observaciones de proyectos de ley anteriores relacionados, hicimos un inventario de todos los problemas en cuanto al cumplimiento de la norma y con todo un equipo jurídico se dio a conocer la primera versión”,  sostuvo la superintendente Ayda Lucy Ospina.

Asimismo, aclaró que en este documento no se ha prohibido el uso de plataformas móviles para los usuarios, sino que se regula la prestación de este tipo de servicios.

 “Nunca el proyecto de ley ha prohibido las plataformas, hay unos mensajes equivocados a través de las redes. El proyecto de ley nunca ha pretendido ni regular, ni proteger las plataformas, reconocemos que son un aliado para cumplir los objetivos en calidad de Transporte”,  afirmó la superintendente.

La Superintendente, dijo además que en la ley se enmarca la inmovilización de los vehículos particulares que prestan este tipo de servicios que se consideran de carácter público e indicó que este punto no es un tema nuevo.

 “Yo no me estoy inventando una inmovilización nueva,  ni mucho menos, aquí lo que estamos simplemente es estableciendo y tratando de dar unos criterios claros de cómo se debe cumplir la función de inspección, control y vigilancia”, sostuvo Ayda Lucy Ospina.

En ese mismo sentido, destacó que lo que se busca desde el Gobierno Nacional, es responder a unas solicitudes que venían desde hace tiempo atrás. Así como hacer un enfoque en el sentido de definir cómo hacer cumplir las leyes que están vigentes.

En cuanto a la regulación de la prestación del servicio por parte de vehículos particulares, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, detalló que esta decisión dependería del Congreso de la República de acuerdo con un cambio estructural en la política pública del transporte, siempre y cuando no se vulnere con la ley los derechos constitucionales.