Sólo con examen estatal se accederá a título de abogado

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate un proyecto de ley que pretende implementar un examen de Estado para quienes aspiren a obtener el título de abogado. Dicho examen estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y sería requisito para la expedición de la tarjeta profesional.

Para el congresista Germán Navas Talero, ponente y uno de los autores de la iniciativa, la práctica de la profesión de abogado entraña un riesgo social teniendo en cuenta la relación existente con la Justicia y su posible afectación a terceros, lo que implica la responsabilidad del Estado para garantizar la idoneidad de quienes ejercen la misma.

Y es que para el representante Navas “uno de los problemas más graves del país es, precisamente, la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando de las Facultades de Derecho del país. No hay que olvidar que jueces y fiscales también son abogados, y las faltas que estas personas cometen, muchas veces, son ocasionadas por vacíos en su formación”.

De convertirse en ley, para poder ejercer la profesión de abogado, el egresado deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen. La prueba solo aplicaría para quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la norma.

El proyecto además cuenta con el beneplácito del Ministerio de Justicia, que encuentra “conveniente las medidas que se intentan adoptar” con la mencionada iniciativa, para que “todos los ciudadanos que precisen el servicio de un abogado, obtengan un servicio calificado, eficiente y con alta calidad ética”, según el propio jefe de la Cartera, Enrique Gil Botero.

Los autores de la iniciativa concluyen que el examen se hace necesario debido a que, con fundamento en estadísticas, existe una gran proliferación de abogados y la tasa apunta al crecimiento; todo ello sin ningún tipo de control académico concreto por parte del Estado para garantizar la idoneidad que requeriría dicha profesión respecto a su responsabilidad social.

 

LA CONCILIACIÓN

El proyecto deberá ser conciliado por las dos cámaras legislativas y posteriormente pasaría a sanción presidencial. Los autores son los congresistas Germán Varón, Angélica Lozano, Germán Navas Talero, Carlos Abraham Jiménez, Jhon Eduardo Molina y Rodrigo Lara Restrepo.

Consagra que si al menos el 33% de los estudiantes de una institución de educación superior que presentan el Examen de Estado no superan la media nacional, el Ministerio de Educación debería imponer las medidas preventivas establecidas en la Ley 1740 de 2014. Si en el siguiente Examen de Estado los estudiantes de la institución de educación superior no superan este porcentaje, se consideraría una afectación grave de las condiciones de la calidad del servicio, y el Ministerio debería imponer las medidas administrativas señaladas en la Ley 1740 de 2014.

En la exposición de motivos se expresa que un abogado suele tener poderes de su defendido o cliente mediante autorización por instrumento público, u otorgado por comparecencia en el juzgado o tribunal, de manera que pueda dirigirlo en juicio, o representarlo en actuaciones legales o administrativas que no requieren, necesariamente, de Procurador de los Tribunales, representando así al justiciable.

Indica también que en el caso de los abogados, el ejercicio de la profesión afecta de manera directa la consecución de los derechos de sus clientes y en esa medida es un deber ineludible del Estado, a través del Consejo Superior de la Judicatura, garantizar al ciudadano que sus apoderados o gestores tengan los conocimientos mínimos para asumir responsable y éticamente la defensa de sus intereses, haciendo de la profesión del derecho, la profesión social que ha estado vinculada a la historia de los pueblos, representando la más alta expresión de la defensa de los derechos individuales del hombre y la garantía de respetar los que establece la Constitución, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica que debe reinar en un Estado de Derecho.

 

LAS ESTADÍSTICAS

Las estadísticas de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre los abogados sancionados por faltas contra la ética profesional, muchas veces ocasionadas por vacíos en su formación, ponen en evidencia la necesidad de que el Estado, antes de habilitar a un graduado con el título de abogado para ejercer la profesión, verifique que tiene los conocimientos y las competencias mínimas para que cuando se dedique al ejercicio no comprometa ni afecte los derechos de terceros, sean estos sus clientes, las contrapartes o los actores del sistema judicial; luego ese mismo Estado tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad.

De igual forma y con fundamento en las estadísticas que tiene la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, tomadas del Ministerio de Educación Nacional y del comportamiento que ha presentado nuestra línea de producción de tarjetas profesionales desde el año 1996 hasta el año 2016, se concluye que existe una gran proliferación de abogados que año a año ingresan y seguirán ingresando, y efectivamente sin ningún tipo de control académico concreto por parte del Estado.