El censo de los venezolanos

El Gobierno colombiano ha tomado la decisión – tardía por cierto-  de empadronar a los venezolanos que han llegado huyendo del régimen que gobierna en la vecina nación, tras la desastrosa crisis de toda índole por la que atraviesan como consecuencia del ascenso al poder de un puñado de bandidos y narcotraficantes que le han hecho el peor daño en toda su historia a la Patria de Bolívar.

Miles de venezolanos angustiados por sobrevivir optaron por atravesar la frontera y se han refugiado en nuestro territorio. Quienes han venido con un propósito sano, seguramente que han encontrado condiciones favorables para quedarse. Pero no hay que confundir la ayuda humanitaria con la maldad política. De lo primero podemos dar hasta donde nuestros recursos alcance, para lo otro, el rechazo, la condena y adopción de medidas extraordinarias que restrinjan el propósito alevoso y malévolo del dictador que Gobierna en el vecino país, quien cree que abriendo de par y par las cárceles y comisarías, y expulsando de las colinas de los cerros a la gente pobre para no darle el sustento que se inventó con el llamado ´carnet de la patria´, va disuadir el inconformismo social que recorre los cuatro puntos cardinales de esa nación.

Ha llegado el momento en que el país dé el debate frente a la emergencia social que se está viviendo con ocasión de la indiscriminada migración de ciudadanos venezolanos que permanece en el territorio nacional

La única forma de afrontar la crisis social, económica, laboral y de otra índole que se está registrando en muchos municipios del país por la llegada masiva de centenares de miles de venezolanos en los últimos dos años, es estableciendo la dimensión real de esa población flotante que ha huido de su país en busca de alimento, medicinas, trabajo, posibilidad de progreso e incluso sólo para salvar sus vidas de la violenta persecución del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

De allí la importancia del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), que comenzará en Colombia el próximo viernes y se extenderá hasta el 8 de junio. Se trata de un trámite que podrán adelantar de manera gratuita en 51 municipios y 21 departamentos. La información aportada por los ciudadanos del vecino país será la base para formular una política integral y humanitaria de apoyo a estos centenares de miles de personas que se han distribuido por toda Colombia y que hoy no cuentan con asistencia mínima en salud, educación y otras garantías fundamentales.

Regularizar esa asistencia humanitaria es urgente, más aún porque no se puede esconder que la llegada masiva de los venezolanos en algunas regiones ha generado problemas con la población local por el desplazamiento laboral de mano de obra colombiana, aumento de la demanda de servicios públicos, incremento desaforado de vendedores ambulantes y comercio informal, y hasta picos de inseguridad urbana. Incluso, aunque se trata de casos aislados, se han denunciado casos de xenofobia así como de explotación laboral a los extranjeros que no han legalizado su estatus migratorio.

Si bien las estadísticas de Migración Colombia señalan que no serían más de 500 o 600 mil venezolanos los que ingresaron en los últimos dos años y no regresaron a su país, se cree que la cifra podría ser tres o cuatro veces mayor debido a que buena parte de los migrantes entraron de manera ilegal y no han legalizado su estadía en nuestra nación. Si bien semanas atrás se anunció un aumento en el pie de fuerza militar y policial en toda esa región, para nadie es un secreto que la línea fronteriza tiene más de 2.000 kilómetros y la cantidad de trochas no vigiladas muy grande.

Para que este registro sea efectivo y tenga la mayor cobertura, los venezolanos deben tener la seguridad de que la información que suministren será de carácter confidencial y, aún más importante, que no podrá ser utilizada por las autoridades colombianas para imponer medidas sancionatorias como multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo. Garantía de la transparencia de este proceso de registro es que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Federación Nacional de Personerías.

También debe quedar claro que el registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regularización. Tampoco reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes.